Fuerte represión en Perú ante la huelga general
El Gobierno militar peruano suspendió las garantías constitucionales en todo el país, al tiempo que detuvo a diputados de izquierda y dirigentes políticos y sindicales -el número de estas detenciones se cifra en 2.000-, simultáneamente a la puesta bajo control militar de la capital y las principales ciudades del país.
Estas medidas se han adoptado pocas horas antes del comienzo, de una huelga general convocada para hoy, mañana y pasado, por la central sindical de orientación comunista CGTP. Entre los detenidos se encuentran los diputados Hugo Blanco, dirigente trotskista; el presidente de la coalición de la izquierda (UDP), Alonso Barrantes, y los líderes mineros Díaz Chaves y Díaz Canseco.La convocatoria del paro nacional, hecha para protestar por el alza del coste de la vida y para exigir aumentos de salarios, ha producido la más grave expectativa de crisis en el país desde las elecciones constituyentes celebradas a principios del verano pasado. Las fuerzas armadas han suspendido las garantías constitucionales por el plazo de treinta días, cerrado cinco revistas de distinta orientación política y clausurado definitivamente el curso escolar universitario.
De forma paralela a los enérgicos planteamientos del Gobierno peruano con respecto a la ilegalidad de la huelga, la policía detuvo durante el pasado fin de semana a más de doscientos dirigentes políticos y sindicales, en un claro intento por descabezar los cuadros organizadores del paro. Los periódicos han recibido severas órdenes de no publicar noticias relacionadas con la huelga.
Los partidos políticos más moderados, como el APRA (cuyo sindicato, la Confederación de Trabajadores de Perú, no se ha sumado al paro), han expresado, sus temores de que las radicales posturas adoptadas por la CGTP y el Gobierno produzcan enfrentamientos violentos en todo el país. El ministro del Interior, general Vellit, aseguró el sábado que el Gobierno usaría todos los medios a su alcance, «incluso la fuerza». para impedir la realización del paro.
Los argumentos utilizados por las fuerzas armadas para prohibir la huelga es que ésta tiene un marcado cariz político y que está financiada desde el exterior para provocar la desestabilización en el país. A esta versión gubernarnental se han adherido las principales organizaciones patronales de Perú.
El aumento del 20 % en los precios de la gasolina, con repercusión inmediata sobre las tarifas del transporte público, ha sido el detonante inmediato de la crisis. Es la cuarta vez, en el espacio de ocho meses, que el Gobierno eleva los precios de los combustibles. Los organizadores de la huelga piden que el Gobierno anule este nuevo aumento y que conceda una subida lineal de sueldos equivalente a 10.000 soles, unas 3.500 pesetas.
La grave crisis económica que sufre Perú, cuyo endeudamiento externo le ha colocado al borde de la bancarrota, es el origen de las tensiones sociales que vive el país. El Fondo Monetario Internacional impuso a los militares que gobiernan Perú un severísimo programa económico como condición indispensable para obtener una renegociación de la deuda.
