El ‘pelotazo’ del 3.700%

¿Dio el Ayuntamiento dirigido por el ahora ministro Alberto Ruiz-Gallardón un trato de favor al Real Madrid? ¿Tuvo justificación que el Consistorio valorara en 2011 en más de 22 millones de euros unos terrenos que 13 años antes tenían un valor de mercado de 595.000 euros, en una operación que favoreció al club blanco? Son algunas de las preguntas que deberá responder la Comisión Europea tras presentar hoy un procedimiento de sanción. Se trata de uno de los aspectos incluidos en la investigación que los servicios europeos de Competencia, bajo el mando de Joaquín Almunia, acaban de iniciar. Las sospechas de Bruselas se dirigen también contra el Barcelona, Athletic de Bilbao, Osasuna, Valencia, Elche y Hércules, por distintas cuestiones. El documento preparado por el equipo de Almunia sobre la operación inmobiliaria del Real Madrid, al que ha tenido acceso EL PAÍS, muestra una operación en la que la Administración local se ha acogido a lo largo de más de una década a los supuestos más perniciosos para las arcas públicas.

El documento relata con precisión los pasos que ha ido dando el Ayuntamiento en lo que acabó convirtiéndose en un pelotazo inmobiliario para el Madrid. El acuerdo inicial, firmado en 1998, establecía un intercambio según el cual el equipo cedía al Consistorio 30.000 metros cuadrados situados en su Ciudad Deportiva y, a cambio, se hacía con una superficie total de 70.815 metros cuadrados: dos lotes en la zona de Julián Camarillo y unos terrenos en Las Tablas. Son estos últimos los que han despertado las sospechas de Bruselas.

Bruselas cuestiona que los poderes públicos beneficien a una entidad privada

Pese a lo firmado en el acuerdo inicial, un cambio legal hace pensar al Ayuntamiento en 2003 que no puede transferir a una entidad privada esas parcelas de Las Tablas, por lo que debe indemnizar al supuestamente perjudicado. A lo largo de 17 páginas, las autoridades europeas de Competencia van desmontando uno a uno los argumentos en los que se basó el organismo dirigido por Gallardón.

La imposibilidad legal de transferir las propiedades en litigio es, según Bruselas, cuestionable. Pero aún aceptando ese supuesto dudoso, Almunia y los suyos consideran que en ese caso la imposibilidad habría estado ahí desde el mismo momento en el que se firmó el contrato. Y por lo tanto, el error “es obviamente no imputable a una sola de las partes”. “Es sorprendente que las autoridades españolas no usaran este argumento para evitar hacer frente a una reclamación de más de 22 millones de euros”, continúa el documento.

El ‘pelotazo’ del 3.700%

Pero donde las autoridades europeas se explayan más es en el muy dudoso sistema que el Ayuntamiento de Madrid usó en 2011 en la valoración de unos terrenos que servirían para calcular la indemnización al club que preside Florentino Pérez. Bruselas tiene “serias dudas” sobre el “notable incremento” del valor de los terrenos. Es muy gráfico el cálculo que aporta uno de los demandantes: mientras que los precios del ladrillo crecieron en Las Tablas un 250% a lo largo de los 13 años analizados, la valoración de los terrenos en 22,7 millones que el Ayuntamiento aceptó como buena suponía una revalorización de los terrenos en disputa del 3.700%. Esto significa o bien que el precio acordado en 1998 era muy bajo o que el de 2011 era muy alto. “En cualquiera de los dos casos, el Real Madrid habría obtenido una ventaja de esta transacción que no se justifica en términos de mercado”, opinan en Bruselas

El Madrid habría obtenido un beneficio que no se justifica en términos de mercado

“Es cierto que los precios del mercado inmobiliario aumentaron de forma considerable tras 1998. Pero también que empezaron a caer con fuerza en 2008”, añade. Es en este momento cuando las autoridades de Competencia enumeran el rosario de irregularidades que ha acompañado a la operación: el acuerdo de transferencia firmado en 1998 no iba acompañado de la evaluación independiente preceptiva; tampoco lo hubo 13 años después, cuando se efectuó el intercambio de activos con la valoración más favorable para el Madrid. La Comisión encuentra más agujeros en las explicaciones que aportaron entonces las autoridades españolas.

Al margen de si era obligatorio o no indemnizar por el terreno, y de si el precio pagado era el adecuado, la Comisión también muestra sus dudas ante una actuación de los poderes públicos que otorga una ventaja a una entidad privada que puede afectar a la competencia entre países y clubes. “Cuanto más dinero tengan los clubes para atraer a jugadores de primer nivel, más éxitos cosecharán en las competiciones, lo que les asegura más ingresos en actividades como material de promoción y derechos televisivos”, sostiene.

El documento parece responder a los argumentos que estos dos últimos días ha usado el Gobierno. Si el ministro Margallo afirmó el lunes que debe apoyar a los clubes españoles porque forman parte de la marca España; y Guindos dijo ayer que “lógicamente” defenderá los intereses españoles, la Comisión expone sus dudas “sobre la existencia de un interés común que justifique la ayuda selectiva a un protagonista muy potente de un sector económico altamente competitivo”.