Un administrador judicial se hace cargo de 'Sábado Gráfico' a instancia de querella, particular por injurias y calumnias
El nombramiento de un administrador judicial para la empresa editora de la revista Sábado Gráfico que dejó de publicarse el pasado día 1 de octubre "por motivos económicos" según fuentes de la revista- marca uno de los casos más singulares de la historia de la prensa en España, ya que la administración de una publicación pasa a manos de la Justicia a instancias de un particular que ha presentado cinco querellas contra el editor y director de la misma por injurias y calumnias. Debido a las mismas demandas, los jueces solicitaron que se embargaran todos los bienes de la empresa editora dado que ésta no pagó las fianzas exigidas en los procesamientos, que están confirmados por la Audiencia y pendientes de la vista oral.
El abogado Manuel Muñoz Peces-Barba, nombrado administrador judicial por el juzgado de Instrucción número 3 de Madrid a instancias de la parte querellante, tomó ayer posesión de lo que queda de los "frutos y rentas" de un semanario que ha tenido 27 años de vida. Le acompañaban un agente judicial, un oficial de juzgado y dos abogados. En el momento de presentarse en la sede de la revista (calle de Covarrubias, 1, de Madrid) se encontraba ausente el editor, Eugenio Suárez, quien había iniciado sus vacaciones de Navidad. La diligencia judicial fue firmada por parte de la empresa por la secretaria de Eugenio Suárez, Sofía del Pilar Cano, quien dejó constancia por escrito de que "no existen ni frutos ni productos que administrar porque la revista se ha cerrado por razones internas".Según Ramón Muñoz Tuero, uno de los abogados de Eugenio Suárez, la toma de posesión de un administrador judicial es técnicamente correcta "pero en este caso cae en el vacío por completo ya que la revista está cerrada desde hace casi dos meses y por tanto sobra el administrador". La defensa del editor de Sábado Gráfico está pendiente de la vista en la que, al parecer, el fiscal ha rebajado las fianzas exigidas inicialmente por el juez.
Las personas principalmente inmersas en este proceso, que no es nuevo en la práctica judicial en general pero sí en la aplicada a la Prensa, porque puede sentar precedente, son, por una parte, el editor de Sábado Gráfico, Eugenio Suárez, cuyo semanario publicó, desde finales de 1981 hasta agosto de 1983, más de 20 artículos sobre presuntos fraudes en las empresas constructoras e ínmobiliarias Covinosa e Itesa de Logroño; y, por otra parte, el di rector gerente de estas empresas José Antonio Fernández de Bobadilla, casado en la actualidad con María Teresa Lázaro, ex mujer de Eugenio Suárez.
El empresario riojano presentó, asistido entre otros por el abogado y catedrático de la Universidad de Alcalá, Enrique Gimbernat, cinco querellas "por injurias y calumnias" contra Sábado Gráfico.
Otra de las piezas importantes de este proceso es el juez titular del juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, Clemente Auger, quien no sólo admitió a trámite en 1982 la segunda y tercera querella sino que también decretó el embargo de los bienes de la revista, por impago de las fianzas exigidas al periodista Delfin
Rodríguez (firmante de la mayor parte de los artículos), al director de la publicación, Germán Álvarez Blanco y al editor Eugenio Suárez como responsable subsidiario. Este mismo juez nombró un administrador judicial que ayer tomó posesión de Sábado Gráfico.
Previamente, el titular del juzgado de Instrucción número 20 decretó en 1981 el procesamiento de Delfin Rodríguez y le exigió cinco millones de pesetas de fianza. Luego, hubo otros dos procesamientos a los periodistas citados en los juzgados de Instrucción números 12 y 11. El titular de este último, César Uriarte, decretó, al no ser abonadas las fianzas respectivas, el embargo de las publicaciones El Caso, Velocidad y Aire Libre, todas ellas pertenecientes a la cadena de Eugenio Suárez. Las subastas de estas publicaciones fueron suspendidas el pasado mes de junio al haber depositado el editor de las mismas la deuda del embargo, que ascendía a 4.200.000 pesetas.
Libertad de expresión
El querellante José Antonio Fernández de Bobadilla ha explicado que se enfrenta a un caso de abuso de la libertad de expresión y de utilización indebida del poder de la prensa, lo que, unido a la lentitud de la actuación de la justicia, produce daños difíciles de reparar. Añade que durante los dos años y medio en que han ido apareciendo sistemáticamente artículos en Sábado Gráfico sobre las actividades de las empresas que él dirige, se han producido daños muy difíciles de reparar tanto económicos -retirada de créditos, despido de trabajadores, dificultades en los proveedores...-, como personales (descrédito de su persona y de la imagen del patrimonio empresarial).Por su parte Eugenio Suárez, editor de Sábado Gráfico y El Caso, entre otras publicaciones, considera que la decisión del juez Clemente Auger sienta un precedente muy peligroso "porque deja a los periodistas indefensos y marca una ingerencia de los tribunales en los asuntos de prensa". "Lo que Sábado Gráfico ha hecho es denunciar un fraude inmobiliario y malversación de fondos públicos". Eugenio Suárez dice que el cierre de su revista no tiene nada que ver con las querellas presentadas por Covinosa. "Sábado Gráfico ha desaparecido por falta de publicidad, por los cada vez más elevados costos del papel y por otra serie de razones de tipo económico".
