Fiestas ilegales, un negocio al alza

Locales abandonados o con graves desperfectos, sin las mínimas condiciones de higiene y seguridad, son los lugares elegidos por empresarios sin escrúpulos que cobran entre 15 y 30 euros por joven, cuyas edades oscilan entre los 15 y 17 años. En fiestas más concretas, como Nochevieja, el precio se dispara hasta los 50 euros. “Muchas veces son los repartidores de la publicidad de las discotecas y bares de copas los que hacen de intermediarios para organizar esas fiestas”, explica un mando de la Unidad de Tetuán.

Los policías municipales han montado un servicio específico para acabar con estas prácticas ilegales. Para ello, se sirven de varios instrumentos para detectar las fiestas, como la información que recopilan los agentes a pie de calle, las informaciones que les pasan los padres y el rastreo por Internet. “Lo que están haciendo ahora es que no facilitan los datos a los chavales hasta última hora para evitar que les detectemos”, reconoce el mando. Muchas veces son los vecinos los que se quejan de ruidos y llaman a la policía.

De paisano

Durante la inspección, primero entran agentes de paisano y controlan las salidas de emergencia para evitar que se fuguen los promotores. También se busca si hay drogas. Después acceden los uniformados, que ordenan que se enciendan las luces y se pare la música. “Como se trata de menores, se localiza a sus padres y se les informa de lo que se ha encontrado. Muchas veces se cesa la actividad y se precinta todo”, describe el policía.

Las multas son muy altas. En caso de organizar una fiesta sin los correspondientes permisos o en un local que no cumpla con la normativa vigente, las sanciones oscilan entre los 4.501 y los 900.000 euros. Si se ha permitido el consumo de alcohol a menores, se pasa a una infracción muy grave. “El problema es que la gente no se da cuenta de que esos locales carecen de las más mínimas medidas de seguridad. No tienen extintores en perfecto estado o salidas de emergencias con puertas antipánico. Y a veces cuando las tienen las cierran o las tienen taponadas con cajas”, analiza el mando. “Si se produce un incendio o hay una avalancha de los jóvenes, lo más fácil es que el número de víctimas fuera muy alto. Por eso, es necesario acabar con estas situaciones de peligro”, añade.

La situación ha llegado a tal punto que en algunas fiestas el promotor ha encerrado y retenido a los jóvenes, sin que pudieran salir, al ser requerido por los policías. Ocurrió por ejemplo con 51 menores en una fiesta celebrada el 3 de abril en la calle de María Tubau (Fuencarral-El Pardo). El organizador utilizó la quinta planta de un edificio de oficinas y, al llegar los agentes, bloqueó los accesos y dejó encerrado a los asistentes. Los policías tuvieron que entrar por una ventana y los bomberos, tirar la puerta abajo.

El concejal de Seguridad de Madrid, Javier Barbero, ya dijo que habría “tolerancia cero” con estas fiestas: “La Policía Municipal tiene indicaciones de permanecer con una mirada mucho más intensiva”.