Moraleja de Enmedio da la medida de la trama Púnica

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Contrataron a dedo a una auditoría para dar apariencia de limpieza a una licitación a medida de un contrato municipal con la connivencia del alcalde. Siempre precedido por el adjetivo de presunto, un informe de la Guardia Civil describe a través de un caso en el pequeño municipio de Moraleja de Enmedio cómo funcionaba la trama Púnica, con sus actores, sus torpezas y sus mordidas. Según el informe, el alcalde en 2013, Carlos Alberto Estrada, habría cobrado 30.000 euros del constructor David Marjaliza por asegurar a la empresa Cofely el contrato de gestión del alumbrado público del municipio por 15 años y un importe de 2,8 millones de euros. La empresa auditora Asproener y la técnico municipal Teresa Martín, pareja de Estrada, cierran el círculo.

El ingente sumario de la trama Púnica que investiga la Audiencia Nacional sigue creciendo en su intento de aclarar los entresijos de una red de corrupción que afecta a decenas de Ayuntamientos y otras administraciones, encabezada por Francisco Granados (PP) y el empresario David Marjaliza, que se mantuvo activa durante más de una década. Uno de los últimos informes remitidos al juez por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se refiere a un contrato adjudicado hace poco más de tres años en Moraleja de Enmedio, un pueblo de 5.000 habitantes con una deuda de 30 millones de euros.

El relato comienza a finales de 2011, cuando el alcalde Estrada contrató a Asproener de forma “directa y discrecional” para hacer una “auditoría energética” del alumbrado municipal. Eligió esta sociedad, aseguró el alcalde a la UCO, “porque buscaban imparcialidad”.

Sin embargo, distintos cruces de correos electrónicos y llamadas intervenidas ponen de manifiesto que Cofely estaba al tanto del contenido de la auditoría “al menos desde más de un mes y medio antes de hacerse público la licitación del concurso”, un “modus operandi” que pudo repetirse en otros Ayuntamientos. Y no solo eso, sino que también intercambiaban correos sobre la oferta que Cofely iba a presentar a una licitación pública diseñada por Asproener.

El acuerdo de la auditora con el Consistorio incluía el “asesoramiento a la hora de elaborar los pliegos del contrato”. Pero, de hecho, lo que hizo fue darle los pliegos prácticamente hechos al Consistorio, con lo cual, “teniendo en cuenta el concierto existente” entre las dos mercantiles, “resulta obvio presumir” que esos pliegos “tenían como premisa beneficiar a la empresa Cofely”, dicen los investigadores. Asproener le envía los pliegos a la técnico municipal Teresa Martín: “Por favor, échales un vistazo (a los pliegos) y si tuvieseis alguna duda, llámame”, le dicen.

La participación del Ayuntamiento no se habría limitado únicamente a contratar a la auditoria y recibir las bases que regulan el concurso a medida, también se aseguraron de que los contrincantes de Cofely no la superasen en puntos, aunque ajustaran al máximo su oferta económica. Para ello, la ventaja de Cofely tenía que ser de al menos ocho puntos en la valoración del proyecto. Y aquí es donde entra en juego la técnico Teresa Martín, la misma que había recibido los pliegos a medida de Asproener, y que antes había enviado la auditoría a una persona muy cercana a Cofely.

"Vamos a ir muy justos"

Martín presionó al técnico encargado de la valoración del proyecto, según la declaración de este, para aumentar en cuatro puntos la nota de Cofely. Él se negó, ella insistió, él se volvió a negar y ella acabó haciendo y firmando otro informe en que subía la valoración a Cofely. Este documento fue el que acabó aprobando la mesa de contratación, de la que Martín formaba parte.

En el informe de la UCO hay un correo electrónico en el que Martín dice al técnico que ha encontrado una documentación que justifica el incremento en la nota a Cofely , pero que le era "imposible" enviársela por email. Ya se los enseñaría más adelante, continúa, pero mientras tanto le pedía que fuera redactando ya el nuevo informe con la modificación para ahorrar tiempo. "Vamos a ir muy justos", le dice.

Finalmente, el informe policial recoge varias órdenes de pago a una empresa de la trama que coinciden con una anotación a mano de un pago de 30.000 euros que David Marjaliza ha confesado que le pagó al exalcalde de Moraleja. Además, reprocha la falta de vigilancia al resto de miembros de la mesa de contratación y del interventor municipal. Los agentes también han detectado que la trama tenía pensado adjudicar otro contrato de gestión energética de los edificios municipales a Cofely.