Expedientados varios funcionarios de la prisión de Alcalá de Henares
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha abierto expedientes disciplinarios a un grupo de funcionarios de la prisión de Alcalá de Henares, cuyo número no ha sido precisado, por posible negligencia en su trabajo, en relación con la fuga de diez presos ocurrida el 25 de agosto de este año en dicho centro carcelario. Entre los diez internos fugados se hallaba .el conocido ultraderechista Emilio Hellín, encartado por presunto asesinato en la persona de Yolanda González, militante de un partido de izquierdas, si bien el recluso fue detenido pocas horas después.De fuentes judiciales, EL PAIS ha podido saber que las dos pistolas utilizadas en la fuga fueron introducidas en la prisión a través de un recluso de los llamados de confianza de los funcionarios, que habitualmente suelen encargarse de labores secundarias en el funcionamiento del centro. Dicho preso, cuyo nombre tampoco ha sido facilitado, ha sido trasladado a la prisión de Guadalajara.
La acusación de negligencia a los funcionarios, a los cuales se les ha abierto expediente, está basada en que no cachearon suficientemente al recluso aludido después de que éste recibiera una visita. Las conclusiones de esta investigación -que fue ordenada por el entonces ministro de Justicia, Iñigo Cavero, y proseguida por su sucesor en el cargo, Francisco Fernández Ordóñez- no serán elevadas aún a definitivas, ya que la ley prevé que los funcionarios expedientados tienen la posibilidad de recurrir contra la sanción. Según fuentes ministeriales, es probable que las conclusiones finales no se hagan públicas al menos en el plazo de dos meses.
Por otra parte, la investigación que se sigue por el intento de fuga registrado hace unas semanas en la cárcel de Carabanchel, en la que varios presuntos etarras pudieron utilizar igualmente una pistola y alcanzar la puerta del centro, donde fueron detenidos por un guardia civil de vigilancia de la prisión, no ha alcanzado aún las conclusiones provisionales, y, según fuentes de Justicia va mucho más retrasada que la de Alcalá.
Con ocasión de la fuga de los diez reclusos de Alcalá de Henares, se desató una polémica entre las asociaciones de funcionarios de prisiones y el Ministerio de Justicia, en el sentido de que aquéllos acusaron directamente al Ministerio de que la mayoría de las prisiones españolas no cumplían los mínimos requisitos de seguridad, por lo que podrían producirse nuevas fugas. Requisitos tales como detectores de metales. El Ministerio (que posteriormente dedicó una partida presupuestaria especial para la compra de tales aparatos) contestó que, en cualquier caso, se venía detectando una notable falta de celo profesional en la conducta de algunos funcionarios.
