Puigdemont se abre ahora a ir al Congreso a debatir el referéndum

La vía del Congreso para resolver el conflicto catalán vuelve a estar abierta. Carles Puigdemont ha descartado ahora la condición de un acuerdo previo para acudir al Congreso y estaría dispuesto ahora a asistir a la Cámara Baja si detecta una voluntad franca por parte del Gobierno central de dialogar y negociar aspectos clave de la consulta, tales como la fecha y la pregunta. Pero el Gobierno catalán sí demanda garantías de que en el hemiciclo no solo habrá un intercambio de discursos y una posterior votación, sino una negociación real. Y, sobre todo, que la oferta que le hagan llegar sea más precisa en “fondo y forma”.

El Gobierno de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras tan solo quiere blindarse ante un capítulo similar al que protagonizó el Plan Ibarretxe, aprobado en el Parlamento vasco y, en cambio, arrollado en el Congreso. Con ese referente, descartan la posibilidad de un simple debate que previsiblemente capitalizarían Mariano Rajoy y el presidente catalán, pero que acabaría con una votación en la que PP, PSOE y Ciudadanos harían valer su holgada mayoría para impedir cualquier avance sobre el referéndum. El Gobierno catalán considera que se deben dar las circunstancias para pactar condiciones de la consulta y, si no es posible, mantener su plan de convocar un referéndum unilateral en septiembre (o primer domingo de octubre), lo que supondría desobedecer al Tribunal Constitucional y llevar a la Generalitat y al Estado al choque institucional.

El Gobierno catalán ha explicado su hoja de ruta en Europa y en Estados Unidos. También en Madrid. Ha oficializado su petición de negociación con una carta a Rajoy que obtuvo como respuesta una previsible negativa. Incluso ha contactado con la Comisión de Venecia —el organismo del Consejo de Europa especializado en materia constitucional— para pedirle asesoramiento para organizar el referéndum. Ha hecho todos los movimientos que considera que pueden convencer a Catalunya en Comú de que busca una salida pactada al conflicto o aliados para su referéndum. Pero estima que quien debe dar ahora un paso es el Gobierno central, con el que ha mantenido en las dos últimas semanas un creciente enfrentamiento dialéctico.

Dos semanas después de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ofreciera a Puigdemont explicarse en el Congreso, desde el Palau de la Generalitat consideran que la petición formal tendría que llegar de la mano de la presidenta del Gobierno, Ana Pastor. Evitan concretar qué tipo de propuesta aceptarían —Puigdemont se negó a acudir a la comisión general de Comunidades Autónomas del Senado—, pero subrayan que debería garantizar una negociación efectiva.

Pese a las últimas delcaraciones, Puigdemont abriga aún un brizno de esperanza de reconducir la situación, aunque los tiempos van ya muy ajustados. La próxima semana tiene previsto anunciar la fecha y la pregunta de la consulta pero podría dejar en el aire ese compromiso —que no se oficializará hasta agosto— con el objetivo de ganar apoyos en Cataluña, de la mano sobre todo de Catalunya en Comú.

El soberanismo prevé celebrar la próxima semana una serie de actos para ofrecer la imagen de que la vía unilateral va adelante. El lunes se reúne con partidos y plataformas proconsulta, el jueves o el viernes está previsto fijar la fecha de la consulta y el domingo las entidades independentistas prevén una manifestación conjunta. El único problema en el tablero catalán es la meditada indefinición de Catalunya en Comú, que se resiste a sumarse a un bloque que abogue por un referéndum unilateral, sin garantías legales y pocas posibilidades de, según su análisis, ser implementado.