Las Cortes aprobaron la amnistía

Las Cortes democráticas dieron ayer su aprobación a la proposición de ley sobre amnistía, que contiene el máximo alcance posible en el actual momento político español. En el Congreso de Diputados, en el que la mayoría de los grupos parlamentarios se mostraron favorables al signo de reconciliación que significa la amnistía, sólo dos diputados votaron en contra -uno de ellos, el ex capitán Julio Busquets- y el máximo bloque del total de dieciocho abstenciones correspondió a Alianza Popular. En el Senado no hubo votos en contra, y sólo seis abstenciones, cinco de ellas de senadores de designación real.

La mayor deficiencia de la amnistía aprobada, la no incorporación al Ejército de los militares amnistiados, fue tratada en ambas Cámaras con moderación, si bien los socialistas expresaron la conveniencia de que por vía administrativa se complete ese aspecto de la amnistía.Por lo demás, los grupos parlamentarios de izquierda y autonomistas, así como el senador liberal Joaquín Satrústegui, resaltaron la importancia que la amnistía representa para obtener la reconciliación y lograr la pacificación de los pueblos de España, en especial el País Vasco. Algunos de los parlamentarios que intervinieron sobre el tema, atribuyeron como principal valor a la amnistía el olvido que significa respecto a una negra y larga etapa de la vida española, en la que la violencia se produjo principalmente desde el poder.

En el Senado no se registró ninguna intervención contraria a la amnistía, y sólo un senador pronunció, en un momento en que hablaba el socialista Francisco Ramos, las siguientes palabras: «Y Paracuellos, ¿qué?» Al parecer, el autor de la frase fue un almirante, extremo que no se pudo confirmar anoche.

En el Congreso, la intervención más significativa contra la proposición de ley de amnistía procedió a Alianza Popular, en cuyo nombre Antonio Carro descalificó una medida de gracia que está en desuso en las democracias occidentales. Pidió como única condición para aceptar la amnistía que se ofrecieran garantías de que sería la última. La respuesta de Marcelino Camacho, por el grupo parlamentario comunista, en el sentido de que creía que desde ahora se aplicaría la ley con rigor, no debió convencer al grupo de AP, que se abstuvo.

Según fuentes del Ministerio de Justicia, la cifra actual de reclusos por delitos de intencionalidad política se eleva a 89, de los cuales cuatro cumplen condena, y 85 se encuentran en prisión preventiva. Las sucesivas medidas de gracia -indulto general de 25 de noviembre de 1975, decreto-ley de amnistía de 30 de julio de 1976 y real decreto de 14 de marzo de 1977, que ampliaba las disposiciones anteriores- han beneficiado a 117.746 personas, por indulto o amnistía.

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Editorial en página 6