Moderadas críticas de la Oposición a la política del Gobierno sobre seguridad ciudadana

La continuación del debate parlamentario iniciado el miércoles en torno a la seguridad ciudadana prosiguió en la mañana de ayer sin grandes novedades. El socialista Félix Pons hizo hincapié en el origen social del terrorismo, que no puede atacarse con meras medidas policiales, y el centrista Manuel Núñez solicitó la actitud solidaria de las fuerzas políticas presentes. El ministro del Interior, Antonio Ibáñez Freire, contestó con cierto detalle a los diputados y obtuvo aplausos desde los escaños de UCD cuando aseguró que los cuerpos de seguridad no se detendrán en la defensa de la democracia y en la lucha contra el terrorismo.

El señor Pons calificó la comunicación gubernamental de decepcionante e insuficiente, y dijo que, a través de ella, el Gobierno se repliega a situaciones de principio, limitándose a enunciar proyectos más o menos relacionados con la seguridad ciudadana. Añadió que la garantía de los derechos humanos debe ser, en todo caso, prioritaria, si no se desea volver al concepto tradicional de orden público.Como origen del terrorismo aludió a la delincuencia juvenil, la falta de viviendas y otra serie de situaciones sociales que producen marginación e insatisfacción. Aseguró que el debate que se estaba desarrollando no proporcionará mayor seguridad a los ciudadanos, sino quizá más incertidumbre.

El centrista Manuel Núñez se refirió a las dificultades de los dos últimos años, durante los que se ha desarrollado el proceso democrático, y aceptó la crítica, por dura que sea, siempre que no contenga presagios catastrofistas. Manifestó que el mérito principal de esta etapa reside en UCD y su Gobierno, así como en la serenidad del pueblo y en la abnegación de las Fuerzas de Orden Público.

En respuesta a la izquierda y nacionalistas señaló que los estatutos de autonomía deberán aprobarse antes de que puedan establecerse las policías autónomas, de acuerdo con la Constitución.

Seguidamente, subió a la tribuan de oradores el ministro del Interior, teniente general Ibáñez Freire, quien agradeció las observaciones y críticas realizadas, así como el respaldo a las Fuerzas de Orden Público, «que defienden, serena y firmemente», dijo, «el proceso democrático».

Policías autónomas

En respuesta a algunos temas concretos, aseguró que ni el Gobierno ni el Ministerio del Interior escamotean el tema de las policías autónomas, pero que, según la Constitución, han de crearse en el marco de los estatutos de autonomía y de una ley orgánica. Anunció que su departamento tiene preparado un proyecto de ley sobre policías autónomas, que en breve plazo remitirá el Gobierno a las Cortes.

Sobre las policías de barrio declaró que es un tema en estudio, y que su puesta en práctica requerirá lograr que se trate de una «policía de barrio, y no de una policía en el barrio».

El teniente general. Ibáñez Frelre adoptó una actitud enérgica para rechazar las acusaciones a la policía de malos tratos, sin aportar -Según dijo- datos concretos. Dijo que la policía tiene un comportamiento irreprochable y que «si alguno de sus miembros pierde el control de sus nervios, este Ministerio del Interior sabrá velar por el honor del cuerpo».Reducción considerable de la delincuencia

Sobre los índices de delincuencia, aseguró que en los últimos quince días, gracias a las medidas gubernamentales, adoptadas, se habían reducido a la mitad, y por lo que se refiere a los delitos contra la propiedad, a la tercera parte.

El señor Ibáñez Freire obtuvo los aplausos del grupo centrista cuando aludió, al final de su intervención, a la defensa de la democracia por parte de los cuerpos de seguridad y a la lucha contra el terrorismo, «en la que nadie nos detendrá».

En el turno de rectificación por parte de los grupos parlamentarios volvió a producirse un tono de crítica moderada al Gobierno, sin rozar apenas al ministro del Interior. Como excepción, cabe destacar la intervención airada del diputado canario Fernando Sagaseta.

El socialista vasco Enrique Múgica insistió en la petición de soluciones previas al tema de las policías autónomas, hasta tanto se desarrolle lo que establece la Constitución.

A continuación, por el Grupo Mixto, Fernando Sagaseta (de Unión del Pueblo Canario) se proclamó comunista y, como tal, dijo que hasta que no se supere la lucha de clases no se solucionará el problema de la violencia. Ratificó las palabras pronunciadas en la sesión anterior por su compañero de grupo Juan María Bandrés, al estimar que la Constitución no es democrática mientras se niegue a los pueblos la facultad de decidir libremente su destino. «Ningún pueblo oprime a otro pueblo, sino que es el Estado», dijo, «el que oprime a los pueblos, en servicio del imperialismo.» Criticó que se califique de terroristas a quienes tratan de imponer el derecho de huelga decidido mayoritariamente a una minoría de esquiroles. «¿Hay algo más terrorista», preguntó, «que un salarlo mínimo?».Fuerzas paramilitares

Una alusión del señor Sagaseta sobre las fuerzas paramilitares y la utilización de la bandera del Estado en manifestaciones fascistas originó, como en la sesión anterior, la subida de Blas Piñar a la tribuna de oradores, para insistir que no está establecido legalmente hasta dónde llega el carácter paramilitar de un uniforme y que nadie puede prohibir el uso de la bandera nacional cuando incluso en manifestaciones regionales se emplean banderas de las comunidades autónomas y republicanas.

Por Coalición Democrática, Manuel Fraga insistió en los puntos de su primera intervención y negó que los males actuales dependan de la democracia. Sin embargo. dijo que la democracia no puede servir de excusa, ya que los españoles votarán en favor de ella, pero no es tan seguro que lo hagan en favor de determinadas interpretaciones de la misma.

Los representantes de los grupos mayoritarios de la oposición -comunistas y socialistas- expresaron la mejor impresión causada por el representante del Gobierno, respecto a otros debates anteriores. Gregorio Peces-Barba (PSOE) atribuyó la brillantez del señor Ibáñez Freire al hecho de no pertenecer a UCD.

Simón Sánchez Montero (PCE) se manifestó en contra de la colaboración con las agencias privadas de seguridad e investigación, ya que la seguridad ciudadana es una responsabilidad del Estado. El señor Peces-Barba manifestó que existen tentaciones estructurales para que se produzcan malos tratos por parte de la policía. Apuntó concretamente a la atribución legal a la policía para que decida sobre la calificación inicial de si un detenido es terrorista, lo cual tiene repercusión sobre el período de tiempo de la retención gubernativa.

Por el grupo centrista, Manuel Núñez se congratuló de la preocupación manifestada por todos los grupos sobre el tema de la seguridad ciudadana. El presidente del Congreso, Landelino Lavilla, concedió a los grupos parlamentarios media hora para la presentación de resoluciones en relación con el debate sobre seguridad ciudadana.