Intensa actividad propagandística oficial en la víspera del referéndum uruguayo

El presidente uruguayo, Aparicio Méndez, de 76 años, cerró a las nueve de la noche de ayer -una de la madrugada en Madrid- la campaña oficial a favor de la Constitución -que será votada en referéndum el domingo- con un mensaje radiotelevisado a todo el país. Ese mismo día se le habla negado a la oposición el acceso a la pequeña pantalla y blancos y colorados tuvieron que limitarse a organizar un acto unitario por el no en el departamento de Florida.

Finalizaba así una campaña que se ha caracterizado por el uso masivo de los medios de comunicación por parte del Gobierno, mientras la oposición tenla que contentarse con la publicidad boca a boca.Aunque las pequeñas dimensiones de este país, con una población que no llega a los tres millones de habitantes permiten llegar personalmente a casi todo el mundo, no hay que desechar la eficacia de una propaganda avasalladora que durante más de un mes ha dicho a los uruguayos que el voto negativo equivale a volver a la anarquía que el 27 de junio de 1973 condujo a los militares al poder con el autogolpe del presidente Bordaberry.

La oposición se ha tenido que limitar entre tanto a los mítines en locales cerrados, aunque ha utilizado esta estrecha vía tan intensamente que en las últimas cuatro semanas llegó a promover más de un centenar de actos en todo el país (la mayoría de ellos en poblaciones del interior). Resulta sintomático que los partidarios del sí no han convocado ningún acto público en Montevideo.

Pero, a diferencia de lo ocurrido en otros regímenes de fuerza del Cono Sur en similares circunstancias -léase Chile-, la oposición uruguaya tuvo alguna oportunidad, aunque fuera fugaz, de asomarse a la televisión con sus puntos de vista. Un debate celebrado en el canal 4, entre dos partidarios del sí y otros dos del no, reveló de pronto a este país la personalidad de un político colorado desconocido hasta hace sólo un mes, el ex profesor Enrique Tarigo.

La proscripción de sus principales líderes, exiliados en su mayoría, ha obligado a los dos partidos tradicionales a inventar en pocas semanas figuras de repuesto que pudieran explicar al país con solvencia por qué se habían decidido a votar en contra de una Constitución. Este ha sido el caso de Enrique Tarigo, profesor dimitido de la universidad y periodista de vida azarosa en la oficializada Prensa uruguaya.

Frente a la invasión publicitaria favorable a la Constitución en radio, televisión y Prensa, por primera vez la corriente Batllista-colorada publicó ayer en el periódico El Día un primer anuncio a doble página defendiendo el voto negativo.

Disparidad de medios

La desproporción propagandística en medios de comunicación no ha tenido, contra lo que pudiera pensarse, un reflejo exacto a nivel de calle, donde aún hoy es más fácil encontrar pegatinas por el no en los coches y donde las hojas volantes con este mismo signo disputan las aceras a las hojas oficialistas.Pese a la disparidad de medios, la campaña concluye en cierto clima de incertidumbre, algo por lo demás inusual en este tipo de convocatorias electorales. El díario oficialista El País, publicaba ayer un último sondeo de opinión, según el cual un 42% de los electores habría decidido ya el voto afirmativo, un 34% habría optado por el no y un 24% permanecería aún indeciso. El Instituto Gallup manifestaba días atrás que una mayoría de estos indecisos de última hora podrían inclinarse por el voto en contra, ya que la indecisión se entiende aquí que puede ser en muchos casos un recurso para evitar un pronunciamiento público en contra del texto constitucional.

El voto en Uruguay es obligatorio, pero se insiste en que ésta es una tradición del país, que no constituye ninguna innovación. Fuentes opositoras han estimado, que cerca de millón y medio de uruguayos acudirán a las urnas, sobre un censo electoral de 1,9 millones. Quienes no puedan acreditar en el plazo de un mes un certificado médico que justifique su abstención van a exponerse a sanciones administrativas que van desde la retirada de pasaporte hasta la imposibilidad de cobrar pensiones de jubilación o enfermedad. Se subraya que sanciones de esta índole estaban contempladas en la legislación anterior, aunque nunca habían llegado a aplicarse con rigor.