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Miles de animales protegidos son cazados cada año durante la temporada cinegética

Hoy, domingo 1 de febrero, finalizará la presente temporada general de caza y la paz cinegética reinará de nuevo en nuestros páramos y serranías. Ya se sabe que la tónica de este año, difundida por los círculos venatorios, fue la austeridad. Faltaron piezas para satisfacer las necesidades del ejército integrado por un millón largo de cazadores. Ellos esperaban algo más. Esta actividad, que mueve 30.000 millones de pesetas anualmente, se torna en privilegio de unos pocos, de esos que poseen cotos privados y dinero suficiente para repoblar y cuidar a sus futuros trofeos.

Ahora, cuando la temporada acaba, será preciso hacer recuento y elaborar estadísticas sobre el número de piezas abatidas en las diversas modalidades de caza. También habrá que efectuar averiguaciones para confeccionar esas nefastas listas de especies prohibidas que, sin duda alguna, no figurarán en los conteos finales de ojeos y monterías.Pero vamos a ver, con más detalle, cómo afecta este deporte a los distintos animales amparados por la ley, según se trate de caza mayor o menor:

En la caza mayor, muy vigilada y organizada, sólo se ven afectadas las especies, como el oso y el lince, que verdaderamente se encuentran en peligro de extinción. El oso, muy localizado ya, es objeto de caza por parte de furtivos ganaderos, a los cuales la Administración no les abona sus derechos estipulados, en concepto de indemnización, por daños sobre animales o propiedades. Su población actual no es muy numerosa. Para el conocido naturalista Jesús Garzón, «quedan unos cien en la cordillera Cantábrica», siendo este su último reducto en la península Ibérica.

El lince, en cambio, está muy diseminado por nuestra geografía y no alcanza las densidades óptimas en ningún enclave de los que habita. A pesar de las prohibiciones, debido a la codicia de los monteros, es pieza que figura entre las que, bien ocultas, cargan las caballerías una vez finalizada la montería. Así, a las 25.994 reses abatidas en los cotos privados en la campaña 1979-1980, seguro que habría que añadir unos cuantos linces.

En los Quintos de Mora (propiedad del Patrimonio Nacional del Estado), se cogen, según los propios guardas de la granja experimental sita en el lugar, varios linces y gatos monteses cada año en los cepos destinados a los conejos. Resulta intolerable que en una de las pocas zonas donde aún quedan linces se siga cepeando si ya prevén otros resultados.

La caza clandestina de rapaces

En cuanto a la caza menor, el problema se presenta más complicado. Cada temporada se cazan millones de piezas. Sirva como referencia el que sólo en la región manchega se cobraron 1.250.000 perdices y centenares de miles de liebres y conejos en la campaña pasada. Resulta prácticamente imposible calcular el porcentaje perteneciente a las especies prohibidas, debido a que su muerte suele quedar en el anonimato, tal y como ocurría en la caza mayor. De todas estas capturas clandestinas, las que se llevan la palma son, indudablemente, las aves rapaces, por aquello de que están en contra de la riqueza cinegética, cuestión aclarada y de sobra desterrada por multitud de científicos. Ya es hora de abandonar esta creencia y olvidar a la famosa Junta de Extinción de Animales Dañinos o Alimañas, a la cual debemos el que entre 1954 y 1961 se diera muerte nada menos que a 24.264 rapaces, de acuerdo con los datos del antiguo Servicio de Pesca Fluvial y Caza, que subvencionó y fomentó, incomprensiblemente, las matanzas en este período. Hoy, a pesar de las tintas vertidas, suficientes para esperar su protección por parte de todos, se las sigue matando y queda bien certificado por un estudio de Julio Gisbert, realizado por la Coordinadora para la Defensa de las Aves (Coda), en el cual afirma que «sólo en la provincia de León son abatidas más de 1.700 rapaces cada temporada». En el citado informe figuran como piezas frecuentes la lechuza, el búho chico y el cernícalo, aves de carácter eminentemente benéfico para el hombre, ya que la parte fundamental de su dieta la componen pequeños roedores e insectos. También cita al escaso halcón peregrino y a la majestuosa águila real entre las veintiséis especies que componen la macabra lista de víctimas. Si esto sucede en una sola de nuestras 51 provincias, no habría más que hacer cálculos para obtener una aproximación de la cifra de ejemplares que matan los cazadores anualmente y en toda España. El resultado sería abrumador y desesperante.

Los ojeos de perdices causan un buen número de bajas entre la población de aves de presa. Búhos, buitres, azores -incluso linces-, acosados por los batidores, huyen con presteza, sin percatarse del engaño, hasta que sienten el ardol del plomo en su pellejo. «En un ojeo bien organizado escapan pocos bichos de los que cruzan el cordón de escopetas», comenta Manuel Benito, guarda de un espléndido coto abulense. «Con tiradores expertos no es difícil cobrar varios miles de perdices y centenares de liebres», alega, «todo depende de cómo esté cuidada la caza. Para que abunde, limpiamos antes la finca de alimañas indeseables. Los zorros son una verdadera plaga; aquí se los combate sin tregua, con cepos, veneno y armas de fuego. A las águilas y a los búhos los perseguimos porque destruyen muchas crías. En primavera no hacen otra cosa. Yo he matado azores justo en el momento de atrapar un conejo con sus garras. De todas formas, si no las capturamos nosotros, caerán a la hora de la cacería».

El destino de estas aves, una vez muertas, es diverso. En la mayoría de los casos serán disecadas por algún taxidermista sin escrúpulos, y en el resto, quedarán abandonadas en el campo o colgadas de una cerca para dejar constancia de la encomiable labor del que dice apellidarse cazador.

El daño indirecto de las batidas

Hasta ahora nos estamos refiriendo al aspecto negativo de la caza sobre un cierto número de especies y de una manera directa, es decir, mediante el disparo destinado precisamente a producir la muerte del animal, pero puede ocurrir que ese efecto no deseado se ocasione indirectamente. Esto acontece en muchos cotos privados en los que autorizan la caza de tórtolas o palomas en paso primaveral. «El continuo tiroteo, en fechas clave para la reproducción de especies que crían temprano, como cigüeñas o buitres, interfiere notablemente en las tareas de incubación y eclosión de los huevos, originando abandonos de nidos du-

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rante largos períodos de tiempo, con la consiguiente muerte de los embriones por enfriamiento», asegura L. Sánchez, miembro de un grupo de ornitólogos que actualmente elaboran un interesante informe sobre el particular. «En la primavera pasada», continúa, «dieron al traste con el 40% de las puestas de varias colonias de cigüeñas en zonas donde efectuaron esas tiradas. Nos parece incomprensible que el Icona conceda los permisos para, cazar, sin antes estudiar a fondo el ecosistema para el cual se solicita la autorización»El resto de las especies protegidas se consideran como no afectadas, de manera alarmante, por el ejercicio de la caza. Su captura, ya sea de forma accidental o premeditada, no deja de ser esporádica. Tal fue el caso, denunciado por la Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (Agaden), de tres desaprensivos cazadores de San Fernando, quienes organizaron una masacre de flamencos en las salinas de la mencionada localidad.

Por tanto, nos encontramos ante el evidente hecho de que los cazadores matan especies en peligro o protegidas, y por lo que se ve las seguirán matando, ya que aquí entra enjuego un doble factor: por un lado, la negligencia de los que desconocen la Ley de Caza -que son muchos, por cierto-, para quienes sería conveniente el tan traído y llevado «examen del cazador», y por otro, el afán de lucro de los que se prestan a formar parte de la red dedicada al comercio con los restos de estos animales. En torno a este punto, los ornitólogos han descubierto un tinglado que se caracteriza por el más descarado desprecio hacia las leyes. «Hace tan sólo unos meses encontramos un águila imperial en el laboratorio de un taxidermista, que había sido cazado en los montes del Pardo (finca del Patrimonio Nacional) por uno de sus guardas y bajo encargo de un coleccionista», nos informa Antonio J. García, ecologista y socio de la Sociedad Española de Ornitología (SEO). Para la comprensión de la gravedad de tal hecho diremos que esta magnífica rapaz, cuya distribución geográfica mundial se limita a algunos montes del centro y sur de España, está considerada, por todos los organismos internacionales encargados de la conservación de la fauna, como una de las aves en mayor peligro de desaparecer de nuestro planeta. «Como aquel otro conocido caso», añade, «de un señor canario, dedicado al coleccionismo de esas raras especies, que viene todos los años a la Península para llevar a cabo sus luctuosos propósitos. Este individuo, en la primavera de 1978 y en colaboración con un taxidermista que le localizó el nido y preparó posteriormente sus restos, dio muerte a una pareja de elanios azules -otra de nuestras joyas aladas, cuya situación es tan precaria como la del águila imperial-, sacándolos posteriormente hacia el archipiélago sin, al parecer, ningún obstáculo por parte de las autoridades competentes». Con ejemplos parecidos podríamos llenar muchas páginas, siempre caracterizados por la misma impunidad de sus acciones y el caso omiso a la legislación existente.

Vigilancia y multas

Entonces, ¿cómo solucionar el problema? ¿Cómo proceder para restañar el maltrecho equilibrio ecológico, al menos con respecto a estas especies? Para las asociaciones ecologistas, la única solución viable consiste en vigilar estrechamente a los cazadores, multando con fuertes sumas a los infractores, y propugnan la declaración como «parque nacional o natural» de aquellos parajes donde la riqueza faunística no haya sido esquilmada. Además, culpan al Icona del deplorable estado actual de nuestra naturaleza y declinan sobre este organismo todo tipo de responsabilidades. Pero, a pesar de que tenemos leyes establecidas referentes a la caza y comercialización de las especies protegidas, ¿de qué sirve prohibir su captura, comercio y taxideimia si se las mata en la sólida impunidad del latifundio y de él no salen?, como bien dice Ramón Coronado, del club de cazadores Alcyón. La solución no es sencilla, o al menos factible para llevarla a la práctica. Habrá que apelar a la sensibilidad, ya que la razón y el peso de la ley -bastante ineficaz- no importan demasiado a todo aquel que campea a sus anchas con un arma en la mano.

Estamos, pues, ante un hecho sociológico de gran importancia. Hay un elevado número de adeptos al deporte de la caza, todos ellos con sus respectivos papeles en regia. Papeles en que el total de cazadores españoles gastan más de mil millones de pesetas anualmente, y papeles que, por lo visto, les dan derecho a disparar... pero no contra cualquier cosa que se mueva.

Como conclusión, hay que ratificarse en lo dicho; la caza resulta negativa -incluso catastrófica en algunos lugares- para el correcto desarrollo de las leyes de la naturaleza, porque no existen verdaderos cazadores -éstos son una minoría selecta-, sino «escopeteros» o «carniceros» a los que únicamente les importa «dar gusto al dedo», y no entienden, o no quieren entender el contenido del mensaje que hoy nos envía el alterado equilibrio ecológico.

Aún, por suerte, estamos a tiempo de poner remedio a una situacion que en muy pocos anos sera irreversible, cuyas dramáticas consecuencias nos afectarán a todos.

Animales protegidos por la ley

Según el artículo 23, apartado 2, de la ley de Caza I/1970, de 4 de abril, serán objeto de especial protección las especies de interés científico o en vías de extinción, las beneficiosas a la agricultura, las hembras y crías de todas aquellas que tengan un señalado valor cinegético y aquellas otras afectadas por convenios internacionales suscritos por el Estado español.Por decreto aprobado por el Consejo de Ministros el (lía 21 de septiembre de 1973, se prohíbe la caza en todo el territorio nacional, además del tráfico, comercio, exportación de sus restos, así como de sus crías, de las siguientes especies:

Mamíferos: cabra montés del Pirineo, oso, lince, gato montés, armiño, meloncillo y nutria.

Aves: gavilán, ratonero común, águila calzada, águila perdicera, águila imperial, águila real, águila culebrera, aguilucho pálido, aguilucho cenizo, aguilucho lagunero, alimoche, quebrantahuesos, buitre negro, buitre común o leonado, halcón común o peregrino, alcotán, halcón de Eleonor, esmerejón, cernícalo primilla, cernícalo vulgar, águila pescadora, elanio azul, halcón abejero, milano real, milano negro, azor, búho real, búho chico, lechuza campestre, lechuza común, mochuelo común, cárabo común, autillo, cigüeña común, ciguena negra, calamón común, morito, grulla común, espátula, porrón pardo, malvasía, tarro canelo, focha cornuda y gaviota picofina.

Reptiles: camaleón, tortuga griega y tortuga mediterránea.

Además de estas especies, por orden ministerial de 12 de junio de 1979, queda prohibida la caza del cisne y del flamenco.

Las infracciones serán sancionadas de acuerdo con la citada ley (artículos 43 y 46) y su reglamento, aprobado por Decreto 506/1971, de 25 de marzo (arts. 46.2, 48.1.12 y 48.2.29), referentes a la caza y comercialización de las especies protegidas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 1 de febrero de 1981

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