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Editorial:

El Gobierno, cómplice

LOS ACTOS vandálicos protagonizados por miembros de la Policía Nacional en su desalojo de los astilleros de Euskalduna merecen algo más que una protesta. Dedicarse a destrozar las sedes de los sindicatos legales, arrancar retretes y protagonizar escenas que recuerdan el pillaje mercenario dice muy poco en favor de esos guardianes del orden público que se dedican a perturbarlo. La utilización de armas de fuego con serio peligro para la vida y la integridad física de las personas no tiene justificación alguna. El argumento de que algunos huelguistas del astillero venían ellos mismos protagonizando protestas de inusual dureza y agresiones a la fuerza pública no exonera a ésta de la culpabilidad de su abuso. Esperamos que el fiscal tome cartas en el asunto y que el Ministerio del Interior no cierre una vez más los ojos ante hechos como éste e informe sobre quién dio la orden de disparar y por qué, y si el vandalismo de los guardias fue sugerido o tolerado por sus oficiales. Las circunstancias añadidas de que la sede sindical de UGT fuera respetada por estos piquetes uniformados infunde la tenebrosa sospecha de que la Policía Nacional discriminó por su cuenta y riesgo quiénes debían ser castigados con su azote y quiénes no.La muerte de un trabajador por infarto de miocardio no es sólo un hecho casual y lamentable. La presunción de que la brutalidad policial haya podido acelerar o motivar el infarto no es gratuita y merece una investigación seria por parte del ministerio público. No se puede descartar a priori la responsabilidad de la policía en este fallecimiento, y mucho menos en las heridas recibidas por otros huelguistas. Es lógico que la fuerza pública se proteja de las agresiones de los piquetes y hasta se defienda de ellas con métodos adecuados y para nada blandos, como son la utilización de mangueras, botes de humo y balas de goma de que había venido haciendo uso hasta ahora. Pero ha habido un salto cualitativo y enormemente peligroso en la represión de los disturbios.

Que se haya dado paso al empleo de las armas de fuego y se hayan cometido los actos de barbarie policial que comentamos en medio de la escalada de tensión que registra el País Vasco puede no ser casual. El Gobierno debería ser el primer interesado en despejar esta incógnita, porque avivar la hoguera de la violencia dos días después del asesinato de Brouard es hacer el juego objetivamente a los intereses de los terroristas. ¿Por qué la policía, que había demostrado una cierta profesionalidad durante días anteriores en los enfrentamientos con los huelguistas, la va a perder en el momento en que su nerviosismo más daño puede hacer a la situación en Euskadi?

Esperemos que el Gobierno civil de Vizcaya, el delegado del Gobierno en Euskadi, el director general de la Policía y el Ministro del Interior expliquen cuanto antes si aprueban los actos protagonizados por sus subordinados, y los disculpan. Porque si no los investigan, no depuran responsabilidades y no castigan a los eventuales culpables, ellos mismos serán cómplices de los abusos. El Partido Socialista Obrero Español protestó justamente cuando estaba en la oposición y Rentería fue literalmente planchada por guardias borrachos y encolerizados. En el caso de ahora, la reacción del Gobierno ha sido más pobre, mucho más indigna y peor que la que tuvieran los ministros de Unión de Centro Democrático en su día.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 25 de noviembre de 1984