Rueda defiende que los rellenos ilegales de Marín se mantengan

Cinco años han pasado desde que el Tribunal Supremo mandó retirar 30 hectáreas de rellenos del puerto de Marín en sentencia firme y seis meses desde que rechazó el último recurso ordinario en el procedimiento de ejecución de aquel fallo. Por mucho que el alto tribunal y el Superior de Galicia repitan en providencias y autos que las instrucciones son claras, acusen a la Administración de ir contra la lógica y amenacen con multas en párrafos con negritas y subrayados, la voluntad política es desobedecer. El último en manifestarlo fue el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de visita ayer en el puerto. “No nos podemos permitir que la actividad que aquí se desarrolla no pueda continuar”, alegó.

Las declaraciones, recogidas por Europa Press, van en la línea de lo manifestado en el Parlamento gallego en noviembre por PP, PSOE y BNG. Los tres rechazaron una propuesta de AGE que instaba a retirar el hormigón vertido en la ría a partir del año 2000. Aunque el Supremo dictaminó que el estudio de impacto no cubría la obra, que el plan especial del puerto se aprobó sin el documento previo obligatorio y echó abajo los sucesivos intentos de legalizar la pifia, la mayoría parlamentaria entiende que cumplir las órdenes de los jueces no compensa el perjuicio económico y social. La terminal de contenedores, el muelle de reparaciones, una empresa de congelados y otra que hace piezas para Citroën tienen sus instalaciones en la picota. La CIG también se opone a aceptar el fallo.

“Quien ignore la importancia de lo que aquí se está haciendo se estaría equivocando”, dijo Rueda, que confía en que el fallo se declare inejecutable, una petición que anticipaba la Abogacía del Estado en uno de sus últimos escritos.

La postura política trae de cabeza a la Plataforma Defensora da Praza dos Praceres, que desde esta parroquia lleva casi tres lustros haciendo frente a la maquinaria administrativa que ha destrozado su entorno. Su portavoz, Eladio Torres, pide irónicamente al responsable de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez Costa, que si no sabe cómo ejecutar la sentencia les pregunte a ellos. El Ministerio de Fomento, de quien depende el puerto y cuya titular, Ana Pastor, está casada con Suárez Costa, consignó en los presupuestos de 2015 7,5 millones para “ampliaciones” en el Puerto de Marín.