El ‘número dos’ de Barberá contrató a Urdangarin por lo que simbolizaba

El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau (PP), se mostró a la defensiva ante al juez José Castro que le interrogó este sábado, durante una hora, como imputado por sus supuestas responsabilidades penales en el caso Urdangarin. Hasta 3,5 millones de fondos públicos de Administraciones valencianas se pagaron al Instituto Nóos que presidía Iñaki Urdangarin para realizar tres ediciones de los Valencia Summit y preparar unos no natos Juegos Europeos. En la causa se indaga una supuesta malversación de seis millones, con los más de 2,3 captados por Nóos del Gobierno de Baleares.

Alfonso Grau, que durante dos décadas ha sido la mano derecha de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia, aseguró que la presencia y capacidad de arrastre e influencia social del yerno del Rey en la presidencia del Instituto Nóos fue determinante para cerrar y abonar los convenios con Nóos, las tres ediciones de los eventos Summit de 2004 a 2006. El cuarto Summit que estaba previsto para 2007 ya no se celebró porque el esposo de la Infanta Cristina había dejado de ser presidente de Nóos. "¿Por qué no tuvo lugar?", preguntaron en el juzgado. "Porque ya no estaba Urdangarin, ya no era presidente de Noos", vino a decir Grau, según el relato de personas presentes en el juzgado.

Como presidente del patronato de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), que puso 1,9 millones en manos de Nóos, Alfonso Grau ya había declarado como testigo en Valencia. Fue encausado a petición de la acusación particular del grupo municipal socialista de Valencia, con el apoyo del fiscal Pedro Horrach.

El vicealcalde justificó la transparencia en la gestión de fondos entregados al Instituto Nóos, el precio tasado desde este organismo y la no necesidad de verificar el destino final de los fondos y los gastos por ser la FTCBV un ente privado y no un organismo de la administración pública, sujeto a los obligados controles y rendiciones de cuentas.

Nóos no tenía ánimo de lucro y la fundación valenciana tramitó un patrocinio, según la tesis defensiva. Este argumento se articula para esquivar la acusación por presunta malversación de caudales públicos y la ausencia de la justificación de las entregas de fondos. Además, Grau diluyó responsabilidades al resaltar que los convenios se decidieron “de forma colegiada” en el patronato de la fundación.

En la causa del caso se recogen informes que detallan que de los 3,5 millones cobrados por Nóos en Valencia el instituto de Urdangarin tan solo gastó 900.000 euros en los eventos. Está incorporado al sumario un documento que señala que el Tribunal de Cuentas y de la Intervención General de la Administración del Estado consideran que la fundación FCTVB es pública. El ministerio fiscal sostiene que es de “naturaleza abrumadoramente pública” y que se nutre de caudales públicos.

Alfonso Grau entró y salió del juzgado como imputado. El cargo público del PP se negó a contestar a la prensa acerca de su eventual dimisión. En la declaración explicó que recibió la propuesta de concertar con el Instituto Nóos de Luis Lobón, el exsecretario autonómico de Turismo y Eventos imputado que dimitió en 2012, quien se había reunido con el socio de Urdangarin, Diego Torres, en compañía de José Manuel Aguilar que era director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias CACSA.

El fiscal Pedro Horrach meditará si mantiene a Grau en su listado definitivo de imputados. La abogada Sandra Gómez, que representa al grupo socialista de la ciudad de Valencia aseguró que en el sumario existen muchos indicios y correos que niegan la versión evasiva de Grau. El PSPV mantendrá la acusación contra el vicealcalde.

El juez Castro imputó a Grau, al observar que en su actuación en la fundación respecto a Nóos “se orilló el interés general, se prescindieron de los obligados cauces administrativos de contratación, no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado”.

El instructor espera cerrar el caso Urdangarin en junio, en semanas, tras este interrogatorio y la fugaz comparecencia de un empresario, Juan José López Ribes, que recibió una transferencia 'fantasma' de 12 millones desde una cuenta de Telefónica a otra suya en Ucrania, una operación de 2007 en la que vio la sombra de Urdangarin.

Desde la cárcel, donde está preso por blanqueo, el testigo López Ribes declaró cinco minutos por vídeo conferencia y aseguró que aludió al yerno del Rey por una suposición. Telefónica documentó al juez que denunció una estafa en 2007 por esta falsa transferencia.

El sindicato Manos Limpias presentó, por otra parte, una nueva petición al juez Castro --en recurso-- para que ordene una prueba caligráfica sobre las firmas atribuidas a la infanta Cristina, en dos actas de juntas de Aizoon, la compañía privada de los duques de Palma. Esta acción retrasará dos semanas la finalización de la instrucción.