Aprobada la liquidación del Banco del País

La junta de accionistas del Banco del País aprobó la disolución de la entidad por 636.482 acciones a favor y 510.263 en contra. 8.400 acciones se abstuvieron. En la junta, que se prolongó más de siete horas, se observó un claro posicionamiento por parte de dos grupos accionariales enfrentados. El encabezado por Andrés Jiménez Nemesio se alzó con la opción vencedora, y el que capitaneaban las participaciones de los Duque, Seligrat y Martínez Fresneda, que resultaron derrotados en su intención de continuar con la actividad de la sociedad, aunque no pudiera desarrollarse dentro del ámbito bancario.

La cabeza visible de esta segunda opción fue José María Ruiz Gallardón, miembro de la oposición al régimen anterior y actual militante de Alianza Popular en su ala más conservadora, quien concurrió a la junta de accionistas en su condición de tenedor de diez acciones -el mínimo estatutario para tener derecho a voto-, y que reconoció, según diversas fuentes consultadas por EL PAIS, actuar en nombre de los hermanos Seligrat, entre los que totalizan, según los mismos medios, unas 57.000 acciones.Fue precisamente Ruiz Gallardón quien lanzó la idea de que una cosa es que el Banco de España y el Ministerio de Economía condenen a muerte al Banco del País, y otra que sean los propios accionistas de la entidad quienes mansamente acepten la decisión administrativa, que supone «su suicidio».

Las dos opciones se mostraron de acuerdo en dos puntos: primero, en recurrir al expediente administrativo por el que se excluyó al banco del Registro de Bancos Banqueros, y segundo, en aprobar el balance social de la entidad cerrado el 29 de octubre de 1980 y que, ajuicio de algunos accionistas minoritarios consultados por este diario, presentaba algunas partidas no suficientemente claras.

Estas partidas, sin explicitación suficiente, se encontraban fundamentalmente incluidas dentro del epígrafe del activo del balance del banco cuentas diversas, que ascendía en aquella fecha a 849 millones de pesetas, frente a los 415 millones que figuraban en la misma partida en el balance correspondiente al cierre del ejercicio de 1979.

Los 434 millones que separan las dos cifras fueron considerados excesivos por algunos accionistas, y concretamente los socios minoritarios Joaquín García Javaloys, Heliodoro Martín y Sebastián Salvador votaron en contra de su aprobación. Este último, además de votar en contra de la propuesta, se reservó las acciones jurídicas oportunas que se pudieran derivar de estas cifras.

Llegado el momento de nombar los tres liquidadores que le correspondían a la entidad, los otros tres serán designados por el Banco de España, se aceptó la propuesta del también accionista Leopoldo Stampa, que lncluía a Rafael Hernando Sánchez, Baldomero Blasco y Mohamed Esquali. Los dos primeros eran considerados por los asistentes a la junta general como hombres más o menos próximos a las posturas de Jiménez Nemesio, mientras que el último, yerno del jefe de la guardia mora del general Franco, había sido el vendedor de la actual sede social del banco, a cambio de la cual recibió cien millones de pesetas en acciones.

Esta designación contó con la oposición de 506.764 acciones, presumiblemente correspondientes a los títulos del grupo de los señores Duque, Seligrat y Martínez Fresneda.

Junto a éstos se posicionaron los empleados de la entidad, quienes a través de Moraleja, trabajador y accionista, se pronunciaron por la continuidad del banco.

A lo largo de toda la junta estuvo presente un notario, para dar fe de los hechos que se produjesen. Otro hecho que se puso de manifiesto en la asamblea fue la actitud de imparcialidad que adoptó el vicepresidente de la entidad, Alejandro Fernández Sordo.