Piden tres meses de arresto a un independentista valenciano por presunto desacato

El juicio por presunto desacato que llevó ayer al banquillo de los acusados al dirigente independentista Josep Guía, del Comité Ejecutivo del Partido Socialista de Liberación Nacional de los Países Catalanes (PSAN), quedó visto para sentencia en la Sección Primera de la Audiencia de Valencia. Mientras la defensa solicitó la absolución para el acusado, el ministerio fiscal reiteró su petición de tres meses de arresto mayor y multa de 20.000 pesetas, con arresto de veinte días en caso de impago.

El juicio había despertado solidaridad en medios políticos y profesionales por considerar que la difusión de carteles dirigidos contra el gobernador civil de Valencia, José María Fernández del Río, es reconocida por la legítima libertad de expresión que recoge la Constitución española. Un centenar y medio de profesores universitarios expresaron en un escrito su apoyo a Guía, doctor en Matemáticas, por entender que es razonable denunciar Ia escandalosa tolerancia con las agresiones fascistas"', mientras los grupos políticos de Herri Batasuna y Agrupament d'Esquerra del País Valenciano enviaron comunicados de solidaridad.La Audiencia de Valencia juzgo la actuación de Josep Guía de presunto desacato a la autoridad gubernativa, a raíz de su responsabilidad, en la colocación de carteles que presentaban la figura del gobernador civil de Valencia contemplando la plaza del País Valenciano, en cuyo centro se encontraba otra figura con simbología fascista y armada. El cartel reproducía las frases "Gobernador español, vete a Madrid" y "Basta de represión al catalanismo, basta de terrorismo fascista y blavero".

El abogado defensor, Francesc Candela, militante del PSAN y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandía (Valencia), mantuvo en el curso del juicio qúe su defendido había actuado por razones de crítica política, sin ánimo de injuriar ni de difundir expresiones duras o deshonrosas contra el gobernador.

La defensa argumentó que cuando se produjeron los hechos juzgados, en la madrugada del 22 de noviembre de 1981, "existía una situación provocada por el mismo gobernador, que llevó a los partidos políticos a pedir insistentemente su dimisión". En efecto, desde la toma de posesión de Fernández del Río, en junio de 1979, sucedieron ese mismo año los incidentes del Día del País Valenciano, con agresiones a diversas autoridades de partidos de la izquierda, y el encierro de alcaldes en la población de Quart de Poblet (Valencia) para protestar contra las agresiones al entonces presidente del Consell, Josep Lluis Albinyana, por parte de grupos de ultraderecha contrarios a la posición autonomista del ex líder socialista. El senador del PSPV-PSOE Álfons Cuco, según recordó el letrado, se hizo incluso eco de este descontento al presentar una interpelación parlamentaria para clarificar las actuaciones de la autoridad gubernativa.

El letrado Candela concluyó su defensa con citas a diversos artículos de la Constitución que reconocen el derecho de personas y grupos políticos a ejercer la crítica públicamente por razones ideológicas.