La ocasión de Nicaragua
LA DECISIÓN de la Junta de Reconstrucción Nacional de Nicaragua de adelantar las elecciones generales (presidente, vicepresidente y asamblea) sobre una fecha vagamente prevista para 1985, procede de una serie de presiones y consejos, sobre todo del grupo de Contadora, pero también de Washington, que las ha considerado siempre como imrescindibles para cualquier intento de reducción de las tensiones y de la siempre pendiente amenaza de invasión, directa o indirecta. Es un paso positivo. Su importancia dependerá de cómo se enfoquen esas elecciones: deben conducir a una normalización del país, y no han de considerarse como un mero trámite impuesto para la legalización del régimen actual. Apenas se ha hecho el anuncio -durante las festividades que conmemoraban el 50ºaniversario del asesinato de Sandino por los somocistas, sostenidos y apoyados por Estados Unidos- y ya la oposición (la Coordinadora Democrática que reúne siete partidos) emite reservas. No tiene sentido la de que las elecciones están ahora demasiado próximas -el 4 de noviembre, domingo- y no le da tiempo a organizarse y preparar su campaña. Pero puede tenerlo la de la manipulación electoral.La fijación de la fecha de las elecciones abre un proceso que debe comenzar precisamente con la emisión de la ley electoral, de cuyo anteproyecto se sabe que establece, entre otras, la ineligibilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas, y de todos los que ejerzan jurisdicción en nombre del Estado, lo que obligaría al coordinador de la junta sandinista Daniel Ortega, a dimitir de su posición en este organismo supremo para ser, como se especula, candidato a la presidencia. De otro lado, es probable que el número de electores se vea aumentado enormemente si, como está previsto, se extiende el derecho al voto a los mayores de 16 años, por la creencia de la Junta de que la juventud está abiertamente al lado de Ia revolución (tal. como ella la entiende), creencia que parece compartir la oposición, al atacar duramente esa idea. Los elegibles deberán proceder de todo el abanico de partidos políticos para que la opción sea suficiente, pero tendría sobre todo que incluir a quienes están en el exilio y a los que: están perseguidos como delincuentes: el Gobierno les exigirá previamente que se acojan a la ley de amnistía (cuyo plazo se amplía hasta el 4 de mayo), a lo que éstos se resisten por sus razones: una de principio (no se consideran delincuentes, no aceptan el perdón), otra por la exclusión de los dirigentes (que serían los candidatos), y la tercera porque existe el estado de emergencia y las disposiciones que, amnistiados, volverían a convertirles en delincuentes. Parece claro que unas elecciones fiebres no pueden prepararse sin el levantamiento del estado de emergencia, lo que se rumorea que se producirá hacia mayo próximo, para dar un margen de al menos seis meses de normal y libre desenvolvimiento político hasta la fecha electoral de noviembre. Por otra parte, es cierto que el mantenimiento de las agresiones fronterizas no sólo es al menos una de las razones de ser de la emergencia, sino que de no cesar éstas el cinismo de quienes se amparan en unos supuestos ideales democráticos, quedaría aún más si cabe desenmascarado, en la medida en que la desestabilización sólo se entendería como una maniobra para impedir la consolidación del libre proceso político nicaragüense. Una importante labor de los que hasta ahora están sirviendo de mediadores en Centroamérica sería la de conseguir esa pacificación previa, la cual no parece posible sin una colaboración activa de Estados Unidos. Que, a juzgar por las primeras reacciones, está considerando esta votación como muy sospechosa.
La ocasión es única. Tan difícil, tan repleta de problemas y de hostilidades, de reservas y de sospechas, que muy fácilmente puede malograrse. La condición esencial para una democracia auténtica, para una asamblea verdaderamente representativa que tenga el papel de constituyente, es que las partes en presencia se comprometan al juego limpio y a aceptar los resultados, sean cuales sean. En este caso, esa aceptación no depende ya de los mismos nicaragüenses, sino de fuentes de poder y decisión ajenas a ellos. Una ocasión enormemente frágil, que requiere toda clase de colaboraciones; pero, sobre todo, que el poder se haga transparente al decidir la ley electoral y al crear las circunstancias que, sin desarmar frente a la agresión armada, respeten todas las garantías de rigor democrático.
