Asignaturas económicas pendientes
LA CONVOCATORIA anticipada de las elecciones generales al Parlamento ha dejado sobre la mesa una serie de temas de política económica que, de un modo u otro, pasarán al próximo Gobierno. Los Presupuestos Generales del Estado y de la Seguridad Social no se han depositado hasta ahora ante la Diputación Permanente del Congreso.. Todavía queda por colocar una parte importante de deuda pública a medio plazo y de pagarés del Tesoro (deuda pública a corto), que son instrumentos para financiar el déficit del sector público. Los compromisos derivados del ANE, y en concreto la revisión salarial, consecuencia de unas alzas de precios superiores a las previstas, serían otro de los aspectos clave de una política de rentas promovida por el Gobierno actual. El programa de racionalización de la Seguridad Social y algún capítulo tan viejo y emocional como el destino de Nervacero, con su incorporación al INI o su reestructuración dentro del sector privado, también deberían recibir alguna respuesta antes del 28 del próximo mes de octubre. Los presupuestos, se dice por fuentes responsables del Ministerio de Hacienda, se han elaborado por los servicios técnicos de la Administración. Es decir, existe un borrador con las diversas partidas rellenadas con cifras. Pero los presupuestos son el instrumento clave de la política económica del Gobierno a corto plazo y su planteamiento constituye la referencia esencial de la actuación pública para el sector privado. Además, los responsables del actual Gobierno y las autoridades monetarias se han lamentado en público repetidamente sobre la absoluta necesidad de reducir los déficit mediante una mejor organización de los gastos y un aumento de los impuestos, en especial los indirectos, que gravan el consumo. Durante su mandato, las correcciones no han conseguido enderezar la tendencia de un déficit creciente. Esto ha repercutido de manera desfavorable en el ritmo de crecimiento de la inflación, en el nivel muy elevado de los tipos de interés y en el déficit del sector exterior. Pero, además, la actitud de complacencia respecto a quienes solicitan la ayuda del dinero público ha mantenido un clima general incompatible con la grave crisis económica que afecta a un país con unos dos millones de trabajadores en paro y absolutamente reacio a iniciar inversiones productivas generadoras de empleo. El Gobierno abandona la escena de las responsabilidades sin el más mínimo compromiso.La revisión salarial, consecuencia de una inflación superior a la prevista, ha sido comunicada por la comisión de seguimiento del ANE. El Gobierno participa de este examen, pero, por supuesto, no debe tratar de imponer un criterio unitario y se ha limitado a dar su interpretación. Por un lado, ésta coincide con la de las organizaciones sindicales al aceptarse una fórmula de revisión que ajuste las alzas salariales al mayor incremento de la inflación. Por otra parte, su planteamiento como empresario condiciona las revisiones salariales a lo establecido en los diversos convenios que dentro del sector público se hayan pactado con los trabajadores. La Administración recuerda así que el ANE es sólo una referencia -criterio de revisión-, pero que legalmente es el convenio el que determina a quiénes se aplica la revisión. En cuanto a los funcionarios y pensionistas, sus retribuciones no están sujetas al ANE y su revisión daría lugar a un aumento del gasto público, que tendría que ser propuesto por el Gobierno y aprobado por el Congreso. La falta de un criterio sobre los próximos presupuestos impide conocer cuál sería la actitud del Gobierno actual sobre este punto.
La cobertura de una parte del déficit del sector público mediante la emisión de deuda y pagarés es un aspecto técnico que no parece que presente dificultades insalvables. El problema es el coste de las emisiones, es decir, el nivel de los tipos de interés, que resulte lo suficientemente interesante como para atraer el ahorro de los particulares y los fondos de las entidades de depósito hacia este tipo de emisiones. La debilidad de la demanda de crédito y la falta de activos financieros atractivos contribuirán a canalizar, en cualquier caso, el dinero hacia títulos con una buena rentabilidad y la garantía del Estado.
Simultáneamente existe una infinidad de problemas específicos, empezando, por ejemplo, por la cuantía y modalidad de las ayudas por las consecuencias de la sequía y la lista de sectores y empresas en crisis. Pero, en definitiva, si los aspectos cotidianos de funcionamiento del aparato económico no aparecen comprometidos, el Gobierno se dispone a abandonar la escena política sin haberse pronunciado ni afrontado con claridad los problemas de una economía estancada con un alto nivel de paro y que ha renunciado a la inversión, un endeudamiento exterior creciente -aun cuando haya mejoras marginales en las exportaciones y en el turismo- y unos precios que suben más rápido que en los países competidores de nuestras mercancías. Mientras, sigue sin corregirse un déficit del sector público que, paradójicamente, se denuncia por quienes ejercen la responsabilidad de la política económica.
