Ruiz-Mateos tiene en su poder los documentos confidencial del Gobierno sobre la reprivatización de Rumasa
La Dirección General del Patrimonio del Estado, de la que depende en última instancia Rumasa, es partidaria de una rápida reprivatización de las empresas no bancarias del, grupo, proceso a llevar a cabo en dos años, y previa una operación de clarificación que permita, mediante liquidaciones y concentración, convertir el número actual de sociedades, 670, en una "cifra muy manejable", de unas 250. La primera fase, que debería entrar en funcionamiento inmediatamente después de la sentencia del Tribunal Constitucional, consistiría en reprivatizar las participaciones de los accionistas minoritarios de las empresas expropiadas.Francisco Javier Moral Medina, director, general del Patrimonio del Estado, elevó el pasado 20 de junio un Informe confidencial sobre el estado actual y estrategia futura de la operación Rumasa, al que ha tenido acceso EL PAIS en Londres, de mano de José María Ruiz Mateos, presidente del holding expropiado. Varias de las medidas sugeridas en el informe, entre ellas la destitución de todos los administradores generales y el nombra miento de un empresario al frente de las empresas y la separación de la división bancaria, han sido ya llevadas, a la práctica.
El informe contiene una detallada quejadel director general, quien se amenta de no poseer información suficiente respecto a los bancos expropiados, "aunque esta dirección general sea responsable legalmente de la ejecución de la operación Rumasa en su conjunto". "Ciertamente", prosigue, "este director general no ha intentado hasta la fecha ejercer los derechos a que como responsable es acreedor, por vías que hubieran suscitado fricciones probablemente trascendentes en orden al desenvolvimiento razonable de la operación". Francisco Javier Moral afirma comprender lo sucedido, pero reclama el término de lo que denomina "pintoresca situación".
El informe califica de "concluida" la primera etapa de la operación Rumasa. "Puesto que el éxito de esta operación depende en buena medida de la rapidez de su desarrollo y de nuestra capacidad de transmitir la sensación de que todo está previsto, sería muy positivo anunciar de inmediato el comienzo y las directrices de la estrategia relativa a la segunda fase, dirigida a la reprivatización y gestión empresarial".
Todas las sociedades
En el ámbito nacional, incluyendo las llamadas sumergidas y las participadas no expropiadas, así como. las meramente instrumentales, Rumasa cuenta con 670 empresas, de las que alrededor de 350 realizan alguna actividad. De las 350 activas, sólo 250 son verdaderamente empresas con alguna entidad. A su vez, alrededor de 775 sociedades reúnen el 98,8% del activo total de grupo. En el ámbito internacional, existen 50 sociedades, de las cuales, sólo un tercio son reales.El informe confidencial reitera que, a 23 de febrero, el neto negativo del grupo era de 210.000 millones de pesetas, es decir, 10.000 millones más que a 31 de diciembre anterior. "Es, pues, una situación de quiebra técnica evaluable, como mínimo, en 210.000 millones".
Se insiste en que las empresas no bancarias vendieron en 1982 una cantidad inferior a esos 200.000 millones de pesetas, cifra de la que no menos de 75.000 millones son imputables a sólo dos empresas (Galerías Preciados y Constructora Hispano-Alemana), en las que el valor añadido por unidad vendida a nivel de grupo es inferior al presumible, y los costes de venta, superiores.
El informe de la dirección general desvela cuál fue la estrategia de Rumasa en la vista preliminar celebrada ante el Alto Tribunal de Londres el pasado mes de julio. Los directivos de la Rumasa expropiada pretendían una providencia nombrando administrador judicial y, sobre todo, que los jueces británicos sugirieran la conveniencia de interponer querella criminal. A fin de apoyar esta estrategia se sugiere que puesto que existen indicios más que suficientes, se aceleren las actuaciones para que la justicia española se pronuncie sobre el procesamiento de Ruiz-Mateos antes que la británica. El auto de procesamiento del fundador de Rumasa fue hecho público en Madrid el pasado mes de julio, poco antes de iniciarse la vista ante el tribunal británico, pero la estrategia falló, porque los jueces británicos se limitaron a prorrogar la situación de intervención judicial, sin proponer, por el momento, ninguna vía penal.
Entre los indicios que permitían el procesamiento de Ruiz-Mateos en España figura, según el informe confidencial, el no reintegro de divisas por exportación, con un saldo de 5.039 millones de pesetas en cuatro empresas investigadas con carácter definitivo. "Hay también", añade, "cartas de pago falsificadas, que por ahora no suman más de un centenar de millones. Han sido remitidas a los fiscales". "Tenemos constancia, y hay posibilidades efectivas de recurrir a prueba testifical solvente, de que el propio José María Ruiz-Mateos ordenó al menos una parte de estas falsificaciones, lo que constituye un delito común".
Reducción escalonada
A fin de clarificar la situación de las empresas *no bancarias, el director general propone una serie de actuaciones. "Esta clarificación", explica, "además de ser compleja e interesante, no deja de tener interés a efectos de imagen pública. Al fin y al cabo, hay la sensación de que el grupo Rumasa comprende cerca de '700 empresas, y las medidas propuestas, por sí solas, permiten una, reducción escalonada de este número hasta el de 250 al término de este año, lo que en, en todo caso, transmitiría una cierta ilusión de progresión acelerada en la ejecución de la segunda fase (réprivatizacion)".En el campo de la reprivatización auténtica, y para acelerar el proceso, se propone reprivatizar las participaciones de los accionistas minoritarios en las empresas expropiadas. Esto se realizaría a través de un acuerdo del Gobierno que autorizaría a la dirección general a enajenar directamente a los minoritarios expropiados sus participaciones al mismo precio que en su momento resultara del procedimiento de aprecio. Un proyecto de acuerdo ha sido ya sometido a los abogados del Estado, a la Dirección de lo Contencioso y a la Unidad de Expropiación. La Dirección de lo Contencioso estima que sería prudente esperar a que, el Tribunal Constitucional resolviera el recurso interpuesto antes de re privatizar estas acciones. Un motivo más, según el Patrimonio del Estado, para que el Tribunal Constitucional se pronuncie rápidamente.
El informe señala que se ha hecho un discreto sondeo sobre la respuesta probable a esta medida. El acuerdo sería, trascendente -afirma- respecto al Banco Atlántico (que se convertiría en banco mixto, con el 55% del Estado), Loewe (35% de minoritarios), Fenix Peninsular (50% Estado francés) y Calmante Vitaminado (50% de minoritarios). "Parece que hay excelente predisposición de los minoritarios a readquirir sus antiguas participaciones", añade el documento.
Un puro dislate
"Un acuerdo de esta naturaleza clarificaría extraordinariamente el procedimiento de justiprecio, porque los minoritarios dejarían de estar sustantivamente interesados en el mismo, y el Patrimonio no habría de entenderse, en el fondo, sino con la familia Ruiz-Mateos. Ténganse en cuenta que el número de minoritarios asciende a varias decenas de miles ( ... ), y que parece difícil garantizar la enorme discreción que exigen las gestiones de enajenación si una multitud de minoritarios reclama información al respecto como interesados en orden al procedimiento de aprecio".El acuerdo no afectaría a las instituciones bancarias "por el argumento puro y simple de sus peculiaridades inherentes a la delicada situación financiera por la que han atravesado, o porque no es improbable que en el futuro reunieran todavía alguna ayuda pública". Tampoco se refiere este análisis a las explotaciones agrícolas del grupo Rumasa.
Respecto a las empresas comerciales e industriales, el director general manifiesta un cierto pesimismo en cuanto a las posibilidades de su no reprivatización, "debido a un inevitable deterioro, ajeno a la competencia y voluntad de los actuales gestores públicos". Las empresas no bancarias -prosigue- sufren una impresionante descapitalización, y una cierta parte de sus altos ejecutivos "no son precisamente partidarios de la situación actual". "En estas condiciones", juzga el director general, "a lo más que es posible aspirar es a gestionar con la diligencia de un padre de familia conservador que va a menos. Gráficamente, estamos administrando una quiebra más que unas empresas, y los resultados no podrán ser ni mínimamente brillantes". Quiere ello decir que, además de las razones de índole política, hay razones técnicas que aconsejan la reprivatización de las empresas no bancarias.
Cara a esa tercera etapa de reprivatización y gestión empresarial, el director general propone un organigrama en el que se separa la división bancaria y en el que desaparecen los administradores generales, sustituidos por un administrador único con experiencia empresarial, para que gestione las empresas del grupo hasta su reprivatización. La organización que ha venido funcionando hasta ahora -a juicio de la Dirección General del Patrimonio- era un "puro dislate", pese a lo que ha funcionado "razonablemente bien". El proceso de reprivatización debería concluirse, según el director general, en un plazo de dos años a contar desde su inicio; existen muchas complejidades técnicas: la hetereogeneidad de las empresas, la necesidad de preservar, al menos en cierta medida, la causa expropiatoria que en lo relativo al mantenimiento de empleo incide sobre dos de las empresas más importantes (Galerías Preciados y Constructora Hispano-Alemana), dificultad de hallar un grupo solvente que compre en bloque la cadena hotelera (Hotasa), cuya enajenación a extranjeros puede no resultar conveniente para los intereses del sector turístico nacional.
Alejar del proceso a las altas instancias
La Dirección General del Patrimonio del Estado estima que es alejar a las máximas instancias políticas del Ejecutivo del proceso, de suerte que no intervengan formalmente "sino para capitalizar a su favor decisiones positivas". El procedimiento a seguir, según el informe confidencial, sería el siguiente: creación de un pool de organizaciones profesionales especializadas. Se suscribiría un contrato entre el pool y la Dirección General del Patrimonio del Estado, y el pool actuaría en la doble condición de asesor (adviser) y de intermediario (broker), siempre en última instancia por cuenta del vendedor, es decir, la dirección general. En su condición de asesor perfilaría la estrategia de venta (Galerías Preciados tiene prioridad absoluta), teniendo en cuenta los siguientes elementos: precio máximo de venta compatible con rapidez, solvencia empresarial en el doble orden de gestión y financiero, y mantenimiento de empleo.El pool debería estar integrado por cinco firmas: tres españolas y dos extranjeras. "En España", afirma el informe, "los únicos brokers existentes, que, además, han demostrado interés, son la división industrial del grupo Hispano-Urquijo, el Banco del Progreso, del grupo March, y la división industrial del Banco de Bilbao. Una de las más importantes organizaciones norteamericanas, The First Boston Corporatíon, se ha tomado gran interés, al igual que las también norteamericanas Lehman Brothers y Dillon Read.
De los europeos, ha dado señales de estar interesado el grupo Rothschild británico. Para dar rapidez al proceso y resolver las fricciones que eventualmente surjan entre los componentes del pool, la Dirección General del Patrimonio del Estado propone la creación de un comité técnico de valoración y negociación de propuestas, que actuaría con alto grado de confidencialidad y cuya creación no debería recibir publicidad. El informe sugiere tres personalidades que conocen bien el grupo Rumasa (Ricardo Bolufer, Juan Lladó y J. M. Martín Oviedo). A través de un decreto se constituiría también una comisión de vigilancia y asesoramiento, integrada por representantes del Colegio Notarial, Colegio de Registradores, síndico de la Bolsa de Madrid, Colegio de Corredores de Comercio y Cámara de Comercio de Madrid.
Al parecer, la mayor parte de las recomendaciones incluidas en este informe han sido aceptadas por el Ministerio de Economía.
Con independencia del destino final de los bancos de Rumasa, el Gobierno debe acordar cuanto antes la enajenación directa de las participaciones bancarias expropiadas en el Fondo de Garantía.
La dirección general estima que la rapidez que debe aplicarse a la reprivatización de las empresas del grupo no es aplicable a las bancarias, "donde factores políticos gravitan con fuerza muy superior a los técnicos". Aun así, se considera muy urgente que el Gobierno decida si piensa reprivatizarlos o no. La solidez de las instituciones bancarias -se explica- descansa en la confianza del público.
Francisco Javier Moral considera justificado, como mal menor, que el Banco de España, vía Fondo de Garantía de Depósitos, ejerza la dirección de los bancos expropiados, "hasta tanto el Ejecutivo no decida la procedencia de superar la contradictoria y conflictiva situación presente". Pero el director general solicita que la titularidad jurídica de las acciones de los bancos y del resto de las empresas se sitúen en distintas manos, es decir, que en el caso de que no se reprivaticen, las participaciones bancarias sean ubicadas en otra esfera pública distinta a la del Patrimonio del Estado. "Este director general considera ineficiente asumir responsabilidades orgánicas teóricas en un proceso en el que figuraría como parte vencedora y, sin embargo, acerca del cual poseería una desinformación pantagruélica y una nula influencia decisoria".
La enajenación directa de las participaciones bancarias expropiadas en el Fondo de Garantía sería una salida para evitar una "situación insostenible", en la que "delicadísimas responsabilidades legales son asumidas por quien, de hecho, carece de competencias, y a este respecto me preocupa que lo que haya ocurrido en el pasado esté ocurriendo en el presente o pueda ocurrir en el futuro en el ámbito del Banco Atlántico, que inquieta en todos los aspectos bastante más que la suma de los 17 restantes expropiados". El Patrimonio del Estado afirma que no modificar la situación actual supondría exigirle que permita la enajenación de esas acciones "ignorando lo que vende, ni por cuánto lo vende, ni la razón por la que lo vende a cada quien, sea organismo público o entidad privada".
El autor del informe cree que las disposiciones reguladoras del Fondo no impiden la cooperación que él propone, aunque admite que tal vez habría que introducir alguna cláusula específica en las normas de rango de decreto.
