Los partidos tradicionales de Chile no aceptan la Constitución de Pinochet

Dentro del atomizado panorama político chileno actual, fruto de una década de severa proscripción de todos los partidos políticos, el régimen militar chileno apenas cuenta con apoyos organizados e incluso tiene dificultades para estructurar una oposición que acepte participar en la política dentro de los estrechos límites establecidos por la jerarquía castrense. Sólo cinco pequeños grupos políticos han aceptado la propuesta del régimen y se han constituido en la única alianza que acata la Constitución plebiscitada en 1980.Sólo uno de estos grupos existía antes del golpe militar de 1973, por lo que nunca han participado en alguna elección nacional. En los escasos comicios realizadas durante la última década en colegios profesionales, universidades y sindicatos, ninguno de ellos ha presentado siquiera candidatos.

La alianza la componen el Movimiento de Acción Nacional (MAN), grupos de extrema derecha encabezados por el dirigente fascista Paulo Rodríguez (ahora uno de los principales consejeros políticos de Pinochet); el Movimiento de Unión Nacional (MUN), patrocinado por el ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, de quien se dice que lo utilizará como eventual plataforma política para dirigir a la derecha chilena en el futuro; la Democracia Radical, un pequeño grupo escindido del antiguo Partido Radical (de centro izquierda), que luego se ha dividido en varios grupúsculos; el Movimiento Social Cristiano, una pequeña fracción separada de la Democracia Cristiana, bajo la inspiración del ex embajador en España Juan de Dios Carmona, y un mínimo grupo que se autodenomina "de izquierda moderada", llamado Talleres Socialistas Democráticos.

La coalición recién formada se declara independiente del Gobierno, y su actual presidente, Juan de Dios Carmona, añade que no podría ser de otra manera, ya que "el Gobierno es total y absolutamente independiente de los partidos". El principal gestor del grupo es el actual ministro del Interior del régimen, Sergio Onofre Jarpa, ex embajador en Argentina, llamado a formar Gobierno en el peor momento de las protestas del año pasado.

El plan de Jarpa era brindar al régimen, debilitado, una base política de apoyo y crear una oposición controlada que no pedirá el fin del régimen.

Cerrado el aperturismo

Augusto Pinochet aceptó el plan a duras penas, más que nada presionado por sectores militares que no veían otra salida. Pero apenas la oposición redujo su ritmo, cómo un corredor de maratón que vacila en sus primeros kilómetros por falta de entrenamiento, Pinochet cerró el camino aperturista y Jarpa, en lugar de retirarse del Gabinete, propuso crear, de todas maneras, una plataforma política para apurar lo que él llama "la transición".

El grupo formado, denominado inicialmente grupo de los ocho, sobrevivió apenas cuatro meses, con una tímida oposición de tres puntos al régimen: legalizar los partidos políticos durante 1984; realizar un plebiscito en 1985 para preguntar al pueblo si aceptaba tener un Parlamento, y elegir ese Parlamento en 1986.

Pinochet no ha respondido directamente hasta ahora a esas propuestas, y lo único concreto que hizo fue presentar una ley de Partidos Políticos que exigía tener 150.000 firmas para inscribir un partido, cifra calificada por todos los grupos nacientes, e incluso por el jefe de la Junta de Gobierno, almirante José Toribio Merino, como exorbitada, debido a que el mayor partido chileno llegó a tener en su mejor momento 20.000 inscritos.

La nula respuesta del régimen a estas mínimas peticiones de apertura hizo quebrarse el frente tan difícilmente conseguido por Jarpa, y la principal de las fuerzas del grupo, el Partido Nacional, se retiró de la coalición hace menos de un mes, aduciendo que para conseguir una efectiva transición a la democracia es mejor dialogar con la opositora Alianza Democrática que con el imperturbable régimen militar.

Junto al Partido Nacional se retiraron del grupo el minúsculo Partido Democrático Nacional y la Unión Democrática Independiente. Así, mermado, el ahora grupo de los cinco pierde toda su fuerza política como sostén de la dictadura y ésta tiene que atrincherarse nuevamente en la fuerza militar para subsistir.

El plan del régimen ahora es simple: aferrarse de cualquier modo al poder, promover la división entre los numerosos grupos opositores y concentrar su fuego contra el partido comunista, a la espera de encontrar algún consenso contra el enemigo común.

Pero Pinochet ha de contar desde ahora con un nuevo obstáculo: su propia Junta de Gobierno. En los últimos meses han sido varias las iniciativas que infructuosamente Pinochet trató de convertir en leyes, debido a la oposición pública de la Junta, que cuenta con el poder legislativo. Primero fue una ley antiterrorista, que tuvo que ser modificada porque el representante del Ejército del Aire, general Fernando Matthey, puso objeciones. Luego una ley que la Junta sepultó en el olvido y que facultaba a Pinochet para convocar a consultas al pueblo cuando lo deseara, sin necesidad de tener el acuerdo de la Junta. Más tarde, la propia ley de Partidos Políticos, que no será, aprobada tal como la envió Pinochet. Otros signos de relativa independencia de la Junta de Gobierno frente al dictador han trascendido recientemente desde las herméticas fuentes militares.

La Junta, que en un comienzo fue un instrumento más del poder de Pinochet, comienza ya a mostrar indicios de autonomía, como un reflejo de las distintas posiciones y perspectivas que imperan dentro de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. Sin, un movimiento civil que le otorgue el apoyo político y sin una Junta incondicional, el general Pinochet ha vuelto la mirada hacia su más íntimo y estable reducto de poder: el Ejército.