Descubren una fosa con restos de 26 personas en un desierto del norte de Chile

ENVIADO ESPECIALUna fosa con osamentas, sobre las que existen "sospechas" de que podría tratarse de parte de los restos de 26 personas fusiladas en 1973, después del golpe militar, fue localizada ayer por abogados y familiares de las víctimas en el desierto del norte chileno, a 10 kilómetros de Calama, a 1.600 kilómetros de Santiago. La fosa, de dos metros de profundidad y cuatro de ancho, contiene 14 caderas, costillas y otros huesos.

Los restos, diseminados y con señas de haber sido removidos, están junto a dos cajas en las que -probablemente- fueron trasladados hasta el lugar. La basura tiene indicios de ser reciente, según pudo apreciar EL PAÍS durante el hallazgo, en medio de un sepulcral silencio sólo batido por el ruido del polvo que arrastra el viento. Un recorte de periódico amarillento muestra una foto del general Pinochet saludando a autoridades locales; una lista de nombres tiene fecha de 1978, y un zapato desvencijado es de modelo moderno, tal como las cajetillas de cigarrillos que allí se encuentran. En el montículo que rodea la fosa, hay restos que aparentemente son de explosivos, y cables.Después de examinar el lugar, el abogado Héctor Contreras, de la Vicaría de la Solidaridad, se dirigió al juzgado de Calama para pedir "una investigación científica y minuciosa", la concurrencia de expertos y protección policial para evitar que las osamentas sean removidas. Según Contreras, este hallazgo "obliga a los familiares de las víctimas a tomar todos las garantías judiciales, ante la posibilidad de que los restos allí depositados pudieran corresponder con los de algunos de los fusilados", aun cuando señala que los antecedentes recogidos no vinculan directamente los restos con los fusilamientos.

Junto a la fosa, la abogada Carmen Hertz, viuda del abogado y periodista Carlos Berger, fusilado en Calama, musitó: "No puedo aceptar que Carlos esté aquí en medio de la basura. Ésto tiene que investigarse. Los asesinos deben decir dónde dejaron los cuerpos". El abogado Contreras denunció, "la crueldad de un crimen cometido hace 14 años, que llegó hasta el extremo de ocultar los cuerpos".

La pesadilla no ha terminado para los familiares de los 26 ejecutados. Algunos, incluso, no creen que están muertos. Violeta Berrios, que fuera compañera del fusilado militante socialista Mario Argüelles, declara que no cree en su muerte, a pesar de que tiene en sus manos el certificado de defunción, "mientras no vea el cuerpo". La infatigable búsqueda, dice Victoria, hermana del fusilado José Savedra, comenzó cuando se enteraron de la ejecución, por boca de un capellán militar.

Pero los cuerpos les fueron negados por el comandante de la zona, quien dijo a los familiares que debían esperar un año por disposiciones sanitarias y para evitar que fueran convertidos en "héroes" por la población. La versión oficial indicó que los 26 prisioneros fueron muertos cuando eran trasladados de Calama a Antofagasta e intentaron, supuestamente, fugarse.

Los detalles fueron revelados años más tarde, cuando las autoridades de la región culparon a una misión militar que vino en helicóptero desde Santiago, al mando del general de Ejército Sergio Arellano, actualmente en retiro. De los ocho integrantes de esa comitiva, tres estuvieron vinculados después con casos de violaciones a los derechos humanos: los oficiales Pedro Espinosa y Armando Fernández Larios, en el asesinato en Washington del ex ministro de Asuntos Exteriores socialista, Orlando Letelier; y el teniente Marcelo Moren Brito dirigió el campo de torturas de Villa Grimaldi.

La comitiva, que fue llamada la caravana de la muerte, pasó en octubre de 1973 por las ciudades de La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama, donde en total fueron fusilados 72 militantes izquierdistas que permanecían prisioneros, algunos de ellos con penas de cárcel dictadas por consejos de guerra. En una declaración judicial el general de Ejército Joaquín Lagos, la máxima autoridad del norte durante el golpe militar (actualmente en retiro), relató que en Antofagasta la comitiva de Arellano sacó a 14 detenidos y los mató con ráfagas de metralleta y fusiles de repetición.

Según el general Lagos, Arellano deslindó su responsabilidad y culpó al segundo oficial al mando de la comitiva, el comandante Sergio Arredondo. Pero Lagos reprochó a Arellanos "un crimen tan monstruoso como cobarde, pues se había dado brutal muerte a gente indefensa, sin que mediara sentencia alguna".

Pocas horas después del asesinato, Lagos pidió a Pinochet que le pasara a la situación de retiro, y volvió a criticar la actitud de Arellano. Pinochet ordenó a Arellano por teléfono que regresara a Santiago.