La cosecha del siglo

SALVADOS LOS escollos meteorológicos, la cosecha de cereales de 1980 se perfila como una de las mejores del siglo; por supuesto, superior a la de 1979. Los agricultores contarán, por otro lado, con el gran aliciente de la compra asegurada de su producción, y además a precios más altos que el pasado año. Porque la Administración española, «mejorando» las leyes de la oferta y de la demanda, no se ha limitado a garantizar la adquisición de todo el cereal cosechado, sino que ha incrementado los precios de garantía de compra entre un 10% y un 12%.Esta generosidad, tolerada por la vicepresidencia económica, tiene, por supuesto, sus justificaciones, con independencia de cualquier propósito electoralista. El comienzo de la negociación fue planteado muy astutamente por el señor ministro de Agricultura, con el argumento de que la campaña 1979, caracterizada por los bajos precios percibidos por los agricultores y una cosecha reducida, había producido un crecimiento muy modesto de las rentas agrícolas. Ahora bien, un factor nada desdeñable de los bajos precios de los productos agrícolas fueron las importaciones alimenticias con incrementos nulos en los precios, motivados por la situación de los mercados internacionales y la apreciación de la peseta. Pero además la población agrícola ha continuado disminuyendo y aumentando su productividad, en tanto que las subvenciones y transferencias recibidas por el sector agrario aumentaban (sólo el saldo de las prestaciones netas de la Seguridad Social percibidas suponen una aportación de unos 160.000 millones de pesetas). Así pues, la renta por persona agrícola no hubiera registrado ninguna pérdida relativa apreciable respecto de los demás sectores productivos. El aumento de precios para compensar la caída de la renta del sector agrario no estaba, así pues, justificado por razones económicas.

Las autoridades económicas arrancaban, por otro lado, en la línea de negociación con la servidumbre de unos pactos salariales con cláusula de revisión vinculada a un incremento de los precios de consumo por encima de un determinado límite. De ahí que en los primeros choques entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura la postura del vicepresidente económico fuera de extrema firmeza. Pero quizá todo fue parte de una tortuosa estrategia negociadora, ya que el real decreto por el que se regula la campaña de cereales ha sustituido la dureza inícial por la generosidad.

En un año con una gran cosecha agrícola en perspectiva, el Eslado debe, ciertamente, mantenerse vigilante y atento para evitar el hundimiento de los precios. Pero, en cambio, no es muy explicable que la Administración, sobre todo en épocas de alta inflación, garantice unas rentas agrícolas (precios multiplicado por cantidad de producto) que van a invitar al resto de los sectores productivos a ponerse en la cola de las prodigalidades gubernamentales. Apurando el argumento cabría incluso preguntarse por qué se tienen que negociar los precios agrícolas con los interesados, lógicamente inclinados a pedir la luna y a optimizar los beneficios. Más correcto hubiera sido fijar unos precios mínimos de garantía que evitaran las catástrofes pero permitieran que por encima de ellos funcionara el mercado.

A diferencia de los decretos que la precedieron, la nueva ordenación cerealista tiene la virtud de separar las regulaciones del mercado interior de los precios de importación. En el pasado, los organismos reguladores, a fin de evitar pérdidas en sus cuentas de explotación, mantenían una correspondencia lógica entre el precio de compra al cultivador y el precio de venta de los productos, los cuales determinaban el importe del derecho regulador a la importación (que hace las veces de un arancel) para los productos -maíz o soja, por ejemplo- procedentes del exterior. Cuanto más altos eran los precios de venta interiores, más elevado resultaba el derecho regulador. Ahora los organismos encargados de la intervención compran al precio de garantía fijado, pero pueden vender a precio de mercado internacional. La gran incógnita es el montante de las subvenciones que el tesoro público tenga que adeudar al FORPPA. En definitiva, todo dependerá de los precios de los productos agrícolas en los mercados internacionales.

Mediante este nuevo mecanismo se pretende también conseguir la reducción al máximo de las importaciones. Aparece aquí la gran incógnita de la nueva regulación. Se ha calculado un excedente de unos dos millones de toneladas, entre cebada y trigo forrajero, al que se confía en dar salida en el mercado interior para disminuir la cantidad de maíz importado. Esto exigirá una gran agilidad por parte del SENPA, que deberá poner a disposición de los ganaderos nacionales, en los puntos y lugares precisos, el trigo y la cebada en condiciones más atractivas que el maíz importado, a fin de conseguir su sustitución. La experiencia del pasado no ayuda, desgraciadamente, al optimismo. Baste con recordar las compras de soja por el SENPA, en 1974, a los mayores niveles de precio, pocos días antes de que se desplomasen las cotizaciones.

La tercera gran objeción contra el decreto es su decisión de aplicar al trigo, como en los felices momentos de¡ Servicio Nacional del Trigo, un mecanismo de protección que implica la desaparición del mercado entre la oferta de productores de este cereal.y la demanda de los fabricantes de harina. La compra de todo el trigo por parte del SENPA supone desincentivar la producción de trigos panificables de buena calidad. Lo único que contará para el productor será el rendimiento tnáximo por hectárea, y los consumidores seguiremos comiendo pan de mala calidad.

En definitiva, el real decreto de 6 de junio, nacido con el loable propósito de evitar el derrumbamiento de los precios agrícolas en una campaña excepcional, ha cometido la temeridad de añadir a un mecanismo de intervención de compras amplísimo una subida sustancial de los precios de garantía. Los efectos inflacionistas serán inevitables por culpa de la actuación de la Administración, que ha desaprovechado la oportunidad de una gran cosecha. Por otro lado, la disminución de las importaciones sin provocar el aumento de los precios de los alimentos procedentes del extranjero, gracias a la habilidad y capacidad del SENPA para sustituir maíz extranjero por trigo y cebadas nacionales, sería altamente positiva; sin embargo, hoy por hoy sólo cabe mantener los dedos cruzados para desear suerte a los redactores del real decreto y, sobre todo, a los consumidores españoles.