El Gobierno da marcha atrás en su propósito de rebajar la edad penal
El Gobierno parece haber dado marcha atrás en su propósito de rebajar la edad penal de los dieciséis a los quince años, si se tiene en cuenta que tres destacados diputados del partido en el poder han presentado sendas enmiendas para que se mantenga la mayoría de edad penal en los dieciséis años y se modifique, en consecuencia, la propuesta gubernamental de rebajarla a los quince años, contenida en el proyecto de nuevo Código Penal.
Desde que el proyecto de nuevo Código Penal fuese presentado en el Congreso, en septiembre de 1979, hasta ahora se ha desarrollado un vasto movimiento de opinión en contra de la rebaja de edad penal que, sin duda, ha hecho reflexionar a los miembros más sensibles del Gobierno y de sus órganos asesores. En estos últimos meses, asociaciones de todo tipo, intelectuales, juristas, pedagogos y psicólogos denunciaron el propósito gubernamental de rebajar la edad penal como un intento equivocado de resolver el problema estadístico del aumento de la delincuencia juvenil.La presentación de tres enmiendas contra la rebaja de la edad penal por parte de otros tantos diputados de UCD es un síntoma claro de que el partido del Gobierno no cree llegado el momento de plantear esta batalla, en la que, por otra parte, se encontraría solo. Todos los restantes grupos parlamentarios, incluida Coalición Democrática, son partidarios de mantener la edad penal en los dieciséis años o incluso elevarla, y con este fin han presentado las correspondientes enmiendas al proyecto de nuevo Código Penal.
También Coalición Democrática
La reducción de la edad penal a los quince años se encuentra en el artículo veintiséis del proyecto de nuevo Código Penal, cuyo apartado tercero establece que está exento de responsabilidad criminal el menor de quince años. Prácticamente todos los grupos parlamentarios, incluidos tres diputados de UCD, han presentado enmiendas al apartado del citado artículo. Los diputados centristas Fernando García Romanillos, Ramón Alvarez de Miranda y Carmela García Moreno propugnan que se mantenga la edad penal en los diecisés años, porque la rebaja exigiría la existencia de «un derecho penal de jóvenes que dé una respuesta específica al problema de la delincuencia juvenil», porque «en la mayoría de los casos los jóvenes entre quince y dieciséis años no tienen plena capacidad de obrar», y porque «no existen suficientes razones sociológicas que motiven rebajar la mayoría de edad penal a quince años».Los argumentos de los otros grupos parlamentarios son todavía más explícitos en defensa de que se mantenga la edad penal en los dieciséis años o que se eleve a los dieciocho, como es el caso de los grupos Socialistas del Congreso, Socialistas de Cataluña y Grupo Andalucista. Coalición Democrática, que puede representar, en principio, los intereses del sector de la sociedad más favorable al mantenimiento del orden público por encima de todo, se opone con fuerza a la reducción de la edad penal, que contradice la constante histórica en España de su progresiva elevación, desde el primer Código Penal de 1822, que la fijaba en siete años. «Cierto que hay delincuentes de quince años tan peligrosos o más que los adultos -se dice en la enmienda' de UCD-, pero justifica tal excepción que se generalice la mayoría de edad penal en los quince años, cuando la crisis de la adolescencia puede estar en la cresta o punto álgido. Si existen algunos jóvenes de quince años muy peligrosos, desde el punto de vista criminal, deben de modificarse tanto los tribunales tutelares de menores como las instituciones de tratamiento, creándose centros de alta seguridad o, en los centros normales, secciones de tal naturaleza, para evitar la aberrante praxis actual de enviar a dichos jóvenes a las cárceles de Segovia o Zamora».
Vía simplista
En la misma línea razonan en este tema grupos parlamentarios tan ideológicamente distantes de CD como el Grupo Comunista o Minoría Catalana. Para el primero, la reducción de la edad penal como medida aislada de una política criminal más amplia «es una decisión carente de racionalidad que no va a resolver nada; por el contrario, facilitará la conversión de delincuentes jóvenes en futuros delincuentes adultos habituales». Minoría Catalana opina que «el Gobierno ha optado por la vía más simplista ante el fenómeno, que a todos nos inquieta y preocupa, de la delincuencia juvenil» y, por otra parte, se olvida, al adoptar en este punto un criterio puramente represivo, de los principios proclamados en la exposición de motivos del nuevo Código Penal, donde se hace gala de una concepción moderna y científica del Derecho penal.Los socialistas consideran, al defender que la mayoría de edad penal se eleve a dieciocho años, que «no se puede esperar que el tratamiento para los actos antisociales de los menores de dieciocho años se suministre en las prisiones ni tampoco que lo pueda proporcionar el Derecho penal». El Grupo Andalucista, por su parte, es partidario de que exista una sola mayoría de edad, a los dieciocho años, tanto civil como penal, a partir de la cual el individuo asuma la totalidad de la responsabilidad social que le corresponde.
