Ofensiva de la derecha oligárquica y de la extrema izquierda contra la Junta Militar salvadoreña
El Gobierno de El Salvador, dirigido por la junta cívico-militar que derrocó el día 15 de octubre al general Carlos Humberto Romero, sufre en estos días los embates de una crisis muy grave, a la que no se ve salida inmediata. La junta y los ministros del Gabinete están acorralados por la cada día mayor presión de la derecha oligárquica del país, aparentemente recuperada después del golpe de Estado, y por el creciente poder de los grupos ultraizquierdistas, que evidentemente. disponen de un mejor clima de libertades para desarrollar sus acciones.
En las últimas horas, el grupo Ligas Populares 28 de Febrero y el Bloque Popular Revolucionario han ocupado en todo el país numerosas fábricas, mercados, haciendas agrícolas y oficinas públicas y mantienen en dichos lugares a varias decenas de personas retenidas «como garantía del éxito de las negociaciones». Las citadas organizaciones sostienen que el Gobierno (al que siguen calificando de fascistoide), no cumplió en el plazo otorgado las promesas que propiciaron la desocupación de los ministerios de Trabajo y Economía, en poder las LP-28 durante diez días de noviembre.Sobre el papel, sin embargo, la Junta Revolucionaria de Gobierno ha sido fiel a sus compromisos. Hace una semana se hicieron públicas una serie de medidas económicas que favorecen a las clases. más oprimidas, como la rebaja en los precios de artículos de primera necesidad (maíz, fríjol, arroz, pollo, huevos) y un alza generalizada en los salarios agrícolas equivalente al 30%.
Estas disposiciones contaron, desde el principio, con la oposición de los empresarios y latifundistas. Los grandes algodoneros y cafetaleros del país se han negado a pagar los aumentos de salarios decretados por el Gobierno. El pasado día 10, y como demostración de que la derecha tradicional no se resigna a perder el control que mantuvo del país durante lustros, la Asociación Nacional de la Empresa Privada sacó a la calle una manifestación de 5.000 personas, la mayoría mujeres, que llegaron a insultar a los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno, en las mismas puertas de la casa presidencial. Las buenas intenciones del Gobierno en materia de derechos humanos tampoco parecen encontrar eco entre los grupos más radicalizados. Según los dirigentes de dichas organizaciones, las actuales autoridades «ejercen la represión con la misma dureza que los tiranos Romero y Molina». La secretaría de la comisión salvadoreña de derechos humanos afirmó que, desde el golpe de Estado, el pasado día 15 de octubre, se han producido doscientos muertos a manos del Ejército y de los cuerpos de seguridad y que hay quince personas desaparecidas.
Cementerios clandestinos
Mientras tanto, la comisión especial creada para averiguar el paradero de decenas de activistas políticos desaparecidos durante lo regímenes anteriores, han localizado ya cinco cementerios clandestinos, en los que hallaron cadáveres de personas evidentemente torturadas con brutalidad.La violencia de la ultraizquierda tarribién se ha incrementado. En el último fin de semana, las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) se atribuyeron las muertes de cinco personas, en diferentes puntos del país. Dos ricos hacendados y tres supuestos miembros de organizaciones armadas de ultraderecha fueron abatidos a tiros.
En este clima, el Gobierno se ve impotente para desarrollar su programa de reformas. Maniatado por la necesidad de respetar las libertades de los grupos de oposición de izquierda y por la cerrada posición de la derecha clásica, opuesta a cualquier cambio, la Junta parece perder, día a día, el control sobre el país. La lucha de clases ha saltado directamente a las calles. En este contexto, no resulta exagerada la apreciación de uno de los máximos dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo, el comandante Juan Medrano, quien hace unos días afirmó en Lisboa: «La guerra civil en mi país es hoy un riesgo casi inevitable. »
