La OEA busca un equilibrio en su actitud ante Noriega
Los ministros de Asuntos Exteriores de los 31 países del continente integrados en la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunieron ayer en Washington para estudiar la crisis panameña y tratar de aprobar una resolución que, sin llegar a condenar abiertamente a Panamá, suponga un claro rechazo de los métodos utilizados por el general Manuel Antonio Noriega.
Momentos antes de comenzar la reunión (cinco de la tarde, hora local, 11 de la noche, hora española) no existía un consenso general en torno a la posible resolución a adoptar por la OEA. El embajador venezolano, Edilberto Moreno, uno de los primeros en llegar a la sede de la OEA, situada en el histórico Palacio de las Américas a pocos metros de la Casa Blanca, manifestó a EL PAÍS que Venezuela desearía que en esta reunión se llegase a un acuerdo similar al obtenido en 1979 con relación a Nicaragua. Entonces, la OEA condenó al régimen del dictador nicaragüense Anastasio Somoza, aunque se negó al envío de una fuerza interamericana de paz como pedía Estados Unidos.Por su parte, en una reunión celebrada por la mañana en la embajada de Colombia los miembros del grupo de los ocho, reducidos a siete por la suspensión de Panamá, habían perjeñado un proyecto de resolución en el que se pedía el envío de una delegación de alto nivel a Panamá compuesta por tres ministros de Asuntos Exteriores para negociar una salida a la crisis, mediante la convocatoria de unos nuevos comicios o la designación de una Asamblea constituyente.
Durante la celebración de la cumbre, unas 200 personas, la mayoría de nacionalidad panameña, se manifestaron frente a la sede de la OEA a favor de la salida de Noriega. Los manifestantes portaban pegatinas en las que se podía observar un piña tropical tachada con una cruz en clara alusión al mote de cara piña con que sus enemigo denominan al general.
Diversos proyectos
En el momento de abrirse la reunión, cinco países -EE UU, México, Costa Rica, Perú y El Salvador- habían presentado proyectos de resolución. El más duro de esos proyectos fue presentado por EE UU, representado en la cumbre por su secretario de Estado, James Baker.
La reunión extraordinaria convocada a petición del presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, es la 21ª que celebra la Comisión de Consulta de la Organización desde que la conferencia interamericana de Bogotá adoptara la Carta de la OEA en 1949. Venezuela pidió la convocatoria al amparo de los artículos 60 y 61 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que prevé estas reuniones cuando un problema grave pueda poner en peligro "la paz y la estabilidad del sistema interamericano".
Fuentes diplomáticas aseguran que lo máximo que se puede esperar de los cancilleres es "una condena de los hechos objetivos" más que una condena específica de Panamá como país. Esa "condena de hechos objetivos" se traduciría en una denuncia de la anulación de las elecciones decretada por Noriega y de la posible violación de los derechos humanos en la república centroamericana.
Las fuentes creen altamente improbable que la resolución vaya más allá en la condena, a pesar de las presiones de EE UU, que piensa utilizar la reunión como una gran caja de resonacia contra Noriega. La explicación es sencilla. El principio de no intervención es el pilar básico sobre el que se basa la OEA, principio al que en los últimos tiempos se ha unido el de la democratización. Además, las relaciones entre Washington y las capitales latinoamericanas en lo que respecta a la política interamericana no son precisamente un modelo de armonía. Incluso Andrés Pérez, que ha denunciado públicamente el fraude electoral panameño se ha apresurado a recordar ese principio de no intervención.
