Alaya afirma que hubo un “agravio comparativo” en el reparto de los ERE

Empresas de la Sierra Norte de Sevilla acapararon más del 61% de las ayudas del fondo de los ERE, mientras que el resto de provincias andaluzas apenas vieron estas subvenciones. Es la conclusión a la que llega la juez del caso, Mercedes Alaya, que también ha puesto el foco de su instrucción en el reparto geográfico de las ayudas supuestamente fraudulentas.

En la exposición razonada que ha enviado al Tribunal Supremo para que decida por dónde debe continuar esta larga investigación, mantiene que la “gran discrecionalidad” en el reparto de las ayudas concedidas por la Junta provocó un “importante agravio comparativo” entre las provincias, propiciado por la supuesta relación del exconsejero de Empleo José Antonio Viera con empresarios de la Sierra Norte sevillana. La juez se apoya en un informe de la Junta en el que se detalla que, entre 2001 y 2009, Sevilla acaparó 184 ayudas frente a las 15 de Cádiz (la segunda en la lista).

La Sierra Norte acaparó el 60% de las ayudas a las empresas

Alaya señala que las empresas de la Sierra Norte recibieron 30,9 millones, frente a los 24,9 millones destinados para el resto de compañías andaluzas. Una de las primeras, la encabezada por los imputados José Enrique Rosendo y José María Sayago, llegó a recibir 16,9 millones. Según la Guardia Civil, esa comarca concentró el 61% de las subvenciones directas. Pero este agravio comparativo va más allá: también en el “procedimiento”.

Según la magistrada, las ayudas para empresas de la zona noroeste y sur de Jaén “requerían del cumplimiento de todos los trámites”, mientras que para las de la Sierra Norte “ni existía solicitud, ni documentación, ni valoración, ni propuesta, ni fiscalización”. Y todo ello, según Alaya, por la “relación personal” con estos empresarios tanto de Viera como del director general de Trabajo Javier Guerrero (señalado como el máximo responsable del fraude), natural y exalcalde de El Pedroso, uno de los municipios de esa comarca.

Alaya analiza las actuaciones encabezadas, durante una década, por los respectivos consejeros de Empleo, en particular, y por el Gobierno andaluz, en general, para crear y mantener un “procedimiento específico” que permitió la concesión de subvenciones a través de una “partida presupuestaria claramente inadecuada”. Alaya cifra en 855 millones el desvío de fondos, principalmente en la etapa de los exconsejeros José Antonio Viera (317,2 millones) y Antonio Fernández (385,2 millones).

Alaya señala en su exposición que con Viera, quien ocupó el cargo entre 2000 y 2004, “se inaugura un largo periodo de diez años” caracterizados por el reparto, “de forma absolutamente libérrima”, de fondos públicos en beneficio de terceros —“personas cercanas a los sindicatos, a la Junta o al PSOE andaluz”—. Entre los beneficiarios, la magistrada hace hincapié en el “elevadísimo” número de ayudas directas concedidas a empresas de la Sierra Norte.

Pero este agravio comparativo continuó, incluso, tras la llegada a Empleo del exconsejero Antonio Fernández (en el cargo entre 2004 y 2010). Según Alaya, y basándose en las declaraciones de Guerrero, Viera encomendó al nuevo equipo “completar el planning de las subvenciones” a diferentes empresas de la Sierra Norte. La juez califica la etapa de Fernández como de “absoluta continuidad”. Así, se continuó alimentando a empresas como la de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, que recibió algo más de nueve millones de euros, de los que 4,8 fueron concedidos en la etapa de Viera como consejero.

Tanto en la etapa de Viera como en la de Fernández, Alaya destaca el desvío de fondos que se produjo a través de las sobrecomisiones cobradas por las mediadoras —“que fijaban su comisión por encima de la media del mercado”—, que Alaya eleva a 66,1 millones. Según la juez, en la época de Viera el abono de estos pagos fue “significativamente fructífera”, al superar los 36 millones. La magistrada enumera hasta 16 pólizas, y resalta dos de la Asociación Faja Pirítica de Huelva, en las que las sobrecomisiones ascendieron a 10,5 y 5,09 millones, respectivamente. En la etapa de Fernández, la suma fue de 29,8 millones.

La juez atribuye el desequilibrio a las relaciones personales de los implicados

Como viene defendiendo desde un primer momento, Alaya mantiene en el documento enviado al Supremo que dividir la causa en un procedimiento para cada ayuda provocaría un “caos procesal”, sentencias contradictorias y una vulneración de la seguridad jurídica. Con esta argumentación, la juez solo abre dos posibles vías: que el Supremo asuma la causa al completo y no solo la parte de los aforados o que le devuelva el caso para que lo concluya ella misma. Eso sí, una vez finalizado, volvería a remitirlo al Supremo para que este investigue el papel de los políticos señalados con fuero.

Alaya mantiene en su escrito que la división del caso, “lejos de agilizar, elevará exponencialmente las dificultades de la tramitación de la causa, haciéndola imposible”. Para ello, se basa en que los presuntos delitos son continuados en el tiempo, pues a lo largo de diez años, “bajo la publicitada finalidad de la paz social, en función de una política discrecional de favores”, se enmascaraba “una realidad de proselitismo político continuado en el tiempo”.

La juez asegura que abrir una pieza para cada una de las 200 ayudas bajo sospecha sería “claramente perjudicial” para algunos responsables aforados, como los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a los que se podrían imponer “tantas penas como juicios se celebraran”.