Cerco en Riaño

DOS COMPAÑIAS de la reserva de la Guardia Civil cercaron ayer Riaño para proteger la operación de desalojo y derribo de las viviendas que permitirá la culminación de las obras del embalse que ha de anegar esta zona leonesa. Cinco personas fueron detenidas, seis jóvenes encaramados en los tejados fueron desalojados a golpes de bote de humo; los comercios, bancos y bares de la localidad cerraron en señal de protesta, y un helicóptero supervisó la operación controlando desde el aire los movimientos de los vecinos y de los informadores presentes.Una estampa como ésta podría parecer extraña en un medio tan bucólico como el valle de Riaño. Pero escenas como la de ayer, con enfrentamientos y cargas policiales, vienen siendo desde hace tiempo algo habitual en sus calles. La hora de la verdad se acerca inexorablemente para sus habitantes, tras los 20 años en que se ha prolongado la obra principal del embalse. El proyecto inicial fue aprobado en 1965, y las obras se iniciaron en 1966, se detuvieron en 1970, se reanudaron de nuevo en 1971 y finalizaron en 1975. Entre tanto, los vecinos fueron indemnizados por la expropiación forzosa de sus viviendas. En 1983, la Junta de Castilla y León decidió impulsar las obras complementarias del embalse hasta la total culminación del proyecto. Es en este momento cuando se inician las acciones de protesta de los habitantes de Riaño y el confuso debate sobre las razones a favor y en contra del proyecto.

Los que están a favor hablan de los beneficios inmediatos que reportará la explotación de los recursos naturales de las 83.000 hectáreas de terreno que podrán ser regadas con las aguas del embalse, amén de la eliminación de los daños catastróficos con que todo río peninsular no regulado amenaza cada año. Añaden que el embalse es una pieza imprescindible para luchar contra los tres males que asfixian la agricultura española: su geografia atormentada, su bajo desarrollo tecnológico y el clima seco donde se desarrolla.

Quienes están en contra, aparte de las proclamas llenas de buena intención, pero excesivamente retóricas, afirman que el embalse es un salto en el vacío sin garantías reales de viabilidad económica, que ha sido reanudado sin efectuar ningún estudio actualizado sobre su oportunidad. Se trata, según esta opinión, de un proyecto antiguo, iniciado hace ya más de 20 años, que responde a planteamientos de épocas pasadas, con una situación política y con necesidades económicas diferentes a las actuales.

Los vecinos, cuya voz apenas se ha escuchado, con independencia de la razón que les ampare, se refieren a planes alternativos al embalse, como la construcción de pequeñas presas y el aprovechamiento de las aguas subterráneas. El Gobierno, responsable político último de la operación, ha permanecido hasta ahora prácticamente mudo, cuando sería obligado conocer cuáles son las razones poderosas que existen para sacrificar a un pueblo, obligándole a cambiar de hábitat, además de trastocar el entorno natural que le ha configurado generación tras generación.

Lo que ha esperado lustros, puede esperar un par de semanas más. El desalojo de Riaño se ha convertido en un problema de orden público, y eso sería razón suficiente para que el Gobierno adopte una tregua en la acción y abra un debate con perjudicados y técnicos, buscando una salida final razonable al asunto. No basta que el Gobierno esté plenamente convencido de la bondad del proyecto, sino que tiene el deber de explicar los fundamentos de su decisión, aunque ésta esté amparada por la ley. El recurso a las fuerzas antidisturbios de la Guardia Civil para imponer las decisiones en la política de obras públicas y medio ambiente no constituye, a primera vista, el mejor método. Un Gabinete que se autocomplace en el amplio apoyo popular que le dieron las urnas y que se dice representativo de los sectores menos protegidos de la sociedad no puede echar a beneficio de inventario las protestas y las reivindicaciones de los ciudadanos. Con independencia de la viabilidad de sus pretensiones.