Posible cierre de los centros privados de formación profesional de segundo grado si las subvenciones estatales siguen congeladas

Los centros privados de formación profesional de segundo grado podrían cerrar si las subvenciones estatales siguen congeladas, según manifestó ayer en conferencia de prensa el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Ángel Martínez Fuertes. El subsecretario de Educación y Ciencia ha respondido que la formación profesional de segundo grado no es, legalmente, un nivel obligatorio ni gratuito, y añadió que el Ministerio de Educación y Ciencia no necesita que la CECE le señale cómo garantizar el derecho a la educación.Para el presidente de la patronal de la enseñanza privada, la orden ministerial que regula las subvenciones es "un golpe bajo, no contra la CECE, sino contra la igualdad, contra el derecho de los alumnos a elegir su formación y contra los más humildes". Ángel Martínez afirmó que no habrá revisión salarial en el sector de la enseñanza privada en septiembre próximo como estaba previsto en el convenio firmado en mayo pasado "pase lo que pase", y añadió que es previsible un importante conflicto laboral. Según Martínez Fuertes, las razones presupuestarias alega das por el Ministerio de Educación y Ciencia para no conceder los 500 millones solicitados por la CECÉ "son de risa", en un presupuesto que asciende a 622.000 millones de pesetas.

Por su parte, José Torreblanca manifestó que "el Gobierno ha hecho un esfuerzo en EGB que era el nivel más desatendido, para asegurar una subida retributiva a los docentes de EGB de un 15%. También informó que la Administración ha abierto 16 expedientes a centros privados de formación profesional de segundo grado que no han podido justificar el empleo de las cantidades recibidas.

Martínez Fuertes criticó la inversiones previstas por el ministerio para la creación de nuevos puestos escolares, ya que, en su opinión, "el alumnado decrece cada año en 50.000 puestos". Preguntado si la formación estatal podría cubrir las 70.000 plazas de la enseñanza privada, manifestó que era imposible debido a la complementariedad en la ubicación de los centros estatales y privados. Con respecto a estas críticas, Torreblanca ha señalado "que el ministerio no va a aceptar que se ponga en duda su capacidad gestora para la creación de puestos escolares".

Martínez Fuertes justificó el hecho de que en los centros privados de formación profesional se impartan fundamentalmente enseñanzas de delineante y administrativo en la carencia del dinero necesario para invertir en el material que requieren las enseñanzas técnicas. El presidente de la patronal de la enseñanza también criticó el vacío legal que crea la orden ministerial al no especificar la posibilidad de subir las cuotas. Finalizó diciendo que se iba a explicar la situación a los alumnos, de 18 y 19 años, para que supieran quién era el responsable dé la situación. Con respecto a la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), Martínez Fuertes afirmó que eran necesarios algunos cambios de tipo técnico.