Polémica en Italia por la posibilidad de abortar sin consentimiento del marido

Una sentencia de la Corte Constitucional italiana, según la cual la mujer puede abortar sin el consentimiento de su marido, está creando una dura polémica en el país entre católicos y derecha política en general, contrarios a la interrupción voluntaria del embarazo, y la izquierda socialista y radical, partidarios de la libertad de la mujer.

La historia nace en 1984, cuando Giampiero B. presentó ante el juez de primera instancia de San Doná del Piave, en el norte del país, una denuncia contra su esposa por "delito contra el derecho de paternidad", ya que la mujer había abortado sin haberle avisado antes. El juez aceptó la denuncia, afirmando que la libertad de abortar de una mujer sin el consentimiento del padre podría darse en el caso de una prostituta" o de una concepción extraconyugal, pero no en el caso de que la mujer quedase embarazada "dentro del matrimonio legítimo".Pero al cabo de cuatro años la Corte Constitucional ha decidido que, "según la filosofía" que inspiró al Parlamento cuando aprobó la actual ley que permite la interrupción libre y gratuita de la maternidad, la mujer puede en plena libertad, cada vez, interrumpir el embarazo sin necesidad de recibir antes el consentimiento de su esposo.

Las reacciones a tal sentencia han sido muy duras. Los neofascistas del Movimiento Social Italiano han criticado durísimamente la decisión, afirmando que eso significa quitar al padre: toda responsabilidad en la paternidad, ya que "la mujer no concibe un hijo", ha dicho, "por partenogénesis".

También Sandra Codazzi, vicedelegada del movimiento femenino democristiano, ha afirmado que tal decisión contradice toda la tendencia moderna de dar mayor espacio y responsabilidad al padre en la vida de los hijos.

Al revés, los socialistas han aplaudido a la Corte Constitucional por boca de Alma Cappiello responsable del problema femenino dentro del partido, quien ha subrayado que la sentencia está de acuerdo con el principio del legislador que, con la ley favorable al aborto, había introducido

el principio de la sexualidad libre y consciente como un derecho primario". También la senadora socialista Elena Marinucci, que había sido la presidenta de la comisión del Parlamento que estudió la igualdad entre hombre y mujer, se ha manifestado de acuerdo, afirmando que la Corte Constitucional se reafirma como la intérprete segura y fiel de los principios constitucionales.