La ultraderecha francesa explota la polémica sobre la inmigración con vistas a las elecciones
La población inmigrante en Francia era en 1984 de casi 4,5 millones de personas, según los datos hechos públicos conjuntamente por los Ministerios de Trabajo e Interior. Estas cifras, que teóricamente su ponen sólo un aumento del 0,38% respecto al año anterior, no han servido, sin embargo, para calmar la polémica sobre la inmigración que agita la vida política francesa desde hace unos meses y que se ha convertido en el caballo de batalla -y el principal as- del partido de extrema derecha Frente Nacional.
El problema de la inmigración -cuidadosamente esquivado hasta ahora en los debates públicos, tanto por la derecha, que temía que se la calificara de racista, como por la izquierda, que no quería fomentar los fantasmas xenófobos de una parte de la población francesa- estalló como una bomba a raíz de las elecciones para el Parlamento Europeo, en las que el partido de Jean-Marie le Pen logró más de un 10% de los votos con un discurso esencialmente racista.La proximidad de las elecciones legislativas, previstas para el mes de marzo, en las que el Frente Nacional logrará, gracias al sistema proporcional, un cierto número de escaños, ha vuelto a colocar la cuestión en candelero. La oposición clásica, que teme ser desbordada por la ultraderecha, ha retomado la polémica, al exigir el cierre de las fronteras y la expulsión, negociada, de extranjeros sin trabajo.
El Gobierno socialista -que al llegar al poder en 1981 legalizó prácticamente a todos los clandestinos- se ha visto obligado también a tomar medidas: las fronteras están más vigiladas que nunca y se han firmado acuerdos para promover el regreso a los países de origen de un cierto número de trabajadores inmigrantes, mediante el pago de una indemnización.
Aun así, la polémica sobre la inmigración adquiere cada día tintes más oscuros. La crisis económica y el alto porcentaje de paro, junto con la libre difusión de la propaganda racista de Le Pen, han ayudado a aumentar el los ataques contra los inmigrantes.
Estadísticas poco fiables
La Prensa de oposición, y muy especialmente el diario Le Figaro, propiedad de Robert Hersant, un magnate que será candidato a diputado en las próximas elecciones, viene desarrollando desde una intensa campaña antiinmigración.La ausencia de estadísticas fidedignas es uno de los principales argumentos de la derecha. Por este motivo, el Gobierno ha querido publicar cifras oficiales que detengan la polémica. Pero la derecha las ha acogido con gran desconfianza. Según los últimos datos, hay en Francia actualmente 4.485.715 extranjeros, de los que 860.000 son portugueses; 780.000, argelinos; 520.000, marroquíes; 425.000, italianos, y 380.000, españoles; un grupo de 135.000 personas procede de las antiguas colonias francesas en África negra, y 630.000, de países miembros de la CEE. El Ministerio del Interior asegura que El número de inmigrantes clandestinos ronda los 300.000.
El control de las fronteras, para evitar la entrada de nuevos clandestinos, es una de las principales preocupaciones del Gobierno socialista de París. Según fuentes próximas al Ministerio del Interior, la cuestión ha sido discutido en numerosas ocasiones con las autoridades españolas, porque se estima que la frontera franco-española, junto con los puertos, supone el agujero más importante.
Dichos medios señalaron que existe cada vez una colaboración mayor por parte de la policía española. "Una cosa es evitar la inmigración clandestina y promover el retorno indemnizado de aquellos inmigrantes que hayan perdido el empleo en Francia y otra muy distinta expulsarles lisa y llanamente, como pretende Le Pen", explican fuentes gubernamentales.
El líder de la extrema derecha propone en su programa que se supriman las prestaciones sociales a los extranjeros no nacionales de países de la CEE (es decir, argelinos y marroquíes, esencialmente); que se expulse directamente a quienes no tengan trabajo estable; que se les impida desarrollar actividades sindicales y que sus hijos no obtengan plaza gratuita en las escuelas. La derecha clásica -RPR y UDF- mantiene una postura más moderada, pero propone la vuelta de los controles de identidad callejeros (popularmente denominados de sale geule", mala pinta), suprimidos por los socialistas, y el retorno forzado (pero negociado económicamente) de los inmigrantes que ya no posean contrato de trabajo.
