El ruidoso silencio del Ministerio de Justicia
LA ADMINISTRACION de la Justicia -junto con la enseñanza- ha sido una de las mayores preocupaciones del catolicismo español, lógicamente el dominio político de tan sólidas bases de influencia sobre el comportamiento social ha llegado a ser fagocitado por hombres no ya católicos, sino de militancia católica.El aspecto de la Justicia, al menos en los últimos cuarenta años, es ilustrativo. El cargo de ministro de Justicia parecía estar reservado para los prohombres del carlismo integrista, fieles a Franco tras su paso por Estoril y en el justo término medio de lealtades al Movimiento y a la jerarquía católica.
Para el catolicismo español no fue, en verdad, aquella su hora mejor. En la contabilidad moral de lo que se ha venido en llamar nacionalcatolicismo pesa de una parte la arbitrariedad de la legislación franquista y el desdén hacia la filosofía cristiana de Concepción Arenal en el mero ámbito de la aplicación punitiva de la Justicia.
Desde Concepción Arenal hasta nuestros días impera en los centros penitenciarios del país ese sutil oscurantismo que tiene al hombre como irremediable sujeto de pecado y de castigo, y que sólo encontró en una joven diputada de Izquierda Republicana (Victoria Kent) un breve interregno de humanidad, de caridad, de genuina justicia en definitiva.
Ahora que Victoria Kent está de nuevo entre nosotros, recuperada parcialmente para la sociedad española, su mera presencia, las entrevistas que ha concedido, la rememoración de su paso por la Dirección General de Prisiones. debiera haber sido un revulsivo para los políticos que desde Acción Católica de Propagandistas han continuado detentando los resortes de poder del Ministerio de Justicia. Incluso el nuevo reglamento penitenciario queda por debajo de las ideas que en 1931 obligaron a la señorita Kent a dimitir su Dirección General, y que muchos años después constituyeron beneficiosos avances sociales en países de elevado desarrollo cívico.
El caso es que hoy y ahora ni el pragmatismo laico de Kent ni la conmiseración cristiana de Arenal («Odia el delito y compadece al delincuente») parecen turbar la paz espiritual del equipo del señor ministro de Justicia. Mientras la prensa y los partidos de la Oposición quemaban su pólvora en salvas contra el ministro de Relaciones con las Cortes o contra el ministro de Trabajo, Landelino Lavilla duplicaba gracias e indultos sin alcanzar el nivel político de la amnistía, logrado, al fin, el pasado 15 de octubre, con año y medio de retraso. Y ello, después de que el señor Lavilla afirmara públicamente que con las anteriores medidas de gracia se hacía innecesaria una medida de amnistía.
Por otra parte, la situación penitenciaria se ha degradado paulatinamente entre el desentendimiento oficial y la indiferencia pública, que ha permitido al señor ministro de Justicia la comodidad de no explicar al país lo que está ocurriendo en sus prisiones. Los presos sociales se abren las venas ante los jurados, ingieren grifos, se automutilan, se suicidan arrojándose desde las galerías altas o prenden fuego a sus camastros autoincinerándose, se rebelan violentamente en casi todos los penales, devastan Carabanchel, en Madrid, y la Modelo, en Barcelona, recusan con revelaciones gravísimas a la prensa la política penitenciaria que se sigue, etcétera.
Pues bien: jamás fue tan humilde y parca la información oficial del Ministerio de Justicia sobre estos incidentes, astutamente traspasados en la mayoría de los casos a Gobernación. Hemos visto por televisión a gobernadores civiles y a oficiales de fuerzas de orden público dar explicaciones de su actuación sobre los motines penitenciarios. Aún esperamos que el señor ministro de Justicia o al menos el director general de Prisiones explique al Congreso de los Diputados o a la opinión pública directamente qué graves sucesos trastornan a la población reclusa, en qué se razonan las protestas (algún adarme de razón tendrá quien se autoinmola o se mutila o afronta las consecuencias de una rebelión abierta en una prisión), y cuáles son las soluciones de tolerancia o de disciplina que Justicia piensa arbitrar.
No es mucho pedir. Sólo es pedir algo tan elemental como que el señor ministro de Justicia afronte públicamente sus responsabilidades políticas, no hurtándolas mediante su desvío hacia Gobernación y el orden público. Porque los motines carcelarios no competen en su raíz a Gobernación, sino a Justicia, porque una Coordinadora de Presos en Lucha (Copel) no nace de la noche a la mañana y sin motivos, porque el atraso de nuestra concepción de la política penitenciaria es notorio y porque aunque odiemos al delito aquí no se compadece al delincuente y porque a la Victoria Kent que llegó a cantar Celia Gámez la harían dimitir a sus experimentados 79 años los nuevos detentadores de la Justicia española, que siguen teniendo al delincuente social por sujeto de punición redentora antes que por hombre o mujer objeto de inteligente recuperación social.
La falta de información, por lo tanto, el traspaso sistemático de responsabilidades y la agravación de la situación en las prisiones españolas desembocan en una seria apreciación crítica de la labor de la Dirección General de Prisiones, cuya capacidad está puesta en tela de juicio a los ojos del país. El problema es urgente, y puede provocar situaciones de violencia traumática que repercutan de manera implacable en la colectividad, a pesar de tener lugar en esos invernaderos al revés que parecen ser nuestras prisiones. Es de esperar que las Cortes asumirán también sus responsabilidades, y que investiguen el problema mediante la correspondiente comisión parlamentaria, antes de que nuevos motines vuelvan a instalar la sangre y la violencia en las primeras páginas de la actualidad. Pues, mientras tanto, es de destacar la escrupulosidad e insistencia del ministerio público a la hora de los procesamientos de periódicos y periodistas cada vez que se publican informaciones relativas a la Copel o a las actividades de Justicia Democrática. Organización esta última cuya labor en estos difíciles años de tránsito a la democracia, en pro de una justicia a la altura de los nuevos tiempos, ha sido encomiable y digna de todo respeto. Una vez conocidos los nombres de muchos de los jueces y magistrados que inspiran este movimiento, la opinión pública está ya auténticamente informada de los caminos que estos prestigiosos funcionarios de la justicia se han visto obligados a tomar para defender a la propia justicia. Algo que en las esferas superiores de su propia administración debieran tener en cuenta de una vez.
