El fiscal inicia la toma de declaraciones sobre las 47.000 vacunas defectuosas

Fernando Sequeros, fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid, tomó ayer declaración a Pedro Sabando, consejero de Salud de Madrid, y Luis Martín, jefe de programas de salud de esta comunidad, sobre las 47.000 vacunas antipolio defectuosas administradas. Joaquín Bonal, director general de Farmacia, insistió ayer en que el fallo se produjo en la conservación de las vacunas. Bonal mantiene que fue un error humano el causante de su inactivación.

Tanto Sabando como Martín ratificaron ante el fiscal que ellos recibieron ya en mal estado las 12.000 vacunas de Laboratorios Llorente, pero indicaron que ignoraban quién causó el error.El fiscal basó sus preguntas sobre la veracidad de lo publicado por la Prensa en este caso. Sequeros les preguntó quién creían que era el culpable de este fallo que afectó a 47.000 vacunas, a lo que los interrogados adujeron que sólo sabían que no ha sido la administración madrileña.

El fiscal matizó que el hecho de abrir diligencias no presuponía la interposición de una querella por presunto delito contra la salud pública, dado que cabía que fueran archivadas si no se apreciara delito. La fiscalía ha centrado su investigación en el proceso de fabricación, almacenamiento y distribución de las vacunas. Al margen de quién cometió el error, también se investigaran las posibles responsabilidades administrativas por una eventual falta de control.

Hoy prestarán declaración ante el fiscal el subsecretario de Sanidad, José Luis Fernández Noriega, y directivos del Centro de Farmacobiología y de Laboratorios Llorente.

El delito en que encajaría este suceso, según Sequeros, está tipificado en el artículo 344 bis del Código Penal: "Será castigado con las penas de prisión menor, multa de 30.000 a 6.000.000 de pesetas y suspensión de profesión u oficio ( ... ) el que altere la cantidad, la dosis o la composición genuina, según lo autorizado o declarado, de una sustancia medicinal que fabrique o elabore, privándole total o parcialmente de la eficacia terapéutica".

Agravamiento del caso

También incurre en este delito "el que altere, después de fabricadas o elaboradas, la cantidad, la dosis o la composición de las sustancias medicinales legítimas, privándoles en mayor o menor grado de su eficacia curativa"."En caso de suma gravedad, los tribunales, teniendo en cuenta las circunstancias del culpable y del hecho podrán imponer las penas superiores inmediatas a las antes señaladas, en el grado que estimen conveniente, pudiendo, además decretar el cierre temporal, por tiempo de uno a seis años, o el definitivo de las fábricas, laboratorios o establecimientos", señala el Código Penal.

Sequeros, ante la evidencia de que éste artículo afecta sólo al fabricante y no a la Administración, precisó que los eventuales fallos en la actuación administrativa encajarían en otras figuras jurídicas.

Luis Fernández Quero, gerente de Laboratorios Llorente, tras conocer las declaraciones de Bonal, se remitió a sus anteriores manifestaciones: "Creemos que lo hemos hecho bien",.pero sin descartar un "poco probable fallo humano".

Bonal, que compareció ayer ante la comisión de Seguridad Social del Congreso, manifestó que en el expediente abierto a Laboratorios Llorente "hay reseñadas irregularidades técnicas graves". "En la investigación se ha descartado por eliminación que el error se produjera fuera del laboratorio", según Bonal, dado que, entre otras razones, los indicadores de temperatura que llevan las cajas durante la distribución no se habían alterado. El error ha podido ser humano, según Bonal, pero insistió en que en cualquier caso los controles técnicos de los fabricantes también han fallado, según Efe.