Las tres leyes de ruptura inician su andadura en el Parlament

Las tres leyes de ruptura que han de facilitar la pretendida “desconexión” de España por parte de los secesionistas iniciarán su andadura parlamentaria esta semana. Hoy se reunirá la comisión de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda para nombrar a los portavoces encargados de elaborar la proposición de ley de régimen jurídico catalán, la norma que fijará cómo se hará la supuesta transición legal en todos los ámbitos si se consuma la secesión.

Del mismo modo, el próximo día 31 se reunirá la comisión de Trabajo del Parlament con el mismo objetivo: designar a los ponentes que redactarán una proposición de ley integral de protección social catalana. Y la semana pasada ya fueron designados en la comisión de Economía los diputados que elaborarán la ley relativa a la Administración Tributaria.

La redacción de las tres leyes se hará en ponencia conjunta, un trámite que se emplea solo cuando todos los grupos parlamentarios o la gran mayoría están de acuerdo en la necesidad de una nueva norma. No es lo que sucede en este caso, solo Junts pel Sí y la CUP apoyan la redacción de estas leyes de ruptura, mientras el resto de grupos (Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí que es Pot y el PP) se oponen a la creación de la ponencia y ya han anunciado que no participarán en los trabajos

Además de eso, los servicios jurídicos de la cámara desautorizaron la ponencia conjunta, pero Junts pel Sí y la CUP hicieron caso omiso y escogieron ese método al amparo de un artículo del reglamento del Parlament que lo reserva para elaborar leyes que pretendan un desarrollo del Estatut. En este caso, sin embargo, lo que se quiere es acabar con la norma estatutaria y redactar una constitución catalana.

PSC, Ciudadanos y el PP anunciaron que acudirían al Constitucional al considerar que la creación de esas ponencias vulneran los derechos de sus diputados, pero solo los socialistas han materializado el recurso. La ponencia conjunta es, además, una artimaña legal que hace muy difícil un recurso del Gobierno del PP, al no existir ningún texto ni documento susceptible de impugnación ante el Constitucional, más allá de la designación de unos diputados. Sin embargo, en algún momento deberá aflorar un texto con la proposición de ley, que sí podría ser recurrido. Los independentistas prevén que ese momento coincida con el final de la legislatura, dentro de 16 meses.