La JUJEM y la crítica de la sentencia

LA JUNTA de Jefes de Estado Mayor ha cursado una orden general extraordinaria, destinada a las unidades militares pero filtrada a la Prensa, para salir en defensa del Consejo Supremo de Justicia Militar y rechazar "los comentarios y. críticas desfavorables" de la sentencia que ha condenado por rebelión militar, conspiración para la rebelión o ayuda a la rebelión a veinte generales, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas, pero que ha absuelto a otros acusados de rebelión, entre ellos, a los tenientes de la Guardia Civil asaltantes a tiros del Congreso. El documento recuerda que la misión de las Fuerzas Armadas es la defensa de la Corona, el ordenamiento constitucional y la legalidad vigente; ratifica su respeto por la independencia del poder judicial; señala que el Consejo Supremo de Justicia Militar se ha limitado a actuar dentro de¡ marco de competencias que las normas del Parlamento le atribuyen; reconoce que sólo la sentencia firme del Tribunal Supremo -al resolver sobre los eventuales recursos de casación- tendrá carácter definitivo, y subraya que todos estarán obligados a acatar en el futuro el fallo del órgano máximo de la jurisdicción ordinaria. La JUJEM también indica que "considera improcedente todo comentario de cualquier género que entrañe menosprecio a la actuación del Consejo Supremo de Justicia Militar", ya que esas críticas desdeñosas no sólo afectan a la institución militar, sino que también atentan contra el respeto que merece la independencia de la función judicial.La publicación de la sentencia ha dado origen a numerosas actitudes críticas, en las que la indignación y el apasionamiento se han mezclado con los análisis políticos o jurídicos; y con la protesta legítima de los ciudadanos, que se sienten perjudicados en sus intereses y amenazados en su condición de tales por la. excesiva benevolencia (le determinadas penas y por la absolución de algunos de los asaltantes de las Cortes. Todo ha valido aquí, y algunos han rendido también tributo a su pertinaz y jaquetona nostalgia del pasado , tratando de sustituir la racionalidad de los análisis por los valores bélicos de una especie de guerra de la señorita Pepys. Para mostrar lo inciertas que son las fronteras entre el amor propio herido y la hipocresía política, baste como botón de muestra que los españoles no nos hayamos enterado, hasta cinco días después de que fuera hecha pública la sentencia, de que un cuñado del propio Calvo Sotelo fue herido de bala por los guardias civiles que dispararon en el Palacio del Congreso. El ocultamiento de este dato afecta lo mismo a la instrucción del proceso que al desarrollo del juicio, y el presidente del Gobierno está obligado a dar una explicación sobre su eventual complicidad en ese acto de obstrucción a la justicia. No estaría de más que los asesores jurídicos de Calvo Sotelo le informaran de que la ley de Enjuiciamiento Criminal castiga con multa a quienes no denunciaran la perpetración de un delito público que hubieran presenciado o del que tuvieran noticia. La existencia de un herido de bala resulta un hecho jurídico de determinante importancia a la hora de calificar el uso de las armas. Y, en cualquier caso, es indignante esta nueva muestra de falta de valor cívico por parte de quienes más directamente estuvieron encañonados por los rebeldes. Cobardía moral que sólo beneficia a los intereses golpistas. -

En este contexto de recelos y sobresaltos, un mensaje de la JUJEM dirigido al universo castrense, tal y como se deduce de su alusión a la "moral de nuestros subordinados", podría ser peligrosamente interpretado como una orden dictada a la sociedad civil por una alta instancia militar a fin de impedirle cualquier crítica sobre la sentencia. El Ministerio de Defensa y la JUJEM deben explicitar si la filtración pública de un comunicado interno pretende tener dicho carácter intimidatorio o, antes bien, proviene -como nos tememos por los canales utilizados para su difusión- de sectores afines a los responsables del 23-F, que tratan por todos los medios de ahondar el enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y sociedad civil a base de este tipo de manipulaciones. Desgraciadamente, las inconcebibles declaraciones del propio presidente de la JUJEM a la revista Reconquista pueden abonar la tesis de quienes temen que la nota en cuestión haya sido redactada no sólo para evitar los conatos de insubordinación que se hayan podido registrar en los cuarteles ante la dureza de la pena contra el rebelde general Milans, sino también para amedrentar a la sociedad civil, que ha exteriorizado su protesta por la lenidad de las condenas contra otros implicados. En este último caso, que preferimos suponer inexistente, el documento incurriría en una abierta y aparatosa contradicción lógica, ya que ese ordenamiento constitucional que las Fuerzas Armadas tienen como misión defender protege la libertad de expresión de los ciudadanos, y ese poder judicial, cuya independencia la JUJEM dice respetar, ha reconocido que "las resoluciones judiciales pueden y deben ser objeto de críticas de toda índole... en su contenido, materia, trámite y cualquier otra faceta..., e incluso lo deben ser en cuanto acicate y fomento de una perfectibilidad a la que los órganos judiciales deben siempre tender por su propio espíritu". Una cosa es que el Gobierno se haya excedido al arropar su encomiable decisión de interponer el recurso de casación con imprudentes presunciones jurídicas y otra muy distinta que se pretenda arrebatar a los ciudadanos su derecho a discrepar, en todo o en parte, del fallo, que por lo demás debe ser acatado en su integridad por los integrantes de los institutos armados.-