Mañana entra en vigor el convenio de las Naciones Unidas contra la tortura
El Convenio Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado por las Naciones Unidas y firmado por 50 países, entrará mañana en vigor. El convenio, cuya principal novedad es la creación de un comité de 10 miembros que podrá investigar las denuncias de torturas que reciba, entra mañana en vigor para los 20 países que lo han ratificado, el último de los cuales fue Dinamarca hace un mes. España, que firmó el convenio, no ha formalizado todavía su ratificación.Los restantes Estados que han ratificado ya el convenio son Afganistán, Argentina, Bélice, Bielorrusia, Bulgaria, Camerún, Egipto, Filipinas, Francia, Hungría, México, Noruega, Senegal, Suecia, Suiza, Ucrania, Uganda, URSS y Uruguay. Según fuentes oficiales, el Estado español, que firmó el convenio el 4 de febrero de 1985, no lo ha ratificado todavía, si bien el Gobierno lo envió al Parlamento, a estos efectos, el 21 de abril último.
Entre otras novedades, el convenio establece la jurisdicción obligatoria y universal sobre los presuntos torturadores, lo que significa que podrán ser procesados en cualquiera de los Estados parte, independientemente de su nacionalidad y del lugar donde se cometieron las torturas. Los Estados podrán aceptar expresamente que el Comité contra la Tortura -integrado por 10 expertos "de gran integridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos"- reciba denuncias de ciudadanos de su soberanía.
Con motivo de la entrada en vigor del convenio, Amnistía Internacional (Al) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) han pedido al Gobierno español su urgente ratificación. En un comunicado que hará público mañana, Al recuerda que el que España ratificara ahora el convenio "sería una señal importante de su compromiso por erradicar totalmente la tortura" y solicita que se acepte también la jurisdicción del comité creado.
Por su parte, Francisca Cobos, vocal de la APDH, manifestó, entre otras cosas, que "la posibilidad de investigación por parte de autoridades internacionales de las torturas que siguen denunciándose en nuestro país, facilitará la transparencia en la información y en las medidas a adoptar por parte de los responsables gubernativos, cuya predisposición para frontar la depuración de este tipo de conductas entendemos que no es suficiente ni contundente".
