La Generalitat desafía al TC y seguirá adelante con la resolución

La suspensión de la declaración de independencia por parte del Tribunal Constitucional no cambia los planes de la Generalitat. La vicepresidenta del Gobierno catalán, Neus Munté, ha aclarado que el Ejecutivo sigue considerando válido el texto, que en su contenido ya explicita la desobediencia al Constitucional: "La voluntad política es tirar adelante el mandato del Parlament y la resolución aprobada el lunes", ha remarcado la vicepresidenta, que ha incidido en que el texto se aprobó democráticamente, tras un debate parlamentario "en el que los grupos discutieron la propuesta, que finalmente se votó". Ese hecho, junto a los resultados del 27-S, da a la declaración que marca el inicio del proceso de independencia, según Munté, "toda legitimidad".

La vicepresidenta catalana ha evitado usar el término desobediencia, pero sí ha subrayado que el Gobierno de Mas debe su obediencia a un Parlamento catalán que tiene "la soberanía". Pese a que la resolución marca 21 cargos a los que considera responsables, Munté todavía no había recibido ninguna notificación. La vicepresidenta ha apuntado además que una vez conozcan los detalles de la suspensión del Constitucional, estudiarán los motivos a fondo para dar una respuesta jurídica al recurso.

Munté ha considerado que el recurso al Constitucional del Ejecutivo de Mariano Rajoy evidencia "una utilización de la justicia para poner una mordaza a los deseos de democracia y libertad de los ciudadanos de Cataluña". La vicepresidenta catalana también ha respondido a los argumentos de Rajoy para presentar el recurso: que lo hacía en defensa de la democracia y de los derechos de los españoles. "Me sorprenden. Hace mucho tiempo que echamos de menos un Estado que nos defienda. La democracia no está en juego en Cataluña", ha lamentado.

Aunque considere que la declaración independentista sigue vigente, el Gobierno catalán en funciones lo tendrá muy complicado para aplicar uno de los puntos principales de la resolución, la aprobación de tres leyes para iniciar el camino a la independencia. Hasta que no haya un nuevo Ejecutivo -la investidura de Artur Mas sigue en el aire- estas normas no pueden aprobarse por los cauces habituales.

La Asociación Catalana de Municipios, con mayoría de alcaldes independentistas, ha pedido a los Ayuntamientos de Cataluña que aprueben mociones de apoyo a la declaración secesionista.