El Congreso pide al Gobierno que intensifique las medidas contra la delincuencia y el terrorismo

El Pleno del Congreso de los Diputados concluyó ayer el debate sobre seguridad ciudadana, que había comenzado el miércoles por la tarde. Como final del debate fue aprobada una resolución, presentada por UCD, en la que se pide al Gobierno que intensifique las medidas para garantizar la seguridad y que se incorpore a la nueva legislación el contenido del actualmente vigente decreto-ley sobre seguridad ciudadana. Después de este debate fueron rechazadas sendas propuestas de socialistas y comunistas para derogar este decreto. Finalmente, el ministro de Transportes y Comunicaciones respondió a una pregunta sobre seguridad en los aeropuertos, planteada porque Blas Piñar y su escolta armada fueron autorizados, días atrás, a subir a un avión sin pasar el control de seguridad. Informan El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer, al término de diez horas de debate, una resolución, propuesta por el grupo parlamentario centrista, en la que se pide al Gobierno que acelere e intensifique la puesta en práctica de las medidas destinadas a conseguir un incremento de la seguridad pública y que el conjunto de las disposiciones establecidas en el decreto-ley sobre se guridad ciudadana se inserte, hasta su total reabsorción, en los proyectos de ley anunciados por el Gobierno. La resolución centrista fue aprobada por 171 votos a favor, diez en contra y 114 abstenciones. Otras cinco resoluciones, presentadas por los grupos socialista, comunista, PNV, minoría catalana y andalucistaa, fueron derrotadas.

A lo largo de los debates se produjeron dos momentos de polémica y tensión, provocados por artículos aparecidos en dos diarios de Madrid. En la polémica intervinieron el diputado del PNV Marcos Vizcaya; Jesús Aizpún, de la Unión del Pueblo Navarro, y el ministro del Interior, teniente general Ibáñez Freire. El señor Vizcaya reprochó a Jesús Aizpún la publicación de un artículo en el que se recogían rumores infundados sobre un pacto entre el PNV y el Gobierno para la pacificación de Euskadi.El contenido de este hipotético pacto fue explicado por el señor Aizpún: acuerdo entre el Gobierno y las fuerzas políticas del País Vasco para la concesión de la independencia a este territorio en el plazo de tres años. El diputado navarro se apresuró a señalar que no planteaba que esos rumores fueran ciertos, pero que se extrañaba de que hubieran sido cubiertos con un manto de silencio. «Yo no hago un llamamiento al Ejército. Si España claudica y concede la independencia a una parte de su territorio, me pregunto si el Ejército español lo acepta», añadió.

En un tono vehemente, el señor Aizpún dijo que consideraba al PNV como un partido de paz y orden. «Pero", se preguntó, «¿el PNV puede hacer frente a las metralletas de ETA o necesita a las Fuerzas Armadas?». «Nadie está más interesado que yo en la pacificación de Euskadi, puesto que vivo allí», prosiguió. «La presión que se atribuye a mi artículo no es nada en comparación con las amenazas de muerte que recibo por escríbirlo.»

Ibáñez Freire desmiente

El ministro del Interior pidió rápidamente la palabra y, en un turno muy breve, señaló que el terna que se acababa de plantear no tenía nada que ver con el debate general. «Es totalmente falso que el Gobierno haya pactado nada. Si tal hecho se hubiera producido, yo no estaría sentado en el banco azul ni un instante. Me repugna lo que acabo de oír. Los vascos somos españoles y no aceptamos que se ponga en duda nuestra españolidad.»

La segunda polémica se estableció entre Simón Sánchez Montero, diputado comunista, y Manuel Fraga, representante de Coalición Democrática. El señor Sánchez Montero, en un turno de explicación de voto. se refirió a una información aparecida en un diario madrileño y titulada «Fraga acusa a Romero Marín». El presidente del Congreso, Landelino Lavilla, pidió al dirigente comunista que se abstuviera de introducir elementos extraños al debate, pero Sánchez Montero tuvo aún tiempo para anunciar que su compañero Francisco Romero Marín, miembro del comité ejecutivo del PCE, presentaría querella contra el señor Fraga por injurias y calumnias. «Espero», terminó, «que el señor Fraga no se escude en su inmunidad parlamentaria.»

Manuel Fraga se limitó a contestar que él no había pronunciado ningún nombre en concreto cuando acusó a ciertas personas de estar relacionadas con embajadas del Este y con un despacho en el que se defiende a los GRAPO.

El debate en relación con las seis propuestas de resolución sobre seguridad ciudadana ocupó cerca de dos horas. En términos generales las propuestas de la izquierda incluían la petición de que se derogara el actual decreto-ley sobre Seguridad Ciudadana, bien globalmente, bien de forma escalonada.Excepto la propuesta de UCD todas las demás resultaron derrotadas, al unir sus votos en contra el partido gubernamental y Coalición Democrática. La moción del grupo andalucista introdujo una novedad, al pedir que el Gobierno se comprometiera a dictar medidas de régimen interno para las Fuerzas de Orden Pública, de modo que se reconozca como criterio preferente para la adjudicación de destinos la prestación del servicio en la nacionalidad o región a la que se pertenezca por origen. Alejandro Rojas Marcos consideró que de esta forma se facilitaría la integración de las FOP en la sociedad. La propuesta fue derrotada por 167 votos en contra, 104 a favor y veinticuatro abstenciones.La resolución finalmente aprobada afirma que la seguridad pública es el elemento esencial para el desarrollo del orden democrático, manifiesta su. decidido apoyo a las fuerzas de orden público y cuerpos de seguridad del Estado y expresa la convicción de que es necesaria la plena colaboración de las distintas fuerzas políticas y sociales con la acción policial y de la justicia. El párrafo que provocó mayor oposición por parte de los restantes partidos es el siguiente: «Solicitar al Gobierno que el conjunto de disposiciones establecidas en el decreto-ley sobre seguridad ciudadana se inserten hasta su total reabsorción en los proyectos de ley anunciados por el Gobierno. »

El segundo punto del orden del día fue el debate de dos proposiciones de ley, socialista y comunista, para la derogación de dicho decreto-ley. El diputado comunista, señor Solé Tura, insistió en que se trataba de una norma inconstitucional que infringe formalmente y por su contenido la principal norma del Estado.Por parte del PSOE, Virgillo Zapatero argumentó a favor de la derogación del decreto-ley, por considerar que es inconstitucional en todos y cada uno de los artículos. «Si derogamos el decreto-ley de Seguridad Ciudadana no se produce ningún vacío legislativo», añadió, «lo que no es correcto es llenar un presunto vacío legislativo con una norma inconstitucional.»

En representación del Gobierno hizo uso de la palabra el diputado Gabriel Cisneros, secretario de información de UCD, quien negó que el decreto-ley fuera inconstitucional y afirmó que sería curioso que un debate de dos días de duración sobre la seguridad ciudadana finalizase con la derogación de uno de los instrumentos con que cuenta el Gobierno para garantizar esa seguridad. «Queremos conseguir el imperio de la ley desde el respeto de la ley», prosiguió, «y defender la libertad desde la libertad».

La proposición de ley comunista fue derrotada por 161 votos en contra, 115 a favor y una abstención, y la socialista por 162 votos en contra y 118 a favor. En el turno de explicación de voto el señor Solé Tura rebatió los argumentos expuestos por Gabriel Cisneros. «Aquí no se plantea suprimir un instrumento del Estado para la defensa de la seguridad ciudadana», afirmó. «El tema es otro: qué instrumentos le damos. Nosotros decimos que no se puede dar al Estado instrumentos inconstitucionales.» Manuel Fraga dijo que, en su día, había aceptado que el decreto-ley era formalmente inconstitucional y que lo mantenía.

Finalmente, el diputado socialista Enrique Barón planteó una pregunta, en su nombre y en el de sus compañeros Eduardo Martín Toval y Rodolfo Guerra, sobre el incumplimiento de las normas de seguridad en los aeropuertos. Afirmó que el pasado 30 de marzo, Blas Piñar, acompañado por su esposa y dos hombres, había sido conducido en Barcelona directamente a un avión de Aviaco, en una furgoneta de esa empresa estatal, sin pasar ningún control. El ministro de Transportes, Salvador Sánchez Terán, dijo que se había procedido así para evitar un enfrentamiento entre las personas que despidieron al señor Pinar y otro grupo hostil.

Blas Piñar, por su parte, pidió al señor Barón que demostrara que los dos hombres que le acompañaban estaban armados. «Yo no quiero privilegios, pero tengo uno», añadió. «Hay tres diputados de esta Cámara que me siguen, por lo que se ve, escrupulosamente». Enrique Barón señaló que él no había visto ninguna persona en actitud provocativa hacia el señor Piñar en el aeropuerto.