El mensaje de la Corona

EL MENSAJE de la Corona, leído ayer por el Rey en una sesión conjunta del Congreso y del Senado, ha inaugurado la primera legislatura del Parlamento español después de que la etapa de tránsito hacia la democracia -propiciada y defendida por don Juan Carlos de Borbón- culminara en un régimen plenamente constitucional. No fueron escasas las actitudes de desconfianza y de reticencia, a lo largo de ese período, respecto a los propósitos últimos del Monarca al emprender, hace tres años, con claridad y firmeza, el camino del restablecimiento de las libertades. Sin embargo, la incondicional aceptación por el Rey de los trabajos de las anteriores Cortes y del texto de la Constitución, que recortó drásticamente los privilegios de la Jefatura del Estado y consagró su figura como titular del poder moderador característico de las monarquías parlamentarias, dejó sin argumentos a los más suspicaces. La prudencia y delicadeza de don Juan Carlos a lo largo de la etapa constituyente es un ejemplo histórico, ya que no fue la necesidad, sino el ejercicio consciente y libre de la voluntad, su origen. Don Juan Carlos ha dado así muchas y significativas pruebas desde noviembre de 1975 de su decidido propósito de desempeñar la Jefatura del Estado y la titularidad de la Corona sin la más mínima interferencia con las decisiones de los representantes de la soberanía popular.El Rey ha comparecido ante las Cortes con el uniforme de capitán general del Ejército de Tierra, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tal y como lo establece el artículo 62 de la Constitución. A nadie se le oculta la significación e importancia que, para la definitiva consolidación de la democracia, reviste el hecho de que el vértice de la jerarquía militar y la máxima representación de las instituciones de la sociedad civil sean ocupadas por quien de manera tan explícita, consecuente y voluntaria ha promovido y respaldado el regreso a un régimen de libertades basado en la soberanía del pueblo. Y a este respecto tal vez no resulte innecesario mencionar la especial sensibilidad de las Fuerzas Armadas ante los símbolos que resumen un pasado común y que condensan valores y creencias situados por encima de las contingencias políticas. La bandera de Carlos III es ya, con la legitimidad democrática añadida que le confiere la Constitución, la enseña de todos los españoles, sin distinción de ideologías y sin merma de los derechos de las comunidades autónomas a utilizar también sus propias enseñas. No existe, por lo demás, razón legal para impedir a los partidos republicanos, amparados por los derechos de asociación y de expresión, la utilización de la bandera tricolor como distintivo de sus agrupaciones, ancladas en un pasado respetable, aunque de improbable reactualización. Pero resulta bastante absurdo que los partidos que aprobaron, primero en las Cortes y luego en las urnas, el texto constitucional den, en ocasiones, lugar para que los hipersensibles les acusen de ambigüedad en este terreno. No se debe -ni se puede- prohibir que en las manifestaciones y los actos de masas de la izquierda parlamentaria flameen enseñas tricolores; pero tampoco hay razón alguna para que esos partidos escatimen el despliegue de la bandera de España, descrita en el artículo 4 de la Constitución, en tales ocasiones.

El Rey ha indicado en su mensaje que se considera el primer español a la hora de cumplir sus deberes, y de manera muy especial «el de guardar y hacer guardar la Constitución». Ha hablado, en todo momento, en su «condición de árbitro y moderador». La costumbre arraigada en el Reino Unido de que el mensaje de la Corona sea, en realidad, el discurso del primer ministro, necesitará, todavía largo tiempo para entrar en la vida política española. Porque, hasta que la alternancia al frente del Poder Ejecutivo de formaciones políticas rivales no destiña al cargo de presidente del Gobierno de las connotaciones que todavía tiene de imprecisa intemporalidad, existiría el riesgo de confundir la neutralidad de la Jefatura del Estado con el patrocinio.

El Rey ha señalado, con acierto, que las metas conseguidas en la anterior legislatura sólo son un punto de partida para el logro de otras nuevas. Efectivamente, la Constitución «consiste en actuar». Del edificio del sistema democrático sólo han sido construidas las paredes maestras. Queda todavía una ardua labor de desarrollo constitucional, de elaboración y aprobación de las leyes orgánicas que tienen que, articular los propósitos enunciados con carácter general e indicativo en la norma fundamental. La atonía y el ritmo lento de los dos primeros meses de nuevo Gobierno confieren al recordatorio protocolario de don Juan Carlos una notable oportunidad. Así como también la reflexión de que una eficaz vida parlamentaria debe ser «el indicador que mida el prestigio y el arraigo popular de la democracia, para que la sintonía con la calle, con cada plaza de cada pueblo de España, no se pierda nunca». En alguna ocasión señalamos, durante la anterior legislatura, las responsabilidades políticas e históricas que incumben a los diputados y senadores para defender la dignidad del Parlamento y vigorizar su contacto con la sociedad civil que lo ha elegido. A veces, los enemigos del sistema de democracia representativa encuentran la mejor munición para sus ataques precisamente en el comportamiento de los parlamentarios.

Particular interés revisten los párrafos del mensaje de la Corona que señalan la insuficiencia de la delegación en los diputados y senadores de las responsabilidades ciudadanas para una vida realmente democrática. La participación popular no debe limitarse a la comparecencia en las urnas cada cuatro años, aunque la representación electoral sea el cimiento de las libertades públicas. El recíproco compromiso entre el pueblo y las instituciones «debe descansar en un contacto permanente, en una transparencia absoluta y en una información objetiva» que asegure el control social sobre los distintos centros de poder. Un régimen pluralista es inconcebible sin democracia representativa; pero ésta, a su vez, ha de estar alimentada y ha de fomentar la permanente presencia de los ciudadanos en la vida pública. El llamamiento a la paz, al orden y al respeto a la ley, la exhortación para no regatear esfuerzos y sacrificios para «la definitiva extirpación de esta deplorable plaga de las sociedades modernas que es la agresión terrorista», van unidos, en el mensaje del Rey, al «reconocimiento y aplicación rigurosa de los derechos humanos». Porque es «en el reconocimiento de los derechos de todas las personas, pueblos y culturas donde la paz de España ha de encontrar la mejor defensa». Aunque el Rey no hiciera mención expresa del País Vasco, lo que explica el silencio de la minoría nacionalista al término del discurso, es evidente que los problemas de Euskadi latían en esa parte del mensaje de la Corona. Ahora bien, sería injusto e incorrecto que el Gobierno dejara, por incapacidad, confusión y pasividad en su propia gestión, que ese conflicto llegara a tal grado de deterioro que comprometería al Jefe del Estado. El presidente Suárez debe actuar, y cuanto antes, en esta cuestión, si no se quiere poner en peligro la definitiva y total normalización política española.