Veintiséis médicos defensores de la sanidad pública, sancionados por el Insalud de Las Palmas
Un total de veintiséis médicos de la residencia de la Seguridad Social de Las Palmas han sido represaliados por defender los intereses del sector público, y oponerse a la política actual de la Delegación Provincial de Insalud, dominada por un poderoso grupo de médicos con fuertes intereses en la medicina privada canaria.
Uno de los doctores represaliados es el jefe del servicio de anatomía patológica de la residencia, Antonio Aguacil, al que le han abierto expediente disciplinario con el propósito de despedirle. Todos sus compañeros coinciden en afirmar que los cargos que le imputan son infundados y sólo tienen el calificativo de calumnias. El propio Antonio Aguacil, que fue nombrado presidente de la Asociación Pro Hospitales Públicos de Las Palmas, asociación que lleva once meses en el Gobierno Civil esperando ser registrada y ya ha servido de modelo para otras creadas en España, ha manifestado a este periódico que «nunca he sabido de qué se me acusaba» y que tiene el propósito de presentar una querella por las calumnias que figuran en el expediente contra su persona.Por otro lado, el resto de los doctores han sido sancionados por firmar una carta publicada en la Prensa local, en donde argumentaban que los médicos con intereses en clínicas privadas no deberían ocupar cargos públicos. Al mismo tiempo, hace unos días fue llamado a declarar por la dirección de Insalud el doctor Diego Falcón, jefe del servicio de radiología de la residencia y miembro del comité de empresa, por hacer unas manifestaciones a Televisión Española en Canarias sobre la situación penosa de los ambulatorios.
La raíz de este problema se remonta al año 1979, cuando la dirección de la Delegación Provincial de Insalud deja de estar en manos de funcionarios públicos para ser ocupada por médicos privados. Es cuando se produce el nombramiento de director de la residencia de la Seguridad Social al doctor Luis Martel, anestesista de la clínica San Roque y relacionado con otras iniciativas sanitarias de carácter privado. También es nombrado director del Hospital Materno-Infantil, que entrará en funcionamiento el próximo año, el doctor Ricardo Rueda, que es jefe del departamento de tocoginecología de la residencia de la Seguridad Social y, al mismo tiempo, propietario de un centro médico privado, accionista de la Clínica Cajal y delegado provincial del partido Fuerza Nueva. Y, por último, el pasado mes de julio era nombrado director provincial de Insalud al doctor García-Talavera, que es jefe de unos laboratorios privados que se encuentran a menos de cincuenta metros de la residencia de la Seguridad Social.
No deja de resultar paradójico que el juez-instructor nombrado en Madrid sea miembro del partido Fuerza Nueva y que figuró en las listas de las últimas elecciones generales de Unión Nacional. Asimismo, el doctor, al que se pretende despedir, denunció una serie de irregularidades entre diversos departamentos de la residencia de la Seguridad Social y las clínicas privadas mucho antes de estos nombramientos.
En los círculos sanitarios de Las Palmas existe gran indignación ante el expediente disciplinario que se ha abierto contra el doctor Aguacil, debido a su trayectoria como profesional de la medicina. Formado en la facultad de Madrid, y tras dos años de la clínica de Puerta de Hierro, Antonio Aguacil se especializó como patólogo en la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, en donde residió cuatro años. En 1976, regresa a Las Palmas, donde es nombrado jefe del servicio de anatomía patológica, que alterna con la docencia en el Colegio Universitario de Medicina de Las Palmas.
