Política y formación científica
Una sociedad industrializada es consciente de la necesidad de la investigación para mantener su posición en un mundo tecnológicamente acelerado y evitar el neocolonialismo económico. Una Europa en crisis repite hasta la saciedad que la única salida viable consiste en un incremento previo de los programas de investigación y desarrollo: consecuentes con el planteamiento, los países de Europa occidental dedican entre el 1% y el 3% de su producto nacional bruto a los gastos de investigación y desarrollo. Mientras tanto, en España apenas se alcanza el 0,4%, cifra que sólo supera a los de Grecia y Portugal, y ni siquiera llega al 50% de la de Irlanda.Pero, en el mejor de los supuestos, el aspecto económico del problema podría solucionarse sin que ello repercutiera a corto plazo en resultados tangibles. Una investigación eficaz precisa de financiación e investigadores: y aquí, en la formación de personal investigador, radica el mayor escollo, máxime si se reflexiona sobre el período, necesariamente largo, que la preparación de un científico entraña. Una política de investigación y desarrollo en España precisa de una decisión política de estrategia a largo plazo, que implique directamente a la universidad y a sus cuadros actuales y futuros. Es urgente primar la presencia de jóvenes doctores en comunidades científicas más avanzadas para completar su formación. Es indispensable no sólo su formación en sociedades tecnológicas de vanguardia, sino asegurar su regreso y dedicación futura a la investigación en España.
Es preciso no crear barreris para quienes han comprendido que su formación en un centro extranjero era científicamente vital, y a la hora de plantearse el regreso se encuentran en situaciones administrativas de desventaja desfavorables.
Indudablemente, todo ello supone la existencia de una política de formación científica que, en nuestro caso, habría de inscribirse en la necesaria reestructuración de la universidad que la futura ley de Autonomía Universitaria hiciera posible.
Y, de verdad, el actual proyecto de la LAU, ¿hasta qué punto el título VIII, del profesorado, contempla estos supuestos? ¿En qué medida «la ley es progresiva y ayuda al cambio que la universidad necesita», de manera que, «con la aprobación de la ley de Autonomía Universitaria, pueda existir el marco jurídico suficiente para que la universidad y todos los universitarios puedan emprender la marchá del cambio y de las reformas que la realidad exige», según declaraciones del diputado del PSOE Peces-Barba, al diario EL PAIS, el 6 de septiembre pasado?
Con independencia de que la LAU se parezca más a un reglamento que a una ley orgánica, y de que la competencia en materia educativa reconocida a la comunidad autónoma vasca, en el Estatuto de Guernica, queda reducida a extremos ridículos e inadmisibles -pero este será tema de otro artículo-, muchos de los defectos actuales existentes de facto en la contratación del profesorado en las universidades españolas quedan consagrados. Como botón de muestra, la disposición transitoria cuarta bis (nueva) dice lo siguiente: «Quienes a la entrada en vigor de esta ley sean profesores no numerarios, con cinco años de antigüedad como doctores, e igual plazo de experiencia docente ininterrumpida como tales, podrán ser contra tados con carácter permanente co mo profesores adjuntos por la universidad, sin necesidad de obtener la habilitación estatal». De esta manera, jóvenes doctores que hayan acudido a ampliar estudios en centros de reconocido prestigio internacional, incluso quienes tras tres o cuatro años de permanencia en la universidad optan por su perfeccionamiento en el extranjero, quedan automáticamente penalizados, pues no es posible aplicarles -ni con cuentagotas- la disposición transitoria duodécima (nueva). Cierto que el problema de contratados en las universidades españolas es grave, pero cuanto antecede no es muestra de progre sismo ciertamente, sino de demagogia e irresponsabilidad.
Contratación de profesorado
La habilitación del profesorado aparece como una superación del concurso-oposición, y un paso necesario para participar en los concursos de adscripción de plazas concretas de las plantillas de las universidades públicas o para ser contratado con carácter permanente por una universidad. Ciertamente no es una forma ideal de contratar profesorado, pero tal vez no haya hoy por hoy otra solución. Pero, aceptada la fórmula, es de todo punto imprescindible realizarla con criterios exclusivos de estricta calidad científica. Nada mejor para comprobarlo que admitir la posibilidad de que en la comisión especial que juzgue las aptitudes de los candidatos puedan figurar profesores de reconocido prestigio internacional, aunque provengan de otros países, y que los curriculum vitae de todos los miembros de la comisión sean públicos.
Por otro lado, ¿por qué no puede presentarse a una habilitación cualquiera todo doctor que lo desee? Allí estaría la comisión para juzgarlo. ¿Por qué, para habilitárse como catedrático, forzosamente ha de pertenecer al cuerpo de profesores adjuntos, o -con tres años de docencia- a los de catedráticos de escuelas universitarias, catedráticos de bachillerato, profesores numerarios de formación profesional, o investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas? ¿Por qué una equiparación administrativa entre cuerpos tan diversos y diferentes? Si el motivo es que todos ellos han de ser doctores, en ese caso ábrase a todos los que ostenten tal grado la posibilidad de acceder a la habilitación, sin excluir a doctores que, o bien se encuentren en proceso de perfeccionamiento en centros de reconocida solvencia, o desempeñen en su función docente en situaciones diversas. Pero en la LAU se va más lejos: incluso reglamentariamente se podrá regular el acceso de quienes no pertenezcan a los cuerpos docentes del Estado, dejando al arbitrio del responsable de turno la fijación de los criterios precisos. En definitiva: ¿por qué se ponen dificultades a quienes quieren competir? Con estas barreras, muchas de las personas mejor dotadas preferirán sin duda la seguridad de una plaza vitalicia desde muy jóvenes a la posibilidad de un perfeccionamiento largo y en condiciones precarias, sin ninguna garantía de inserción en la universidad. El hecho resulta perjudicial para la investigación científica y para el intercambio de profesores entre universidades españolas y extranjeras.
Se debe contemplar -y eso no aparece más que timidamente y en condiciones restrictivas, cuando debiera hacerse con júbilo y sin temor- la atracción de científicos extranjeros de primera línea que ayuden a elevar rápidamente el nivel de investigación española. En este sentido, conviene recordar que en este país se importa de todo menos cerebros, que son quienes a largo plazo pueden salvar la balanza de pagos. Recordemos también que la ciencia norteamericana se edífica, en buena medida, sobre las espaldas de los científicos europeos que huyeron del terror nazi y que Francia ha sido grande en lo científico, pues siempre ha sido liberal en la contratación de investigadores de otros países.
es parlamentario del Grupo Nacionalistas Vascos en el Congreso.
