Roberto Martínez Rosales,

policía nacional destinado en Santander, ha sido sancionado con dos meses de arresto y traslado a otra guarnición, como resultado de un expediente disciplinario que le fue abierto cuando se negó a prestar un servicio que se le había ordenado. Por ese hecho se le impuso en agosto de 1984 un arresto de un mes, que recientemente fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, ante el que había recurrido.