Ley marcial el sureste de Turquía
Tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, convocada con carácter de urgencia, el Gobierno socialdemócrata de Bulent Ecevit decidió ayer por la mañana proclamar la ley marcial durante dos meses en trece de los 67 departamentos administrativos de Turquía. La medida se ha adoptado a causa de los graves disturbios registrados en la localidad de Kahramanmaras, donde un grupo fascista asesinó el sábado a por lo menos 95 personas e hirió a 2.000, según cifras oficiales.
Al anunciar la proclamación de la ley marcial, Ecevit indicó que los enfrentamientos de Kahramanmaras, en el sur de Turquía, entre grupos religiosos rivales, reflejaron en realidad un intento de «insurrección contra el Estado».El lunes y ayer se ha observado una gran tensión en todo el país. Tras las reuniones organizadas por los estudiantes en los grandes centros urbanos para protestar por los asesinatos, las clases han sido suspendidas en las universidades y colegios secundarios. Los diarios han publicado numerosas fotos de la matanza, y los partidos siguen multiplicando sus condenas e invitando a la población a la calma. En un discurso ante representantes del Partido Republicano del Pueblo (en el poder), Ecevit ha reconocido, las «carencias y errores» del Gobierno en el mantenimiento del orden público, y ha subrayado que las acciones subversivas han alcanzado proporciones susceptibles de amenazar la unidad nacional. «Los incidentes de Kahramanmaras -añadió- no representan sólo una revuelta contra el Gobierno, sino una insurrección contra la autoridad del Estado.»
Los enfrentamientos comenzaron el viernes pasado, cuando varios grupos ultraderechistas trataron de interrumpir el funeral de dos maestros izquierdistas, muertos en luchas callejeras anteriores.
Desde enero pasado, más de novecientas personas han resultado muertas en choques entre comandos fascistas e izquierdistas, o en atentados organizados, en su mayoría, por los derechistas. En marzo pasado, el propio Ecevit señaló, en una entrevist a con EL PAÍS, que la responsabilidad de ese estado de «conmoción social casi permanente» recaía, incluso, en el Partido de la Justicia (conservador).
