¿Se manipula la información alimentaria al consumidor?

El casi centenar de muertos y los millares de personas que han perdido la salud por culpa de la toxicidad de aceites hasta ahora inocuos, sólo constituye un signo del gravísimo problema de fondo que nadie puede eludir: la previsión, la tutela, el aseguramiento y la garantía de la salud pública falla por todas partes y clama por el más urgente y definitivo remedio.No está en cuestión uno o más ministros, este o aquel organismo autónomo, tales ayuntamientos. Es el sistema mismo.

Mi conciencia está tranquila. Vengo clamando sin cesar desde hace siete años, cuando estaba en borrador el que luego fue programa preliminar para la información y protección de los consumidores, aprobado por las Comunidades Económicas Europeas en abril de 1975. El primer derecho de los consumidores es el de la protección de la salud y la seguridad. Una salud que puede ser puesta en peligro por alimentos, cosméticos y detergentes, utensilios y bienes de consumo durables, automóviles, textiles, juguetes, sustancias peligrosas, objetos que entran en contacto con los productos alimenticios, medicamentos, abonos y productos antiparasitarios, productos para uso veterinario, así como de nutrición animal.

El primer gran tema fueron los estrógenos utilizados en la crianza del ganado vacuno. A mi iniciativa, la organización que yo fundé y presidí hasta el pasado mayo respondió el boicot europeo. Me dirigí a los titulares de Agricultura, Economía y Comercio, Sanidad y Administración Territorial. Elevé un escrito al Congreso de los Diputados, en cuanto defensor del pueblo, cuya ley orgánica estaba todavía en trámite. El Congreso no respondió. Ahora, en vigor la ley, el puesto todavía se encuentra esperando un titular. Acudí también al Poder Judicial y en el Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional se halla mi denuncia.

En noviembre de 1980 visité, en su despacho oficial, al presidente del Senado, pidiéndole se constituyese en la alta Cámara una comisión investigadora que abordase a fondo el problema de la salud de los españoles. La iniciativa se acogió con el mayor interés y fue aceptada. Un dossier de documentos procedentes de otros países fue inmediatamente remitido a la misma autoridad y allí quedó.

Las dos cámaras han emprendido sus vacaciones sin deliberar sobre la intoxicación que ha hecho miles de víctimas entre nosotros y cada día alcanza cotas mayores y más incrementos.

Los aspectos penales de la masiva intoxicación están ya en manos de la justicia. Fui yo quien abrió ese camino el día 13 de junio, sólo dos días después de que las autoridades sanitarias abandonasen la tesis de la neumonía atípica para asumir la del envenenamiento vía aceite.

Hoy me encuentro con la responsabilidad de dirigir a más de mil perjudicados. La historia penal española no había conocido hasta ahora un número tan alto de querellantes. Estando el asunto sub júdice, cuanto conozca a partir del día 8 del corriente mes, al tener acceso a los folios sumariales, me obligará a guardar secreto. Sabré entonces lo que ha llevado al juez a dictar autos de procesamiento y prisión. Conoceré los términos de la querella del ministerio fiscal, posteriores a mi denuncia, y los hallazgos de la Policía Judicial. Los españoles deben saber que juzgado, ministerio fiscal y policía trabajan intensa y eficazmente en el marco de una increíble penuria de medios personales y económicos, que espero sea resuelta por los órganos administrativos competentes. Cuando se tramite la prueba documental pública que he pedido y me ha sido admitida, estaré en condiciones de acusar a quienes crea responsables. Pienso que no están todos los que son ni son todos los que están. Me resulta muy duro aceptar que los vendedores ambulantes, que iban piso por piso ofreciendo su mercancía, los del puesto en el mercadillo, la galería municipal y los pocos comercios que han intervenido en la distribución del veneno sabían a ciencia cierta que estaban sembrando la muerte y la enfermedad. Pero pueden estar seguros los deudos de los fallecidos, los familiares de las restantes víctimas, y el pueblo español, que no me temblará la mano al pedir el justo castigo. Mucho más benévolo que cuantos han sugerido en las reuniones de Madrid, Valladolid, Palencia y León, algunos de mis clientes, que han pedido el restablecimiento de la pena de muerte, la aplicación de la ley Antiterrorismo y, dando un salto atrás de muchos siglos, hacer tomar a los responsables el producto venenoso que vendieron o suministraron como aceite de oliva.

Dejo también al margen las responsabilidades de orden político. Los que me han confiado sus intereses, y creo que el gran colectivo de enfermos actuales y futuros, son de muy diversa significación política, y no quieren politizar su dolor, su indignación, sus reivindicaciones. Cada cual debe examinar su propia responsabilidad, y el Parlamento, el Gobierno, las autoridades todas, la exigencia de responsabilidades políticas, allí donde estén, que haya incurrido en ellas.

Lo que está fuera de toda duda y emana de textos constitucionales y leyes del mayor rango es que la Administración pública, toda ella, de arriba abajo, está cuestionada.

Cumplir la Constitución

El artículo 51 de la Constitución manda a los poderes públicos garantizar la salud de los corisumidores, protegiéndola mediante procedimientos eficaces. El artículo 43 atribuye a los, poderes públicos «organizar y tutelar la salud pública, a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios». El artículo 41 del propio texto constitucional impone a los poderes públicos mantener «un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes».

Por su parte, el título IV de la ley de Régimen Jurídico de la Administración, de 17 de marzo de 1973, reconoce en favor de los particulares el derecho a ser indeinnizados por el Estado, de toda lesión que sea «consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos,... » (artículo 40). El artículo 43 añade: «Los particulares podrán también exigir a las autoridades y furicionarios civiles, cualquiera que sea su clase y categoría, el resarcimiento de los daños y perjuicios que a sus bienes y derechos hayan irrogado por culpa o negligencia grave en el ejercicio de sus cargos».

Por tanto, no es necesario, y menos indispensable, acudir a la responsabilidad civil derivada de la penal, para lograr el resarcimiento de los perjuicios, quebrantos y daños que han sufrido las víctimas de esta catástrofe nacional, para obligar a la Administración a que respdnda de las consecuencias dañosas, que no se habrían producido sin los errores, omisiones, descuidos y negligencias administrativas, que forman un conjunto absolutamente indefendible. El tóxico ha entrado con licencias de importación, ha sido desnaturalizado en el exterior o en la aduana espanola, ha sufrido operaciones industriales en plantas situadas en el País Vasco, Cataluña, Andalucía y Madrid y, tras las maniobras y mezclas que en su día se determinarán, ha circulado a través de canales de comercialización, con forma fraudulenta, sin respetar las disposiciones vigentes hasta llegar a su infeliz destino.

La vigilancia, el obligado control, las cautelas y previsiones más elementales han fallado de forma estrepitosa antes de producirse, el día 1 de mayo, la primera víctima en Torrejón de Ardoz. Sin hacer inventarlo de la cadena de errores nos encontramos ahora con que los pueblos de Castilla y León constituyen un inmenso arsenal, diseminado por doquier, de cantidades fabulosas de aceite tóxico que las autoridades sanitarias nos dicen ahera pueden haber llegado a los dulces, la bollería, las conservas y las matanzas familiares. Si continúa la falta de control y esperan las medidas eficaces, si todo queda a la conciencia de los tenedores, es forzoso temer que ocurran hechos peores todavía.

Y no paran aquí las deficiencias de los servicios. Hasta finajes de julio no se ha hablado de las embarazadas. Comienza agosto sin que sepamos desde cuándo y por quién se empezó la búsqueda de la terapéutica aplicable a unos enfermos. En verdad no hay tales altas en los establecimientos sanitarios, sino meras salidas. Los reingresos son consecuencia mucho más de la enfermadad que de insistir en la ingestión de aceite, que no es fácilmente presumible después del día clave, que es el 10 de junio.

Las autoridades sanitarias y no sanitarias no han abordado los problemas laborales y profesionales, que afloran a la superficie a partir de mayo, y los de control de las ventas. Siguen tolerándose las ventas a granel sin etiqueta ni control sanitario.

Sin embargo, no es únicamente el aceite lo que ha ido mal ni es ése el único peligro para la salud pública. El mayor escándalo aflora en estos mismos días, en que vuelve a salir a la actualidad otra de mis denuncias: me refiero a la ilegalidad del funcionamiento de los mataderos municipales. Más de 2.200 ayuntamientos se han cruzado de brazos durante los cuatro años que les concedió el real decreto que desarrolla el Código Alimentario para ponerse en orden. El día 5 de febrero debían haber sido clausurados. Se les dio un plazo de seis meses... y todavía se pide un año más.

Son esos mismos y otros ayuntamientos, bajo la gestión de las más diversas formaciones políticas, los que no han corregido la ilegalidad de la venta ambulante.

El oran problema de los afectados por la intoxicación es el escuchar una y otra vez que pueden hacer falta años para encontrar un remedio. No hay que esperar que pase más tiempo para determinar y valorar las afecciones que padecen, que no son ligeras ni soportables.

Los poderes públicos tardan también en hacer frente a la situación. Una situación que no puede esperar los años que indudablemente va a comprender la formación del proceso y su terminación por una sentencia definitiva y firme.

Concluyo pidiendo a los señores ministros y al Parlamento que hagan frente a su cometido y a su responsabilidad sin más demora. Tomando las medidas de emergencia propias de una calamidad nacional. Arbitrando recursos. Asumiendo la Seguridad Social la prestación gratuita de la asistencia sanitaria también para los que no son trabajadores por cuenta ajena: trabajadores autónomos, estudiantes, labradores. Me he atrevido a sugerir un camino: no es otro que el de la protección civil. Hay que actuar antes de que sea demasiado tarde. Con medidas eficaces que todo el mundo entienda.