Roig Muntaner: "El proyecto de ley de bases pretende que la investigación pase a ser política de Gobierno"

La investigación en España ha permanecido en los últimos años en una situación de expectativa ante unos cambios calificados de necesarios y urgentes que no han llegado a cuajar, a pesar de ser anunciados reiteradamente. El aumento de fondos -considerados unánimemente insuficientes, y que actualmente se cifran en un 0,4% del producto nacional bruto- no ha ido acompañado de una definición de objetivos. Ahora se anuncia la elaboración de un proyecto de ley de Bases de la Investigación Científica y Técnica que pretende acometer la reforma de la estructura investigadora en España y plantear la investigación como política de Gobierno, de forma unitaria. Antonio Roig Muntaner, director general de Política Científica, explica esta reforma.

Pregunta. ¿Cómo surgió la idea de la ley de Bases de Investigación Científica y Técnica, y en qué etapa se encuentra el anteproyecto?Respuesta. Es una iniciativa del ministro de Educación y Ciencia, Mayor Zaragoza-, que al día siguiente de tomar posesión, en diciembre pasado, me pidió que pusiera en marcha el tema. Hablamos de los criterios, y como metodología decidimos reunir una comisión de expertos, durante los meses de diciembre y enero. Finalmente nos encerramos en el parador de Sigüenza y de ahí salió el llamado documento de Sigüenza, un documento de partida simplemente. Luego se pasó a la redacción del articulado, y se envió a toda la comunidad científica para que nos enviaran comentarios, sugerencias, ideas, críticas...

En un tiempo muy breve hemos recibido gran cantidad de sugerencias, y tengo que decir que lo interesante es que ninguna de ellas representaba una oposición global a la ley. Además, hemos detectado gran interés en la comunidad científica por el tema. El borrador ahora se encuentra terminado, y en manos del ministro.

P. ¿Qué plazo se ha dado para su presentación, primero al Gobierno y luego al Parlamento? No se puede olvidar el antecedente del Plan Trienal de Investigación, que nunca llegó a aprobarse, y que se elaboró en 1978, precisamente cuando el actual ministro, Mayor Zaragoza, era presidente de la Comisión Asesora de Investigación?

R. Bueno, eso es algo que no me compete a mí, lógicamente. Sé que existe gran interés, dado el corto plazo en que se ha elaborado el anteproyecto. En cuanto al Plan Trienal, puedo decir que se pensó que era más razonable mejorar la estructura de la investigación, antes de, simplemente, dedicar más dinero a unas actividades que no estaban bien definidas. De todas formas, en investigación los planes no se pueden hacer de año en año, porque lamayoría de los trabajos se realizan a lo largo de varios años. El anteproyecto contempla una posible solución, los planes plurianuales deslizantes. Pero no se ha renunciado al Plan Trienal, aunque éste tome otra forma.

P. ¿Cuáles son las características de la ley?

R. Es una ley muy breve, una ley de bases. Quizá lo más importante es que se trata de conseguir que la investigación pase a ser política de Gobierno. Que sea el Gobierno, y no un solo ministerio, o cada uno de los ministerios sin coordinación, el que decida si se ha de hacer investigación y cómo. De esta forma se plantea toda la política de investigación, incluidos los presupuestos. de forma unitaria. Es una ley gradualista, puesto que los centros de investigación actuales permanecen tal como están, y seguirán dependiendo de los organismos de que dependen ahora, aunque en el futuro los organismos ejecutivos previstos en la ley puedan lógicamente introducir todos los cambios que quieran en la estructura de la investigación en España. No se trata de cambiarlo todo, sino de crear una serie de instrumentos para que formulen una política científica razonable y administren el dinero que haya.

Hace unos años había muy poco dinero. Ahora ya no hay tan poco, y sobre todo existe una mentalización ciudadana creciente sobre la importancia de la investigación. Si, como esperamos, se incrementará en los próximos años el presupuesto destinado a estos temas, tiene que haber unos órganos que decidan, primero, en qué campos interesa más gastarlo, lo que denominamos prioridades, y luego, cómo se gasta.

En concreto, como en la mayoría de los países, se crean organismos a tres niveles. En primer lugar, existe un secretario de Estado para Investigación Científica y Técnica, adjunto a la Presidencia del Gobierno, de la que dependerá directamente. Se crea también una Comisión Nacional de Investigación Científica y Técnica, en la que participarán ministerios, comunidades autónomas, sectoires económico-sociales, asistida por un Consejo Asesor, formado por personalidades científicas nombradas a título personal por el presidente del Gobierno por un período de cuatro años.

Todos los años el Gobierno deberá presentar un plan anual al Parlamento que contenga lo que se hizo el año anterior y lo que se pretende el año próximo, con los presupuestos destinados a investigación, que irán incluidos en la ley general de Presupuestos. El tercer nivel lo constituyen los centros de investigación.

Las prioridades

P. Las prioridades en investigación es un tema del que se habla desde hace años, sin resulta dos concretos. ¿Se está haciendo ya algo en este campo o se esperará a que exista la nueva estructura?

R. Ya se está haciendo, porque la actual Comisión Asesora -el único organismo que hay-, que este año dispone de un presupuesto de 8.500 millones de pesetas para programas de investigación, es la que desempeña las funciones de primer y segundo nivel de que hemos hablado antes, y está trabajando en este tema. Muy recientemente se ha creado la figura de los programas especiales, de los que hay tres aprobados y otros ocho o diez en estudio. Definen objetivos prioritarios, a desarrollar en un programa que consta de varios proyectos y subproyectos, con un presupuesto y un plazo determinados.

P. ¿Qué campos de investigación interesan al país, según estos programas especiales?

R. Se ha aprobado un programa sobre agroenergética, por valor de 2.000 millones, a realizar en cuatro años. Pretende el desarrollo de fuentes de energía alternativas aplicables a la agricultura, acciones encaminadas al ahorro de energía en el campo y el estudio sobre fermentaciones, para aprovechar desechos y también las de productos vegetales cultivados especialmente para este fin.

Otros programas se refieren a la generación y uso de bancos de datos, la acuicultura -cría y cultivo de pescados y moluscos-, estos dos ya aprobados; la industria del titanio, el estudio de la litosfera, la industrialización en la construcción de viviendas, la microelectrónica, la fisica de altas energías, la biología molecular y la técnica ferroviaria, por citar sólo algunos.

P. ¿Cómo quedan afectados los centros de investigación en la ley?

R. Ya he dicho que permanecen con su actual estructura, pero se define su régimen jurídico, y se da al Gobierno un plazo de un año para aprobar un estatuto del personal al servicio de los organismos de investigación con unas ciertas bases, entre ellas mayor flexibilidad en la contratación, horarios... Se prevé también un mayor control y seguimiento de las investigaciones realizadas con fondos públicos, con todos los matices que sea necesario, pero de forma que los equipos de investigadores deban responder de su trabajo.