Felipe González y Alfonso Guerra deberán declarar en el 'proceso de la colza'
El presidente y el vicepresidente del Gobierno, Felipe González y Alfonso Guerra, deberán declarar como testigos en el proceso de la colza. Así lo ha dispuesto la Audiencia Nacional en una providencia donde acepta la propuesta de Antonio García Pablos, que actúa como acusación particular en representación de unos 5.000 afectados por el síndrome tóxico. Este abogado pretende que González y Guerra repitan los argumentos que emplearon, cuando estaban en la oposición, sobre los fallos de la Administración de UCD en el envenenamiento, para establecer una responsabilidad del Estado en cuanto a las indemnizaciones.
García Pablos incluyó a los dos más altos cargos del Gobierno en su lista de testigos, y el tribunal le pidió que aclarase si deseaba preguntarles sobre cuestiones de las que hubiesen tenido conocimiento en el Consejo de Ministros. Ello se debe a que, en tal caso, las preguntas habrían de ser respondidas por escrito.El abogado precisó posteriormente que no deseaba preguntar sobre esas cuestiones, y por ello la Audiencia dispuso textualmente: "Requiérase al procurador para que presente interrogatorio de preguntas que permita al tribunal recibir declaración a esos testigos [Felipe González y Alfonso Guerra] con sujeción a los artículos 412.2 y 413 de la ley de Enjuiciamiento Criminal".
Estos artículos expresan las personas que por su cargo están exentas de acudir ante un tribunal cuando sean llamados. Por tratarse del presidente y el vicepresidente del Gobierno, es el tribunal el que debe acudir a su domicilio oficial o particular para tomarles declaración.
García Pablos no ha presentado aún ese cuestionario, para lo que no tiene plazo establecido. Una vez que lo haga, los magistrados remitirán las preguntas al resto de las partes por si desean añadir alguna. El tribunal declarará cuáles son pertinentes, y se trasladará al palacio de la Moncloa, previsiblemente, para interrogar a los dos más altos cargos de la Administración española. El letrado, en su propuesta de testigos -en la que debe figurar el domicilio de cada persona citada-, señala que González y Guerra pueden ser localizados en la sede central del PSOE, sita en la calle de Ferraz, de Madrid.
Esto se debe a que son llamados en su calidad de secretario y vicesecretario generales del PSOE en el momento de producirse el envenenamiento masivo y en su condición de parlamentarios que dirigían el Grupo Socialista en el debate sobre el síndrome tóxico, celebrado en el Congreso en septiembre de 1981. La citación se extiende a Ciriaco de Vicente, que intervino como portavoz del PSOE en aquel debate, en el que su grupo propuso sin éxito la reprobación de cinco ministros. La postura de los socialistas se centró en señalar como causas de la intoxicación masiva la actuación fraudulenta de unas personas y la conducta descoordinada de la Administración.
La intención de García Pablos con este interrogatorio es plantear los fallos que, a su juicio, se produjeron en los distintos organismos del Estado. Y desea que los actuales máximos cargos del Gobierno repitan qué defectos de la Administración permitieron el envenenamiento masivo.
Detrás de esta actitud se adivina la esperanza de que la Administración quede al descubierto para que el Estado aparezca como responsable civil subsidiario a la horade pagar las indemnizaciones, que difícilmente podrían satisfacer los encausados.
Sin embargo, la Administración no podrá ser condenada en este proceso como responsable civil subsidiario, porque no fue declarada como tal en la instrucción del sumario y ninguno de sus representantes resultó procesado. Por tanto, no ha tenido la oportunidad de defenderse.
Esta posibilidad de que el Estado responda de las indemnizaciones tiene su vía jurídica en un sumario aparte, dedicado a las responsabilidades de altos cargos de la Administración de UCD. En este sumario no se ha producido aún ningún procesa miento. No obstante, parte de los acusadores opina que llegar en este juicio a conclusiones positivas sobre la responsabilidad del Estado les allanaría el camino en el otro proceso.
