La herida en el costado de PujoI

La querella presentada por el fiscal general del Estado en mayo de 1984 contra Jordi Pujol -presidente de la Generalitat- y otros 24 antiguos consejeros y ex directivos de Banca Catalana ha marcado, decisivamente las relaciones institucionales entre la Administración central y la Generalitat. Lo que se ha dado en llamar el síndrome Catalana ha estado permanentemente presente en la vida política y la ha condicionado hasta extremos difícilmente imaginables. El secretario general de la Presidencia de la Generalitat, Lluís Prenafeta, explica gráficamente que el desenlace de la querella ha sido como los puntos de sutura que deja una operación quirúrgica: "Estás curado, pero la herida sigue allí, y a veces, cuando estás en la ducha o hace mal tiempo, los puntos te tiran en el costado y entonces te das cuenta de que siempre estará allí".

20 de enero de 1984. Jordi Pujol abandona el despacho de Felipe González. Casi en las escaleras que dan a los jardines del palacio de la Moncloa, donde les esperan decenas de periodistas, el presidente del Gobierno coge del brazo al de la Generalitat y le comenta: "Por cierto, acabo de recibir el informe del Banco de España sobre Catalana y me ha dejado muy tranquilizado porque no veo ningún tipo de responsabilidad tuya", y le anuncia que le enviará una copia para que esté bien informado.26 de abril de 1984. El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, afirma en un acto electoral en Tarragona que "la derecha quiere poner en la presidencia de la Generalitat a un señor [Jordi Pujol] que ha hecho un agujero de 250.000 millones de pesetas en un banco [Banca Catalana]".

29 de abril de 1984. La coalición Convergència i Unió (CiU) logra la mayoría absoluta en las elecciones catalanas y Jordi Pujol, en plena euforia nacionalista, hace una oferta de diálogo al resto de fuerzas políticas para consensuar las leyes institucionales de desarrollo del Estatut.

Presentación de la querella

23 de mayo de 1984. El fiscal general del Estado, Luis Burán Barba, ordena presentar ante la Audiencia Territorial de Barcelona una querella contra Pujol y otros 24 antiguos directivos de Banca Catalana por los presuntos delitos de falsedad documental y apropiación indebida por un importe mínimo de 20.000 millones de pesetas.30 de mayo de 1984. Dirigentes de Convergència promueven una manifestación de apoyo a su líder coincidiendo con su elección como presidente por el Parlamento catalán. Miles de personas aclaman a Pujol y gritan contra los socialistas, a quienes insultan cuando abandonan la Cámara. Al llegar al Palau de la Generalitat, Pujol exclama desde el balcón una frase que sería recibida en la Moncloa con estupor e indignación: "El Gobierno central ha hecho una jugada indigna".

26 de noviembre de 1986. El Pleno de la Audiencia Territorial, tras el estudio de la querella y las alegaciones de la defensa, acuerda por mayoría no procesar a Pujol y, consiguientemente, es exculpado.

Los dirigentes de CiU aseguran que estas secuencias son suficientes para explicar el vuelco que han dado en Cataluña las relaciones políticas y personales entre nacionalistas y socialistas. Amistades de muchos años quedaron rotas en mayo de 1984 y no se han vuelto a reanudar. Probablemente no se reanudarán nunca. También son el reflejo de tres estados de ánimo diferentes en Pujol en cuatro años. Pasó de la serenidad a la euforia. De la euforia a la depresión. Y de la depresión a la regeneración.

De lo que sucedió tras su conversación con Felipe González, en enero de 1984, Pujol ha extraído varias conclusiones que él mismo resume en una sola. "No me puedo volver a fiar de los socialistas", ha confesado en alguna ocasión. Y, además, ha afirmado públicamente varias veces: "A partir de ahora, de ética hablaremos nosotros". Por su parte, medios del Gobierno indican que si bien el informe del Banco de España no apuntaba contra Jordi Pujol, ante la calificación del asunto que realizó el ministerio fiscal la obligación del Ejecutivo consistía en no inmiscuirse en el funcionamiento de los mecanismos judiciales, falta de interferencia que algunos socialistas han lamentado en privado.

Gobierno y oposición coinciden en que la querella ha condicionado decisivamente la vida política en Cataluña durante los últimos años y que el clima de desconfíanza personal entre Felipe González y Jordi Pujol se ha trasladado a las relaciones institucionales entre la Administración central y la Generalitat. Este clima constituye una de las claves, por ejemplo, de que Pujol no invitara recientemente al presidente del Gobierno al acto de apertura del Milenario de Cataluña. O de que en los seis años que Felipe González lleva en la Moncloa no haya visitado oficialmente Cataluña.

Las cinco entrevistas que han sostenido González y Pujol durante la legislatura, la última hace ya 13 meses, no han servido apenas de nada. Como tampoco ha servido la Comisión de Cooperación, que no ha conseguido desbloquear ninguno de los contenciosos pendientes y ha sido utilizada como un elemento más de confrontación.

"La querella ha pesado y mucho, ya que Pujol está muy preocupado sobre lo que pueda decir la historia de él", manifiesta un dirigente nacionalista, que está convencido de que todo el proceso judicial le ha hecho más autoritario a la hora de imponer sus planteamientos.

"Convierte asuntos menores en cuestiones de Estado, como se ha visto en el asunto de la mascota olímpica de Javier Mariscal", expone un dirigente socialista, quien sostiene que, a raíz de la presentación de la querella, el actual presidente de la Generalitat presenta todas las críticas políticas que se le formulan como ataques personales. "Del conflicto con la Administración central sobre las competencias de los mossos para salir armados al extranjero lo que más le ha preocupado no ha sido si Cataluña tenía o no competencias, sino cómo quedaba la dignidad presidencial", asegura una fuente de la Administración central.

Los socialistas catalanes, que han sido insultados, perseguidos y agredidos por fanáticos radicales que les han responsabilizado de la actuación de la fiscalía, están convencidos de que el asunto de la querella sólo ha sido utilizado como una excusa para llevar a cabo una determinada acción política. "La presentación de la querella se convirtió en una caja de resonancia afectiva en la que participaron sectores ajenos al nacionalismo, algunos de los cuales, procedentes preferentemente de la derecha financiera, vieron una ocasión única para subirse al tren de CiU, al de la mayoría", opina un colaborador de Raimon Obiols.

El paso del tiempo, en vez de ayudar a cicatrizar las heridas, ha reafirmado a Pujol en sus convicciones. No ha modificado ninguna de sus interpretaciones de los hechos y los que le conocen aseguran que volvería a subir al balcón de la Generalitat y con una actitud desafiante volvería a responsabilizar al Gobierno y a Felipe González. "Hemos hecho durante estos meses exactamente lo que teníamos que hacer", ha manifestado Pujol en varias ocasiones.

Sigue asegurando que hubo injerencia del Gobierno. "El fiscal general del Estado no actúa sin permiso del Gobierno", comentó a este diario en un viaje a Francia hace más de dos años. Esta misma frase fue utilizada a principios de mayo refiriéndose a la sentencia que ordena que los informativos del circuito catalán de TVE se emitan en castellano, además de en catalán, y al papel del fiscal Javier Moscoso, que la ha recurrido. Pero el caso es que la cicatriz sigue tirando.