Los abogados laboralistas de Guipúzcoa inician su huelga
Un centenar de juicios previstos para esta semana ante los cuatro juzgados de la Magistratura de Trabajo de San Sebastián han sido suspendidos, por decisión de los titulares de los mismos, ante la huelga de los abogados laboralistas de Guipúzcoa iniciada ayer y que se prolongará hasta el próximo día 3 de marzo.Los letrados han recurrido a esa medida -con lo que se adelantan a decisiones en estudio de los colegios de abogados de las otras dos provincias de la comunidad autónoma-, en protesta por el retraso en la tramitación y resolución de asuntos. Concretamente, existen en la actualidad 6.200 demandas pendientes de juicio y otras 1.600 pendientes de ejecución.
Algunos de los que acudieron ayer a Magistratura para resolver asuntos de su interés y se encontraron con las salas cerradas -26 juicios estaban previstos para el lunes- expresaron su protesta por considerar que el recurso a la huelga no hará sino agravar el problema del retraso acumulado.
El pasado sábado, con ocasión de la toma de posesión de Joaquín Jiménez como presidente de la Audiencia de Guipúzcoa, el fiscal jefe de la misma, Javier Zaragoza, planteó el problema a los miembros del Consejo General del Poder Judicial desplazados a San Sebastián por dicho motivo. El nombramiento de magistrados en comisión de servicios, posibilidad prevista en la ley orgánica del Poder Judicial, fue sugerido por los miembros del consejo como posible solución.
Por otra parte, el consejero vasco de Presidencia y Justicia, Juan Ramón Guevara, precisó ayer, en respuesta al escrito difundido la víspera por la sala de gobierno de la Audiencia Territorial de Bilbao (véase EL PAÍS de ayer) que el Gobierno vasco no ha pretendido nunca crear una Administración de Justicia propia ni, por tanto, atribuirse competencias en el nombramiento de jueces, magistrados y secretarios de juzgado.
"Lo que sí pretendemos", declaró Guevara, "es que la atribución de las competencias sobre dotación de medios personales y materiales nos permita establecer una política de prioridades presupuestarias que al menos impida el agravamiento del problema".
