La situación política uruguaya y las elecciones primarias del 28 de noviembre

En el referéndum de noviembre de 1980, los uruguayos rechazaron el proyecto de constitución propuesto por los militares, que significaba el paso a un sistema de democracia tutelada, con el poder real concentrado en manos de los jefes de las fuerzas armadas y la elección periódica de autoridades civiles subordinadas, encargadas de la gestión administrativa del Estado.El triunfo del no, obtenido a pesar de las presiones ejercidas desde el poder y de la extrema desigualdad de posibilidades informativas, demostró la supervivencia del espíritu democrático del pueblo uruguayo y el arraigo de las fuerzas políticas de oposición, luego de siete años de dictadura.

La situación creada por el triunfo del no hizo irrealizable el plan de institucionalización y obligó a las fuerzas armadas a estructurar un nuevo esquema político.

En marzo de 1981, los jefes militares designaron un nuevo presidente, el general Gregorio Alvarez, asumiendo así directamente un cargo en el que hasta esa fecha habían preferido mantener títeres civiles. Fue Alvarez el encargado de anunciar el nuevo plan político, así como las etapas (cronograma) en que se llevaría a cabo.

Tres etapas

El presidente anuncié que se iniciarían consultas con dirigentes de los partidos políticos tradicionalmente mayoritarios en Uruguay (Partido Nacional y Partido Colorado), cuya actividad estaba suspendida desde el golpe de Estado, a fin de analizar los detalles de un plan en tres etapas:

1. Aprobación de una nueva ley de partidos políticos y realización de elecciones primarias para integrar las convenciones de estos partidos en noviembre de 1982.

2. Negociación con las autoridades partidarias designadas por las convenciones de un nuevo texto constitucional, a someterse a referéndum en noviembre de 1983.

3. Finalmente, celebración de elecciones generales, de acuerdo a la nueva Constitución, en noviembre dé 1984, elecciones de las que surgiría el Gobierno civil destinado a recibir el poder de manos de los militares en la fecha del 1 de marzo de 1985.

Se iniciaron as¡ conversaciones entre la comisión de asuntos políticos de las fuerzas armadas y dirigentes de las distintas corrientes de los partidos políticos tradicionales. Cabe aclarar que estos partidos, que se han alternado en el Gobierno de Uruguay hasta el golpe de 1973, son en realidad coaliciones de grupos de orientaciones diversas que comparten tradiciones políticas comunes y que se han mantenido unidos, básicamente, gracias a una legislación electoral que permite al ciudadano votar por un partido y por una corriente determinada dentro de éste, sumándose, para el resultado final, los votos obtenidos por todas las corrientes que lo integran.

Luego de prolongadas rondas de conversaciones, el Gobierno hizo público el proyecto de una nueva ley de partidos políticos, de acuerdo a la cual se convocaría a elecciones primarias (internas) en noviembre de 1982, elecciones en las que sólo estarían autorizados a participar los partidos Nacional y Colorado, así como la llamada Unión Cívica, grupúsculo de católicos íntegristas. Los sectores más definidamente opositores de los partidos tradicionales cuestionaron la imposición de una fórmula que no restablecía el pluralismo político y que incluso mantenía la proscnpción de sus dirigentes más representativos, pero finalmente optaron por participar en el proceso electoral abierto.

Camisa de fuerza

El 7 de junio fue publicada la llamada ley fundamental número 2, Orgánica de los Partidos Políticos. Las fuerzas polítícas progresistas, nucleadas en el Frente Amplio, rechazaron de inmediato las fórmulas contenidas en la nueva ley, que más que abrír el camino a la democratización están dirigidas a imponer una camisa de fuerza a,la voluntad del pueblo uruguayo, institucionauando un sistema político no democrático, acondicionado para excluir a perpetuidad a todos los sectores de izquierda.

El examen de la nueva ley permitió comprobar que ella representa incluso un retroceso respecto a la situación jurídica anterior, ya que por su artículo 57 se priva de existencia legal al Partido Demócrata Cristiano y al Movimiento por el Gobierno del Pueblo, fuerzas integrantes del Frente Amplio y que, aun cuando sus actividades estaban suspendidas desde el golpe, habían quedado al margen de la ¡legalización de partidos y grupos marxistas (partido socialísta, partido comunista y Movimiento 26 de Marzo), decretadas en 1973.

La nueva ley mantiene las proscripciones políticas impuestas por el acto institucional número 4, que afectan a más de 15.000 personas, y las refuerza por la prohibición de realizar en la propaganda política "toda alusión a personas que tengan la ciudadanía o los derechos políticos suspendidos".

Por otra parte, aun cuando, en teoría, la ley admite la creación de nuevos partidos políticos, mediante complicados procedimientos que incluyen la presentación de las firmas de 8.500 personas, lo cierto es que realmente crea barreras infranqueables para todos los partidos de signo progresista. El artículo 10 de la ley prohíbe constituir nuevos partidos "a quienes hayan integrado asociaciones declaradas ¡lícitas". Y hay que recordar que luego del golpe de Estado fueron ¡legalizadas la central sindical única (CNT) y la Organización Nacional de Estudiantes (FEUU). Por consiguiente, todas las personas que formaron parte de ellas, aun durante los años en que su funcionamiento era perfectamente legal, quedan inhabilitadas, de por vida, para respaldar la creación de nuevos partidos.

Bloqueo de partidos

Pero además, el párrafo siguiente del mismo artículo establece que no se admitirá la creación de partidos que "por ideología, principios, denominación o forma de actuación evidencien conexión, directa o indirecta, con partidos políticos, instituciones u organizacíones extranjeras o con otros Estados". Como se ve, el texto es un ínstrumento para bloquear no solamente la formación de partidos democristianos, socialistas o comunistas, sino que permitiría también rechazar toda tentativa de formar un partido liberal o conservador. Interpretado estrictamente, vendría a prohibir hasta la existencia de los partídos que la ley reconoce expresamente, En definitiva, la ley fundamental número 2 convierte la existencia de cualquier puevo partido en una concesión gratuita del Gobierno e institucionaliza la exclusión de la izquierda con carácter permanente.

Desde otro punto de vista, las opiniones negativas en cuanto a una auténtica voluntad democratizadora de los jefes militares no se fundan sólo en el análisis del texto de la nueva ley. Desde el mismo momento de la aprobación de ésta y de la convocatoría a elecciones primarias en los partidos autorizados, los jefes militares se han preocupado por señalar una y otra vez los límites de la democratización que pretenden plasmar en la nueva Constitución y las facultades restringidas que pretenden otorgar al Gobierno civil a instalarse el 1 de marzo de 1985.

Sin ningún recato, han dicho que "el proceso no puede consagar nuevamente un esquema político demagógico, excesívamente liberal y pluralista, como el existente antes de 1973", así como que la nueva Constitución deberá incluir necesariamente un Consejo de Seguridad Nacional, integrado por los jefes militares, con funciones de cogobiemo. Finalmente, han insistido en que no se permitirá al nuevo Gobierno la revisión de lo actuado por las fuerzas armadas "en la lucha contra la subversión", léase procesos militares, muertes por tortura, despariciones, confiscación de bienes, ¡legalización de partidos y sindicatos, clausuras de órganos de Prensa, destituciones masivas de funcionarios públicos, etcétera.

Como consecuencia de estos hechos, el Frente Amplio, la coalición de fuerzas políticas progresistas que en las últimas elecciones democráticas reuniera el 20% de los electores, así como otros sectores de ciudadanos no integrados en los partidos políticos autorizados, han levantado la consigna del voto en blanco. Las fuerzas políticas excluidas del proceso reafirman así su identidad política, su existencia inocultable en el panorama político uruguayo y su rechazo tajante a un sistema discriminatorio. No desconocen la existencia de corrientes democráticas y progresistas en el seno de los partidos Nacional y Colorado, con las que compartieron la batalla por el no en el referéndum de 1980. Pero se niegan a legitimar un proceso político que excluye a sectores fundamentales de la sociedad uruguaya.

La consigna del voto en blanco en las elecciones primarias de¡ 28 de noviembre se abrió camino en la opinión pública uruguaya, a pesar de las restricciones a la libertad de expresión, abarcando rápidamente a importantes sectores de trabajadores y de jóvenes que votarán por primera vez, tal como comenzó a reflejarse en las encuestas de opinión. En los primeros días de octubre, mientras los partidos autorizados iniciaban sus campañas para las elecciones primarias, fue lanzado en Montevideo un llamamiento público para constituir un comité nacional pro voto en blanco, a través de la revista semanal Opción, de orientación democristiana.

El voto en blanco

La respuesta del régimen fue inmediata: clausura definitiva de la revísta, acusada de promover campañas dirigidas por sectores políticos ¡legalizados, y arresto de los doce integrantes del comité nacional. Aunque fueron puestos en líbertad días después, la investigación judicial sobre las actividades del comité prosigue, y no se excluye el envío de las actuaciones a la justicia militar por un posible delito contra la seguridad del Estado.

Al núsmo tiempo, y a medida que se reanima la actividad política pública, la represión comenzó a golpear a los sectores más definídamente opositores de los partidos tradicionales. Cuatro dirigentes y candidatos del sector mayoritario de¡ Partido Nacional (que lidera Wilson Ferreira Aldunate, en el exilio desde 1973) han sido detenidos en los últimos días y procesados por magistrados militares, que,les imputan haber injuriado a las fuerzas armadas (delito penado entre dieciséis meses y seis años de prisíón) durante sus intervenciones en actos públicos.

Un ex comandante en jefe de la Marina, que se viera obligado a pasar a retiro en 1973 por oponerse al golpe de Estado y que se presenta ahora como candidato dentro del Partido Colorado, ha sido sometido a un tribunal de honor militar como consecuencia de sus palabras en otro acto. Las personas que intervienen en actos públicos son citadas a declarar con frecuencia y detenidas durante algunas horas en comisarías de policía. Se multiplican las amenazas contra quienes "agravian al proceso cívico-militar y a las fuerzas armadas".