Supremo admite parcialmente un recurso de 43 maestros contra la regulación del catalán en la enseñanza

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha admitido parcialmente el recurso presentado por 43 maestros castellanohablantes contra una orden del Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña que regulaba el concurso de traslados del profesorado de EGB para optar a plaza definitiva en Cataluña. El artículo anulado establece que los maestros que ejercen en Cataluña deben superar una prueba de Lengua y Cultura Catalana. Sin embargo, el mismo tribunal ha declarado constitucional otro artículo de la misma orden, que hace referencia al compromiso de que los maestros que lleguen a Cataluña procedentes del resto de España aprendan el catalán en el plazo de cuatro cursos.

La Sala Tercera del Supremo se pronunció ayer sobre el recurso interpuesto por 43 maestros castellanohablantes contra una sentencia dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia de Barcelona en la que se estimaba correcta la normativa del concurso de traslados de fecha 18 de diciembre de 1984. El artículo 4 de esta orden, que -establece unas normas sobre el conocimiento del idioma catalán, señala que "los profesores procedentes de otras provincias que soliciten y obtengan una plaza de EGB y preescolar en Cataluña quedan comprometidos a obtener en un plazo máximo de. cuatro cursos la capacitación para la enseñanza del catalán en educación preescolar y primera etapa de EGB".José Garralda, ponente de la sala del Supremo en este caso, expficó a EL PAÍS que los magistrados estimaron que este artículo es correcto y por este motivo no se ha admitido esta parte del recurso interpuesto por los maestros litigantes, representados por el letrado Esteban Gómez Rovira.

Sin embargo, el artículo número 30 de la misma orden ha sido interpretado como inconstitucional por vulnerar el derecho a la igualdad amparado en el artículo 14 de la Constitución. La sentencia de la sala del Tribunal Supremo anula la validez de este artículo de la orden de concurso, según declaró el magistrado José Garralda. No obstante, la Generalitat está capacitada para recurrir este punto concreto mediante un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

La disposición en litigio afecta a los maestros que se encuentran cubriendo una plaza de EGB en Cataluña y que fa desean tener de forma definitiva. Para ello, la Generalitat requería el conocimiento de la lengua y la cultura catalana. El artículo 30 señala que "los profesores propietarios provisionales con destino en Cataluña que no tengan la propiedad definitiva estarán obligados a participar en el concurso general". El mismo artículo añade que "los profesores que no hayan superado la prueba específica de Lengua y Cultura Catalana, obligatoria para tener el destino definitivo en Cataluña, no pueden participar en la presente convocatoria de concurso de traslados (18 de diciembre de 1984), pudiendo, en cambio, participar en la convocatoria del Ministerio de Educación y Ciencia y restantes comunidades autónomas".

La sentencia del Supremo consta de cuatro partes en su fallo. En la primera de ellas, los magistrados admiten en parte el recurso interpuesto por los maestros. En la segunda, estiman inconstitucional el apartado 30 de la misma normativa y correcto el 4. Otra de las partes del fallo no aprecia uno de los argumentos esgrimidos por los maestros recurrentes referentes a una violación de los artículos 19, 20 y 27 de la Constitución. En el último punto, los magistrados no se pronuncian sobre las costas, que en la sentencia dictada por la Audiencia -de Barcelona se impusieron a cargo de los maestros. El pasado,23 de julio, la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia de Barcelona, en la sentencia sobre el mismo asunto estimaba que la Generalitat estaba facultada para establecer normas sobre el conocimiento del catalán en los maestros de EGB puesto que "los niños catalanes tienen derecho a conocer los dos idiomas oficiales" en Cataluña.

Sara Blasi, directora general de Enseñanza Primaria de la Generalitat, manifestó ayer a este diario que no conocía todavía el contenido de. la sentencia del Supremo. Medios políticos tanto de la Generalitat como de los socialistas catalanes se mostraron cautos hasta conocer el contenido de la sentencia, pero expresaron su desaliento por los problemas que el fallo puede comportar para la normalización lingüística en Cataluña.