Arbitrariedades jurídicas en la Cisjordania ocupada
La periodista palestina Raymunda Tewil, de Ramallah, acaba de ser «condenada» a un mes de prisión administrativa. Hemos utilizado las comillas porque la señorita Tewil no ha sido condenada en la forma adecuada. No compareció ante ningún juez ni ante tribunal alguno, sino que ha sido enviada a la cárcel por decisión unilateral del general Hagoel, comandante militar de la Cisjordania ocupada.Se sabe que la periodista Tewil fue detenida el pasado 23 de marzo y mantenida en prisión hasta el principio de esta semana por «necesidades del sumario». En Israel, la ley estipula que la policía debe conducir ante un juez a toda persona detenida, a más tardar 48 horas después de su detención, con el objeto de obtener una prórroga de su arresto por necesidades del sumario. En los territorios ocupados, en virtud de una legislación de excepción, la policía puede mantener a un sospechoso bajo arresto durante dieciocho días sin dirigirse a un juez.
«Para evitar, aparentemente, hacer comparecer ante un juez a la señorita Tewil, las autoridades han decidido enviar a su cliente a una prisión en régimen de condena administrativa», declaró el abogado de Raymunda Tewil, Amnon Zikroni, que nos ha revelado su propósito ole dirigirse a la Corte Suprema de Jerusalén para obtener «bien el juicio, o bien la libertad» de su cliente.
¿Se invoca frecuentemente la legoislación de excepción, llamada aquí ley de urgencia, para someter a una persona a prisión administrativa? «Cuando la policía no dispone de pruebas suficientes que puedan servir de base a una inculpación y una condena eventual ante un tribunal», nos dice el letrado Zikroni. En suma, la prisión administrativa sirve para retirar de la circulación a personas a las que no se puede acusar de nada en concreto, desde un punto de vista penal pero lo suficientemente molestas, desde el punto de vista político, para que las autoridades políticas puedan colocarlas a la sombra. Hay que tener en cuenta que, teóricamente, la prisión administrativa puede ser aplicada a todo israeli, judío o árabe y a toda persona que viva bajo la jurisdicción israelí, también a la población de los territorios ocupados.
En la práctica, la prisión administrativa ha sido aplicada únicamente a los árabes. Antes de la guerra de 1967, a los árabes israelíes. Desde 1967, a los árabes palestinos de los territorios ocupados. Actualmente existiría una treintena de palestinos encarcelados bajo decreto administrativo, algunos de ellos desde hace años, pues la detención administrativa puede ser prorrogada cada nueve meses y, en teoría por un plazo indefinido.
Amnon Zikroni no ha recibido hasta el momento acta de la acusación sobre su defendida, de la cual desconoce si situación.
Sin embargo, informaciones publicadas en la prensa israelí revelan la calificación de actividades «hostiles al Estado de Israel», entre ellas, las relativas a haber fotografiado «momentos particularmente violentos de una manifestación anti-israelí en Ramallah».
